14 Octubre 2018
Servicios adicionales
El periodista Roberto Delgado, en su “Panorama Tucumano” de hoy, con marcado acierto reseña una cuestión urticante: los servicios adicionales de la Policía. Aportaré un dato que permitirá conocer por qué urge la necesidad de reglamentar esta actividad y evitar que se convierta en un gran negociado de pocos. Esta problemática es por mí conocida por mi condición de comisario general (retirado). Esta anormalidad administrativa (por así llamarla) se remonta a sus orígenes: no nace con la gestión de las autoridades actuales. La Policía de Tucumán es la depositaria de la seguridad pública. Por ello, la Jefatura de Policía cuenta con una plana mayor y jefaturas regionales, más los lineamientos del Gobierno para trazar su política institucional o los pilares que sustentaran su gestión. Esta situación es aprovechada por quienes trabajando desde un puesto de privilegio, montan su propia empresa de seguridad privada, valiéndose de los recursos humanos y materiales que la sociedad pone a su alcance. De la Jefatura de Policía van y vienen unos y otros, pero el mal queda enquistado. En el informe periodístico se habla de la existencia de una propuesta para que haya oficiales superiores que organicen y distribuyan los servicios adicionales y cobren entre un 20% y 25% por esa tarea. El ministro de Gobierno, Regino Amado, dice que para la Institución queda entre un 3% y 5%. Opino que al ministro le pasaron mal la información. Doy un ejemplo: en una empresa petrolera de Banda del Río Salí, el responsable del servicio policial cobra la hora hombre a $ 127,70, más un 25% por hora de supervisión, lo cual le reporta unos $ 160 por hora hombre. Allí surge la imperiosa necesidad de demostrar fehacientemente a la sociedad, mediante una reglamentación clara y precisa, que el guardia percibió el arancel cobrado, por una tarea que prestó estando de franco de sus servicios públicos. Se debe dotar de personal y recursos tecnológicos a la oficina de contralor de dichos servicios y que a su vez, por cada factura entregue un recibo de percepción de haberes al subalterno que lo realizó, más un certificado de su aporte. De igual modo, para el jefe que lo controla debe extenderle un certificado de aporte y de contribuciones. Ni la rebelión policial ni los saqueos alteraron la normal prestación del servicio policial privado. Por el contrario, lo beneficiaron por el incremento de personal. No se trata de meter la mano en el bolsillo de nadie, sino de mejorar la explotación de una fuente de ingresos genuinos.
Luis Amado Díaz
Pasaje Oncativo 1260, San Miguel de Tucumán
Derecho a la vida y ESI
Antes de todo, no debemos olvidar, cuando se invocan los derechos humanos, que estos preexisten al Estado. Son inherentes a toda persona y, por lo tanto, el Estado no es otorgante ni mucho menos puede hacer abuso de ellos. Al Estado le corresponde garantizarlos conforme las normas obrantes en los tratados internacionales. No se puede desconocer lo consagrado en el Pacto de San José de Costa Rica y en la Convención sobre los Derechos del Niño respecto de que “el Derecho a la Vida es desde la concepción hasta la muerte natural”. Al respecto advierto que la Ley 26.150, de 2006 (Programa Nacional de Educación Sexual Integral -ESI-), pretende ser reformada para que sea de enseñanza obligatoria y, con ello, también “la ideología de género”. No se puede estar de acuerdo con la una ideología de género, un adoctrinamiento que parte del Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Educación de la Nación. Esto avasalla nuestro sistema federal (artículo 1° de la Constitución Nacional. Además, se conculca “el derecho preferente de los padres”, a quienes les asiste “el derecho de escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”, lo cual está amparado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos -artículo 26 inciso 3. O sea que la pretendida reforma, al ser incompatible con dicho tratado internacional de derechos humanos, es a toda luces inconstitucional. En conclusión: “los Padres tienen la prioridad (el derecho preferente), sobre todas las demás personas e instituciones, incluido el Estado, a elegir el género de educación que se ha de dar a sus hijos.
Miguel A. González Fidani
Santiago 1.787, San Miguel de Tucumán
Presupuesto 2019
El debate sobre el presupuesto 2019, como consecuencia del derrumbe político y económico nacional, es una expresión sobre las distintas salidas políticas que se están anticipando. Desde la finalización del mandato, el adelantamiento de elecciones y la convocatoria a una asamblea constituyente soberana. “El gobernador, Juan Manzur, se sumó hoy a la lista de mandatarios provinciales que expresaron su apoyo al consenso fiscal con la Nación, lo que representa un respaldo tácito al proyecto de presupuesto 2019, que se apresta a debatir el Congreso de la Nación” (La Gaceta). Es consciente de que va a afectar a provincias, a jubilados, a la Anses y a la obra pública. Algunos ejemplos. Reforma, en el sistema previsional, sobre los “regímenes especiales” (como el docente) y una reducción en las pensiones no contributivas. Se prolongará la edad para jubilarse, que agravará la desocupación. Los gobernadores obtuvieron a cambio algunas minucias. La prórroga por un año en la baja de ingresos brutos y otros impuestos provinciales. El presupuesto, que se firmará con los distintos bloques del peronismo, es una garantía ante un eventual recambio político en el 2019. Establece un dólar a $ 40, cuando el “dólar futuro”, para diciembre próximo, cotiza a $ 44. Una inflación del 23% frente a la real del 45%. Los rubros del gasto social -educación, salud, vivienda, salarios- están muy por debajo de esas cifras. ¿Por qué garantía? Un rubro denominado “gastos tributarios” alcanza los $ 425.000 millones ¿Subsidios al capital? El que corresponde a deuda y servicios asciende a $ 746.000 millones, siendo el de mayor gasto después de jubilaciones. La deuda argentina, mientras tanto, alcanzó a fines de junio un total de U$S 261.483 millones, luego de un incremento entre enero y junio, según datos del Indec, de U$S 26.934 millones. Se suma la deuda la deuda externa pública contraída en moneda nacional, tanto con acreedores públicos como privados, llevando el endeudamiento público a los U$S 350.000 millones alcanzando al 87% del PBI. Un presupuesto ajustado a la medida una deuda impagable -en su mayor parte de la refinanciación de intereses- donde el ítem que más crece es el de pago de los gastos financieros (intereses de deuda). Habilita, además, a una “eventual” reestructuración (default ordenado) de la deuda “en condiciones de mercado”. El gobierno podrá reestructurar la deuda sin autorización del Congreso “mediante su consolidación, conversión o renegociación, atendiendo a las condiciones imperantes del mercado financiero”. Buena parte de la deuda actual no es con los acreedores sino con la Anses, “apestada” de títulos de deuda pública del gobierno kirchenerista, donde éstos se desvalorizaron afectando al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. Podría ir a la quiebra si se le suma la rebaja progresiva de los aportes patronales. El presupuesto es un agravio para trabajadores y jubilados.
Pedro Verasaluse
San Pablo
San Pablo padece problemas nunca resueltos. Nunca se resolvió el reemplazo de una fuente de trabajo tras el cierre del ingenio. Solamente hay trabajos precarios en la construcción, en las cosechas, en el empleo doméstico o en labores de jardinería en casas de Yerba Buena, o por cuatro años en la comuna de la mano del delegado de turno. Nunca se resolvió la posesión legal de las tierras dónde viven nuestros vecinos. El 80%, o más, de los habitantes no es dueño de sus tierras, a pesar de una vieja acta acuerdo firmada por el gobernador Ramón Ortega (1991-1995), en la cual el Estado se comprometía a escriturar los inmuebles. Nunca hubo resolución para los problemas de salud pública de nuestro pueblo. Más allá de contar con un hospital, su ambulancia y profesionales, seguimos con una atención precaria y deficiente. Esto nos lleva a seguir siendo un pueblo pobre, abandonado y olvidado por el Estado. Pasaron muchos gobiernos, pero estas necesidades nunca fueron resueltas. Sólo se aplicaron parches a los problemas que seguimos sufriendo sus habitantes: desocupación, pobreza, hambre, desalojos, inseguridad y muertes. ¿Hasta cuándo San Pablo será un pueblo sumiso? ¿Cuándo se levantará y reclamará por sus derechos? Esperemos que sea pronto.
José Mauricio Suárez
Barrio San Jorge - Mza. “H”, Casa 16, San Pablo
Padres e hijos
En la actualidad, la desatención de la mayoría de los padres jóvenes hacia sus hijos, es, en muchos casos, multifocal. Es decir, se da tanto en el ámbito familiar como en cualquier otro lugar. Una muestra de esto es lo que me tocó vivir hace unos días en compañía de un amigo, al que acompañé a visitar a un cliente en su casa. En tanto ellos hablaban, el hijo del dueño de casa (un niño de unos cuatro años) jugaba solito en el piso y en un momento dado, dijo: “Papá, papá”, llamándole la atención a su padre. El hombre no le respondió. El niño siguió jugando. Yo estaba sentado en un sofá, apartado de ellos, y desde allí observaba lo que estaba pasando. El niño, insistió: “Papá, papá, papá”. El hombre seguía concentrado en la conversación con mi amigo. El pibe gritó: “Papá” e hizo un gesto de malestar, cosa de la que el padre ni se enteró. De pronto, el niño tiró fuertemente un juguete contra el piso, a la vez que le gritó a su padre: “Mono”. ¡Deberían haber visto la rapidez con la que respondió el hombre! “¡Ya va hijo!”, le contestó. “¿No ves que estoy ocupado?”. Luego me enteré que lo de “Mono” era un desagradable apodo que el hombre tenía de entrecasa. Pero a lo que quiero llegar es que el pequeño tuvo que recurrir al insulto para que su padre le respondiera en tres palabras, las que eran suficientes para satisfacer su atención. Lo grave de esto no es lo que relato, sino el hecho de que mayormente la desatención a los niños sigue en crecimiento con el paso del tiempo.
Daniel Chavez
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