El archivo porteño

El gran presidente tucumano, general Julio Argentino Roca, fue quien declaró nacionalizado el monumental repositorio de documentos que es hoy el Archivo General de la Nación y que hasta entonces dependía del Gobierno de Buenos Aires. Lo dispuso por decreto del 29 de agostó de 1884. Poco después de tomar esta medida y acompañado por el ministro Eduardo Wilde, el presidente visitó el local primitivo que el Archivo tenía entonces. En esa época, lo dirigía el poeta Carlos Guido y Spano.

El historiador Eugenio Corbet France narra que Roca quedó maravillado ante aquel verdadero tesoro documental, “para el que se debían construir anaqueles de oro”, dijo. Ordenó de inmediato la construcción de nuevas estanterías y muebles para acondicionar con más comodidad sus legajos.

La fundación de ese archivo (porteño inicialmente, dijimos) se debió a un decreto de la progresista gobernación de Martín Rodríguez, del 28 de agosto de 1821, refrendado por su ministro Bernardino Rivadavia. Lo instaló en parte del edificio del entonces Tribunal de Cuentas, en Perú 270. Ordenó también Rivadavia que se le incorporaran todos los papeles públicos, que hasta entonces conservaba cada organismo estatal.

Así, se centralizó la guarda de documentos. Fueron entregando los suyos la Cámara de Apelaciones, el Tribunal del Consulado, la Administración de la Caja Nacional de Fondos de Sud América, el Correo, la Contaduría General de la Provincia, la intendencia del Ejército y Policía. El Cabildo, a pesar de sus protestas, tuvo que entregar también su libro de acuerdos. En 1906, fue trasladado al primitivo edificio del Congreso Nacional (hoy sede de la Academia Nacional de la Historia). Allí estuvo hasta 1950. Ese año pasó a su actual local, avenida Alem 246, y ocupó el primitivo edificio del Banco Hipotecario Nacional.