10 Octubre 2018
- TARIFAS POLÉMICAS (I)
No es necesario ser ni abogado, ni economista. Un chico de los últimos grados de la escuela primaria, si fuese preguntado sobre qué pasaría si se pagara la factura de gas por el monto en ella detallado, diría: “nada, no pasaría nada. Está pagada y chau”. Claro, en todos los códigos se establece que el pago extingue la obligación. La Resolución 20/18, publicada en el Boletín Oficial de la Secretaría de Energía, obliga a los usuarios de gas natural domiciliario a pagar con su factura de consumo un adicional durante 24 meses para “compensar a las empresas por la devaluación del peso”, en un período determinado de 2018. ¿Y el pago cancelatorio que hicimos de las facturas? ¿Y la leyenda en esas facturas que dice: “No existen deudas pendientes”? Es a todas luces anticonstitucional, lesivo al derecho protegido de los ciudadanos ligados a la prestación de servicios públicos en la “Ley de defensa del Consumidor”. Con similar criterio avasallante del Gobierno, podríamos pedir que nos paguen la diferencia que perdimos del valor adquisitivo de nuestros dineros, sea que proviniesen de sueldos, jubilaciones, pensiones u otros ingresos pesificados (no dolarizados), por la devaluación generada por el propio sistema económico que rige en el país. Es urgente que se derogue tan absurda disposición, el hazmerreír (o el “hazmellorar”) de cualquiera, en cualquier lugar de la Tierra. Los autores deberían renunciar. Por su torpeza, por su insensibilidad, por su ignorancia para gobernar.
Carlos Duguech
- TARIFAS POLÉMICAS (II)
Agradezco al señor Javier Iguacel (secretario de Energía de la Nación) la oportunidad de hacerme accionista de mi compañía de gas: imagino que si me pide que me haga responsable por los riesgos que tomaron mal en el pasado, también me darán el beneficio de participar en las ganancias del futuro. O, repasando “Business 1”, para estos señores supermillonarios que componen el gobierno y que aparentemente no tienen la más mínima idea de qué significa ser empresario en serio, les recuerdo que toda inversión implica un riesgo: los comerciantes y PyME que han debido cerrar por las malas políticas de este gobierno lo saben. Ahora bien, si “alguien” prometió a las compañías de energía que cobrarían por las pérdidas de la devaluación, es precisamente ese “alguien” quien debe resarcirlas, para eso le prestaron dineros millonarios que todos los argentinos deberemos repagar. Pero recordémosle también a ese “alguien” (quienquiera que este sea), que tales promesas están penadas por la ley, y así como hoy van presos los atorrantes de ayer, mañana irán presos los atorrantes de hoy. Porque convengamos que, en este país, todos los políticos, los que lo son y los que lo fueron antes, tienen de atorrantes “para toda la vida el corazón”.
Leonardo Peusner
- TARIFAS POLÉMICAS (III)
El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció penalmente, por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, al secretario de Energía de la Nación, Javier Iguacel, a raíz del Decreto 20/2018, en el que carga sobre las tarifas de gas unos $ 10.000 millones, para compensar la devaluación del peso en el pago a las empresas distribuidoras. La denuncia advierte que se provoca un perjuicio en el patrimonio de los consumidores y solicita una medida cautelar para frenar la resolución, que deberá ser analizada por la jueza María Servini de Cubría. Con el aval del ministro Iguacel debería comenzar a pagarse, en 24 cuotas desde enero próximo, la compensación acordada por las empresas productoras con las distribuidoras, donde la resolución “trata de compensar a las empresas”. El fiscal Marijuan señaló que la denuncia, enmarcada en el artículo 248 del Código Penal, podrá ser materia de discusión; además, defendió la imputación al insistir con que el abuso de autoridad y la violación de deberes de funcionario público son figuras para perseguir “resoluciones contrarias a la ley, y el pago de las tarifas es un hecho jurídico establecido por el Código Civil”. La Resolución 20/18, firmada por el ministro de Energía, descarga en los consumidores el pago de la diferencia producida por la suba del dólar en el contrato firmado por las productoras y las distribuidoras. Esa diferencia, según acordaron las empresas, será actualizada al 31 de diciembre de 2018, a la tasa activa del Banco Nación, y trasladada a los clientes, proporcionalmente, tomando en cuenta los volúmenes que consumieron entre abril y septiembre de 2018. La suba del dólar en el período contemplado por la Resolución de Energía fue de alrededor del 100%, mientras que el costo de la producción impacta en un 50% en el total de la tarifa, lo que dimensiona el impacto que tendrá para los consumidores. Una violación de derecho de un ciudadano, o de varios, por una mala gestión de gobierno, cuando por error toman decisiones equivocadas, queda en evidencia que son errores de funcionarios ineptos, en las sociedades y democracias consolidadas. El Derecho y las disputas judiciales son disputas políticas. Las tarifas son un hecho jurídico establecido por el Código Civil y no una medida arbitraria del Poder Ejecutivo.
Julio Argentino Gómez
- RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
El jueves 4 se publicó en esta sección una carta del ingeniero Francisco García, referida a la problemática del agua y el tratamiento de la basura en la comuna de El Mollar. En ella emite su autorizada opinión habiendo sido partícipe, desde su cargo público, de la provisión de agua potable a dicha localidad. Además, con respecto a la gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU), menciona también su participación en un proyecto en nuestra ciudad de Monteros, en el año 2001. Como integrante de la ONG ambientalista Pacto Verde, fuimos en ese momento a requerir los servicios del ingeniero García, para que bajo su dirección nuestra ONG realizara un estudio de los RSU en la ciudad, que serviría de base para la construcción de una planta de tratamiento. El estudio fue realizado y entregado al entonces intendente Carlos Arquez. Próximo a terminar su mandato, él entregó dicho estudio al intendente Alberto Olea, quien debía encargarse de gestionar ante el Banco Mundial la construcción de la planta, sin cargo para la provincia. Esto nunca se concretó durante los tres períodos de conducción de Olea, aún considerando la obra pública en la “década ganada”. Hubiera sido la primera ciudad de Tucumán en ocuparse de la problemática (y resolverla), produciendo, quizás, un efecto dominó en las demás ciudades. Habiendo transcurrido casi 20 años, con varias localidades que ya cuentan con su planta (como Rosario de la Frontera y Metán), solamente cabe la reflexión (dolorosa e indignante) de resaltar la poquísima idoneidad y nula visión progresista que tienen nuestros dirigentes políticos (salvo pocas excepciones), los cuales ni se molestan en considerar ningún proyecto que no sea de su exclusiva propiedad intelectual. El tiempo perdido ya es irrecuperable, pero no perderemos las esperanzas de que la ciudadanía deje de votar, una y otra vez, dirigentes cuya visión política termina en la punta de su nariz (salvo que se trate de su permanencia indefinida en la función pública).
Ricardo A. Rearte
Congreso 395 - Monteros
- ANSES
Anses y esa costumbre que no cambia de mentir y tener expedientes años para un reajuste; es increíble que un veredicto dure hasta 10 años, para que un jubilado goce de un beneficio que le corresponde por ley; si fuera un politico no demoraría mucho, sería casi instantáneo. Pese a la cantidad de abogados que hay en esa repartición, no son expeditivos; ellos se toman el tiempo como dueños de un derecho que no les corresponde. Esas atribuciones que perjudican son parte del cambio del Presidente de los argentinos: paga la deuda histórica y perjudica a otros.
Carlos Rubén Ávila
Las cartas para esta sección deben tener un máximo de 200 palabras, en caso contrario serán sintetizadas. Deberán ser entregadas en Mendoza 654 o en cualquiera de nuestras corresponsalías haciendo constar nombre y domicilio del remitente. El portador deberá concurrir con su documento de identidad. También podrán ser enviadas por e-mail a: [email protected], consignando domicilio real y N° de teléfono y de documento de identidad. LA GACETA se reserva el derecho de publicación.
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