“Lo que pasó es grave; peor será lo que vendrá”

La saga de peleas entre el barrabrava Gustavo “Gordo” González y la “Patrona” Margarita Toro –jefa de un grupo familiar supuestamente narco- marca el nivel de violencia enseñoreado sobre vastas zonas tucumanas. De la ciudad y de interior. Zonas por las que no se puede circular sin riesgo y que están contaminando con peligro las áreas públicas de paso en las ciudades.

Pelea por el control

El debate es por el secuestro extorsivo de la “Patrona”, ocurrido el 24 de abril en Villa 9 de Julio, y con el que el mismo “Gordo” reconoció algún vínculo: dijo que los Toro le habían robado una moto de competición a uno de sus hijos y que unos amigos de “El Sifón” habían llevado a Toro hasta que devolvieran el vehículo. Ayer habría negado tener que ver con el secuestro ante el juez federal Daniel Bejas pero habría reiterado su relato. Esos amigos tan “serviciales” serían los Robles de “El Sifón”, donde el “Gordo” estuvo viviendo hasta hace muy poco, y del que se fue, según dijo, porque la droga había ganado el lugar. Dos hermanos Robles, “Pipa” y “Barza”, fueron detenidos entre las cinco personas capturadas el miércoles de la semana pasada en el megaoperativo de la federal, con 100 agentes que allanaron 17 viviendas de la capital, Las Talitas y El Cadillal, por el secuestro de la “Patrona”. Los motivos del secuestro pueden ser el robo de la moto o el pedido de rescate (se habrían pagado $ 500.000), pero también el comisario Carlos Soria –que redactó el informe del megaoperativo- menciona “una pelea de poder para tomar la dirección de la barra del club Atlético Tucumán, y los negocios ilegales que ello implica”. ¿Los Toro quieren manejar la barra brava -como sugirió el mismo “Gordo” en la entrevista del 16 de agosto en LA GACETA- o se trata de extender el negocio de la droga?

Violencia histórica

Como sea, se habla acá de dos lugares marcados históricamente por la violencia en la capital -Villa 9 de Julio y “El Sifón”- y de otros como Las Talitas, que ahora tienen zonas rojas. Y se habla de estas familias que ya acumulan un historial violento de décadas. El 12 de mayo, una producción del periodista Gustavo Rodríguez de LA GACETA dio cuenta por primera vez de un mapa de los llamados clanes en la provincia, a partir de un relevamiento de las investigaciones judiciales. Ese día se mencionó 23 clanes y semanas después de hablaría de 26 familias. ¿Clanes en el sentido de grupos predominantemente familiares, unidos por fuertes vínculos y con tendencia exclusivista, o en el sentido de organizaciones mafiosas, con códigos endogámicos de conducta? Lo segundo parece más adecuado. Cuando el ministro de Seguridad, Claudio Maley, respondió a la Legislatura sobre seguridad (a fines de agosto), atribuyó a LA GACETA la expresión “clanes” y dio su definición: “no se trata de otra cosa que de grupos familiares sin una organización superior, dedicados a infringir la ley de estupefacientes. Al hablar de clanes nos referimos a un nivel superior, similar a los denominados cárteles, que son estructuras perfectamente organizadas en logística. Actualmente se encuentran operando un total de 21 familias, las cuales constan de numerosos integrantes dedicados al rubro”. Clanes o familias, al menos son 21 y mapas con vínculos delictivos, como el publicado por LA GACETA ese 12 de mayo, están en varias oficinas policiales y judiciales. Para algunos son una denominación imaginativa y cinematográfica; para otros, una preocupación. Pero ahí están los mapas.

“Puro narcomenudeo”

Uno de esos llamados clanes es el Mansilla, en los barrios pegados El Molino/San Roque, junto al cementerio del Norte, en Villa 9 de Julio. El comisario de la Didrop (drogas), Jorge Nacusse, dijo que en esas cuatro manzanas hay 10 familias Mansilla. De los 9 detenidos en el operativo del lunes, donde –al cabo de un año de investigación- se secuestró un poco de droga (marihuana, cocaína y alita de mosca), balanzas de precisión y bastante dinero ($ 79.000 y U$S 3.500) se sacaron dos conclusiones: 1) se dedican a “puro narcomenudeo” 2) Llevan al menos 10 años en esta tarea y se distribuyen roles como una organización relativamente sincronizada.

No todos estos grupos se dedican a la droga, pero a todos los marca la violencia y con eso contaminan los barrios marginales. En el mismo San Roque (lugar inexpugnable y ciertamente insalubre para extraños y propios) hubo una explosión tremenda de violencia el 2 de octubre, con el crimen a balazos de Miguel Ortiz, en calle Wilde al 600. El autor, Agustín Toledo, pariente de los Mansilla, huyó. La reacción de los Ortiz fue descomunal: 40 impactos de balas a las casas de los Toledo y tres viviendas incendiadas.

Con el corazón en la boca

Testimonios similares se oyen como lamentos en otros lugares donde la violencia reina. En la escalada del 30 de octubre en barrio Echeverría (área de los “Araña”, los “Santos” y la “Banda de la Emilio Castelar”), donde hubo dos muertos, los vecinos hablaron de droga y delincuencia. “La noticia corrió rápido. Y las calles se llenaron de ‘soldaditos’… Hace semanas que vivimos con el corazón en la boca. Todos lo sabían, menos los policías. Como siempre, nos dejaron abandonados”, dijo la vecina María Laura de Heredia. “Los habitantes de este barrio estamos entregados a estos clanes. Ellos venden droga y muerte”, añadió Fernando Castro.

Reacios a encuadrar el problema en clanes y droga, los funcionarios son poco precisos sobre el problema: “son familias enfrentadas hace tiempo”, dijo entonces el secretario de Seguridad Luis Ibáñez. La escalada del barrio Echeverría generó casi una toma violenta del ultracustodiado CAPS San Rafael, ubicado en medio de los conflictos. El médico Luis Zóttoli dio la descripción precisa: “aquí no estamos al rojo vivo, esto ya se convirtió en una zona incendiada”. Y la vecina Johana Alonso: “Hay un enfrentamiento por la droga. Se pelean entre ellos. Hasta se roban las zapatillas”.

¿Cómo se extiende esa zona? Una noción la dan las tragedias. A raíz del crimen de Priscilla Paz en julio, a manos de una banda dominada por un transa del barrio ampliación Elena White (del sur de la capital), emergió el lado oculto de San Pablo (donde vivía Priscilla). En ese pueblo considerado tranquilo, donde crecieron barrios y countries en los últimos 20 años, desde hace 10 circulan los transas y los motoarrebatadores que llegan desde El Manantial, según relatan los vecinos.

No se trata sólo de zonas rojas o alejadas del centro. La violencia delictiva se extiende hacia otros lugares. El paso de la capital hacia el megabarrio Lomas de Tafí está acechado por los asaltantes. El 24 de noviembre falleció José Adrián Cuevas, técnico de CCC que había sido baleado el 25 de agosto en Viamonte y Francisco de Aguirre, camino al megabarrio. Le robaron el celular y lo mataron

Baño de sangre

La salida está lejana. El 4 de octubre hubo un juicio abreviado en el que se pidió dictar 11 años de prisión a Diego Farías por el crimen del “Monito” Reyna, de 2016. Se trata de dos familias enfrentadas de “La Bombilla” y “Manantial Sur”. En venganza por la muerte del “Monito”, el hermano de este, llamado ”Gordo”, ya mató a dos hermanos y a un primo de Farías. El abogado de este, Gerardo Banegas, dijo que se trataba de acordar “para que se termine el baño de sangre en los barrios”.

Pero el baño continúa. El 1 de octubre el mismo secretario Ibáñez dijo que se secuestran 35 armas por mes, “una exorbitancia” (el Gobierno tiene incautadas 3.500 armas entre 2008 y 2018). “La sociedad está mucho más violenta”, describió. La fiscala Adriana Giannoni definió la situación como alarmante y descontrolada. Según ella, que investiga homicidios, el nivel de asesinatos (ya ocurrieron unos 110 este año) ronda la tasa de 9 cada 100.000 habitantes, cifra cercana al 12 cada 100.000 de Rosario, que es considerada cifra endémica. Carlos Castillo, vecino del barrio San Roque, tras el crimen de Miguel Ortiz el 2 de octubre, dio una definición tremenda: “lo que pasó es grave pero será mucho peor lo que vendrá. Esta es la vida que llevamos los que vivimos en barrios como este”.