La transparencia y los secretos de la Legislatura

05 Dic 2018

Lo que cuidadosamente se tiene reservado y oculto; conocimiento que alguno posee exclusivamente de algo, son definiciones de la palabra secreto. Esta reserva de información es necesaria en algunos casos, como la obligación y el derecho a guardar silencio sobre lo que se conoce en el ejercicio de un cargo o profesión, sea un médico, un psicoanalista o un cura. En otras ocasiones, un secreto férreamente guardado genera todo tipo de suspicacias porque tampoco se dan a conocer las razones para que casi nadie conozca de qué se trata. Lo grave de esta situación es cuando los poderes del Estado se niegan a cumplir con las transparencias de los actos republicanos, como exige la Constitución Nacional. Uno de ellos es el Legislativo.

A fines de noviembre, en ocasión de comenzar a considerarse el proyecto de ley del Presupuesto General de la Provincia para 2019, una de las incógnitas era cuánto gastaría la Legislatura. Se estimaba que la cifra podía oscilar entre los $3.800 millones y $4.000 millones para incluir tal vez unos 4.000 empleados, contabilizando cargos permanentes y transitorios y designaciones políticas, que son la gran mayoría.

El titular de la comisión de Hacienda de la Cámara dijo que no se había pedido hasta el momento una cifra precisa. “Es un presupuesto que va incluido (en el temario de la sesión), pero va aparte. Lo están analizando los técnicos, y va con el mismo monto (de incremento) que ha tenido la Provincia. Con una ventaja: en la Legislatura, después de que el presidente (Osvaldo Jaldo) sacó los gastos sociales, etcétera, prácticamente el 90% o más es para sueldos, y lo demás para gastos de funcionamiento de este cuerpo”, dijo el legislador afín al Gobierno.

El criticado sistema de “gastos sociales”, vigente desde los 90, fue derogado en agosto de 2016. El año anterior, esa partida para ayudas a personas había consumido cerca del 40% de los recursos anuales. Una investigación de LA GACETA reveló que ese dinero era entregado en efectivo, y viajaba en valijas desde una sucursal bancaria céntrica hasta el edificio de la Legislatura. En 2016, el vicegobernador Jaldo ordenó la bancarización de las cuentas del Poder Legislativo y eliminó los subsidios a personas físicas, pero se siguen entregando aportes a instituciones públicas, aunque tampoco existe un detalle oficializado sobre los beneficiarios y los montos que reciben.

Un legislador de la oposición le dijo a “Buen Día”, el noticiero de LA GACETA, que recurrirá a la Justicia para obtener un detalle sobre las partidas que administra esa Cámara. “Los legisladores gastamos $51 millones entre sueldos y aportes por año. Yo quiero saber dónde está la otra plata. Es un presupuesto que no se condice con la realidad económica. La clase política debe hacer un esfuerzo, es parte del mensaje que se debe dar”, afirmó el abogado.

Conocer cuánto gana un legislador, cuántos empleados tiene o un informe sobre la discriminación de los gastos es una misión imposible desde hace muchos años, como si estos secretos escondieran algo inconfesable. Se trata, por cierto, de uno de los tres poderes fundamentales del Estado y por ser públicos, debería ser un ejemplo de transparencia. A los legisladores se los elige para que hagan leyes, no para que hagan política con los dineros de la comunidad. Si los miembros de un poder del Estado no son los primeros en dar el ejemplo de transparencia, difícilmente se pueda combatir con eficacia la corrupción.

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