01 Octubre 2018
La crisis actual
Tenemos un dólar alto a $ 40. Los exportadores, si no son retenidos con algún porcentaje por el Gobierno Nacional, tendrán la oportunidad de depositarlos en el país y seguir mejorando sus campos y otras producciones agropecuarias para hacerlas crecer. El trabajo de toda esta actividad se incrementa en las colaterales. Hay que terminar con la venta de papeles especulativos y colocarlos a un interés más bajo, al 16% anual; pagar con pesos emitidos las Letras no renovables, aunque sean en dólares, al precio de hoy de esta moneda. A grandes males, grandes remedios; no violamos nada legal. Tendrán que invertir los pesos, porque el dólar estará al mismo precio. Permitir el control de importaciones sólo para industrias que necesiten partes no fabricadas en el país. Basta de traer vehículos de lujo; hay que cerrar estas importaciones por cinco años. Facilitar a las fábricas argentinas el capital en préstamos, al interés arriba mencionado, para poner en marcha; esto se debería hacer por cinco años, para la industria, y hacerlo con el Banco Industrial y el Banco Nación. Dar préstamos para viviendas a 30 años, a cuota fija, con el Banco Hipotecario, con el dinero de la Anses. Hacer los planes para las rutas, ferrocarriles, escuelas, comisarías, cárceles y otras obras que faltan. No hay excusas porque tenemos ingenieros, empleados públicos y legisladores que deben trabajar para esto. La opción es seguir con esta desaforada depresión y endeudamiento. Algo hay que hacer, no lo mismo que se hace ahora, sino dictar un decreto que obligue a unirse en una sola CGT a todos los sindicatos, en un plazo no mayor de 60 días. Si no lo hacen perderán la personería gremial. Congelar los sueldos de los políticos en todos los niveles. Eliminar cualquier otro valor adicional, tanto en la Nación como en las provincias. ¿Cómo? Mediante un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) dictado por el Presidente. Corolario: El campo ya planea sembrar más. El 16% de interés es real, porque permite el ahorro y el crecimiento. Terminar con las Letras o Lebac, o esperar 100 años. Hacer planes y dejar de enriquecer a los políticos. ¿O alguien tiene otra solución?
Carmelo J. Felice
Malos olores en El Mollar
Excelente la nota de opinión de LA GACETA respecto a los malos olores que ocasiona la planta de tratamiento de residuos en la entrada de El Mollar. En el año 2003, un grupo de ambientalistas de Tucumán estuvimos reunidos con vecinos y veraneantes, donde nos manifestaron su preocupación e incertidumbre ante el proyecto que impulsaba la comuna en dicho lugar, que tenía por objeto levantar una planta de tratamiento de residuos en las cercanías de la villa veraniega, al parecer sin autorización de la Secretaría de Medio Ambiente. Lo vertido nos puso en una gran alerta, en primer lugar, atento a que nuestra ONG se encuentra dedicada, con un gran compromiso, al cuidado y a la protección del medio ambiente. En segundo lugar, nos hizo realizar las presentaciones necesarias en la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, a los fines de poder evaluar si la comuna se encuentra dando cumplimento con los EIA (Estudios de Impacto Ambiental) necesarios para un proyecto de tal envergadura. En tercer lugar, no podemos dejar de destacar que el Valle de Tafí es un valle ambientalmente comprometido y sensible a las actividades humanas. De allí que la Ley provincial 7.801, en el marco de la Ley 6.292, lo ha declarado “área natural protegida” bajo la denominación Valles Calchaquíes Tucumanos, por lo que el impacto es de un gran compromiso ambiental y no puede desconocerse. La comunidad debió tener participación, pero la comuna se manejó en forma arbitraria e inconsulta a espaldas de los vecinos. La pregunta es: ¿existen permisos expedidos por la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia? De no ser así, es decir, si el estudio de impacto ambiental no existe, no se entiende el manejo “a gusto y piacere” de las autoridades comunales, que tal vez en el afán de ayudar al ciudado del medio ambiente les estaría provocando un daño irreparable al Valle, a los vecinos y a los veraneantes. Robo esta frase de la nota de LA GACETA: “da la impresión de que nuestros dirigentes son cortos de vista o no conocen El Mollar, porque ya habrían descubierto un potencial turístico invaluable. Así las cosas, mientras uno progresa, el otro atrasa”.
Pedro Martínez, Conciencia Ambiental Tucumán.
Corte y movilidad jubilatoria
La Corte Suprema de Justicia ha desempolvado un expediente después de casi una década, por ser una causa colectiva en materia previsional. Se trata de un amparo interpuesto, en 2009, por el Defensor del Pueblo de la Nación por el cálculo de la movilidad jubilatoria del período 2002 a 2006 (se conoce como “Badaro 2”), para una gran cantidad de jubilados que nunca había sido resuelto. El amparo D.45/2009 “Defensor del Pueblo de la Nación contra Estado Nacional Amparos y Sumarísimos”, se trata de un reclamo por el ajuste de la movilidad jubilatoria por el período comprendido entre 2002 y 2006. El expediente había sido avalado en primera instancia un año antes, y luego pasó por la Cámara Federal de la Seguridad Social. Inicialmente, la demanda proactiva del Defensor para alcanzar a todo el colectivo de jubilados, a raíz de un fallo de la Corte que le había dado la razón a un caso particular en su reclamo de reajuste, conocido como “Badaro”. Exigía que se condene al Poder Ejecutivo “a adoptar las medidas adecuadas para disponer un ajuste por movilidad, en beneficio del colectivo de jubilados y pensionados que perciben un haber que, con posterioridad al mes de enero de 2002, no hubiera tenido un ajuste equivalente al aumento del índice de salarios nivel general elaborado por el Indec”. La Corte cruzó pedidos de informes con la Anses, a partir de 2011, para que detalle el universo de personas afectadas por un eventual fallo; quiénes habían iniciado reclamo administrativo por cálculo de haber inicial y movilidad; quiénes habían iniciado juicio; cómo se pagaban las sentencias, y cuántos reclamos quedaban todavía sin resolver, entre otros detalles técnicos, para evaluar la sustentabilidad de todo el régimen previsional. Desde 2014, pasó por la oficina del juez Lorenzetti, y recién al año siguiente alcanzó la de Juan Carlos Maqueda. A fines de 2015, llegó a la doctora Elena Highton de Nolasco, y un mes más tarde a la de Carlos Fayt (previo a su renuncia), para regresar a fines de ese año a la de Lorenzetti. Varios de los “supremos” (los nombrados integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación) se expidieron sobre la cuestión en sus votos, o adhiriendo a los proyectos de sentencia de la Secretaría Previsional, pero la cuestión nunca fue llevada al pleno. En 2018, el caso registró sus últimos movimientos, a mitad de año, en la vocalía de Horacio Rosatti, y desde julio, se encuentra en el despacho de Rosenkrantz. En ese contexto de transición, el Máximo Tribunal se apresta a resucitar un viejo expediente, que quedó pendiente durante casi una década y que conlleva un alto impacto económico y social, por tratarse de una causa colectiva en materia previsional. La Corte debe definir, primero, si considera legitimado el reclamo y si puede ser encauzado en una acción de clase, o deberían canalizarse a través de juicios individuales dado los montos implicados en cada reclamo. Su resolución no es sencilla: la discusión jurídica es si se valida la representación del Defensor (hoy puesto vacante) sobre los derechos colectivos, o si esto obstaculiza juicios individuales debido a la disparidad de situaciones entre los afectados. En su oportunidad, la Anses presentó un escrito para que se declare inconstitucional la Ley 27.426, que modificó la fórmula de movilidad previsional, realizada por un ex directivo de Anses, Miguel Ángel Fernández Pastor. Ante esto, la titular del Juzgado de la Seguridad Social Nº 8, la jueza Adriana Cammarata, tomó la decisión de rechazar el amparo argumentando que el cambio de la fórmula previsional no representa una “violación alguna al derecho de propiedad del actor”. A fin de ir despejando los expedientes más antiguos, la Corte debe resolver el amparo N° 45-2009 de Movilidad Jubilatoria, antes de abocarse a los diferentes índices de ajuste de la última reforma previsional encarada y aprobada por el Congreso de la Nación.
Julio Argentino Gómez
Biblioteca Alberdi
Pasar por la vereda de la Biblioteca Alberdi y ver que está clausurada por la Dirección de Defensa Civil Municipal por no cumplir la Ordenanza N° 251/74, me provocó cierta indignación. Atento a ello, es que me puse a recabar información con los directovos de dicha Biblioteca. Ahí pude conocer que a causa de la clausura es por no contar con un sistema estable contra incendio, según determina la ordenanda mencionada. Pude constatar la existencia de por lo menos 10 matafuegos, luces de emergencia, carteles señaladores, etcétera, pero según me indicaron que eso no es suficiente para ser habilitada. Sin lugar a dudas, la prevención y cumplir con una ordenanza es lo correcto. Dicho esto, me invadieron un sinnúmero de interrogantes que sería bueno que alguien los responda: 1) En nuestra provincia, ¿las bibliotecas, archivos, museos, salas de usos múltiples, teatros, escuelas, colegios, facultades, y por qué no mencionar los edificios de la Administración Estatal, incluídas las dependencias de Defensa Civil Municipal, todas cuentan con ese sistema estable contra incendios? De no ser así, los idóneos funcionarios de Defensa Civil deberían explicar por qué sí, algunos, y porqué no, otros; 2) Siendo la Bibloteca Alberdi un ícono de la cultura de Tucumán, donde cientos de tucumanos concurren a su teatros, charlas, conferencias, talleres de distintas disciplinas, etcétera, una institución de más de 100 años y en ese tiempo venía funcionando y cumpliendo su rol cultural. Pregunto: ¿la solución es la clausura? Porque si es así, clausuremos la Provincia y entreguemos la llave. Espero que los funcionarios, consejales, legisladotes, etcétera, estén a la altura de las circunstancias y brinden una respuesta clara y contundente. Seguramente muchos tucumanos estaremos atentos.
Rubén Ángel González
9 de Julio 162, San Miguel de Tucumán.
Nuestra moneda
Al paso que vamos, con Martínez de Hoz revivido, nuestro devaluado billete de $ 100 podrá volver a ser como la moneda de 1978, “custodiada” entonces por las Fuerzas Armadas. Nuestra moneda, el “Peso Moneda Nacional” sufrió tantas magulladuras, cercenamientos, hachazos, descuartizamientos y tantas otras calamidades por parte de quienes tenían obligaciones de respetarlo, de cuidarlo, de protegerlo contra toda desventura, que lastima el sentido de Nación, de Nación soberana y segura de serlo, tanto para los de adentro como para el mundo que funciona y actúa allende nuestras fronteras. La foto de la moneda de $ 100,00 muestra el año de acuñación: 1978. Mucho fuimos sabiendo de lo que ocurrió con nuestra economía (además del “terrorismo de Estado”). A continuación un segmento de lo que publica Wikipedia sobre Martínez de Hoz: Crisis financiera de 1980 y renuncia de Martínez de Hoz. En 1978, el plan del ministro Martínez de Hoz dio indicios de ser un fracaso total: la inflación anual llegó al 160%, y el PBI descendió durante ese año cerca de un 3,2 %. En 1979, la tasa de inflación llegó a 139,7%, con una economía estancada. Además, se generó una fuga del 25% de los depósitos bancarios, los cuatro bancos más importantes del sistema fueron liquidados. Durante su gestión, la deuda externa creció de U$S 7.000 millones, a más de U$S 40.000 millones, es decir, que en siete años se multiplicó casi seis veces. Durante 1980, las exportaciones cayeron un 20% respecto del año anterior, las importaciones subieron un 30%. Cualquier coincidencia con la realidad actual no es casualidad; Martínez de Hoz, y su política, revividos. Con otros nombres, con el mismo interés sectorial. El de siempre.
Carlos Duguech
Verdad irrefutable
Después de las revelaciones de la corrupción “K”, hay sólo una verdad irrefutable: “Los fueros no deberían existir para nadie”. Todos somos iguales ante la ley. Cualquier persona sea o no funcionario que diga que no se lo puede investigar, es porque algo tiene que ocultar. Ningún ciudadano, cualquiera sea su cargo, político o no, debería ampararse en los fueros para no ser investigado. Nadie, salvo demencia o incapacidad mental científicamente comprobada, debería ser exceptuado de ser requerido por la ley. Quisiera aclarar que no me anima ninguna intencionalidad personal ni partidaria, ni deseo polemizar ni debatir con ningún letrado. Sólo deseo sostener firmemente estos conceptos, basados absolutamente en mi exclusiva opinión personal. Quisiera expresar, antes de finalizar este comentario, que fui escribiendo estas líneas luego de leer el invalorable aporte periodístico de LA GACETA del 25/9/18, titulado “Las Coimas”.
Miguel Ángel Sáez
Muñecas 616, 4º “C” , San Miguel de Tucumán .
Transporte en Barrio Elena White
A las autoridades de la Línea 110 (del transporte urbano de colectivos), y como representante del Barrio Elena White (que está entrando por la Pepsi), queremos manifestar nuestro enojo de que sólo circula la Línea 10, por lo cual es imposible viajar parados hasta el centro de la ciudad. Es una falta total de respeto hacia todos nosotros, ya que trabajamos y tenemos hijos que estudian, por lo que caminar hasta la ruta para tomar El Provincial o Exprebus es un trayecto extenso y peligroso, porque se sufren asaltos a toda hora del día. Sólo pido que dicha línea de colectivos retome el recorrido. Por, favor le pedimos al propietario de la empresa que sea considerado con nuestro malestar. Esperamos una respuesta favorable a la brevedad.
Delia Paz, Julieta González y otros vecinos
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