El colorido circo narco sigue instalándose en Tucumán

No son casos aislados, sino hechos que se repiten cada vez más. Son causas que generan un horror generalizado, pero después de algunos días de polémica, todo se silencia y casi nadie se ocupa del problema. Durante esas jornadas se producen diferentes lecturas. Algunas ajustadas a la realidad, como la de las organizaciones feministas que alertan sobre la difícil situación que se vive en la provincia con números en la mano: en lo que va del año se produjeron 11 femicidios, cuatro más de los que contabilizaron en 2017. Y otras desacertadas, como las del ministro de Seguridad, Claudio Maley. El día que enterraban a Priscila Paz anunciaba que habían bajado un 10% los homicidios en la provincia con respecto al año pasado, sin explicar el origen de esa estadística (en la Legislatura están esperando ver sus cifras) y, 48 horas después de sus dichos, los tucumanos se espantaban por qué en una misma jornada se producían tres crímenes.

El de Priscila fue un caso horrendo. Salió de trabajar y, aunque aún no se sabe bien por qué terminó en el barrio Ampliación Elena White donde la mantuvieron con vida al menos tres días, la mataron a golpes y después arrojaron su cuerpo en un lugar cercano de su vivienda para intentar desviar la investigación. En este hecho surgió la sospecha de que “Pocho”, el supuesto transa que dominaba ese barrio, estaba detrás. En la Justicia piensan que podrían haber matado a la joven de 27 años porque iba a dejar al descubierto la red de narcomenudeo que él lideraría. Pero este no fue el único hecho de estas características. La monteriza Giselle Tatiana Barrionuevo Núñez, de 17 años, también estuvo desaparecida varios días y su cuerpo fue arrojado en un cañaveral. Por esta causa fue detenido e imputado un tal “Pony” (era su pareja), sospechado de vender drogas y quien la habría mantenido cautiva y golpeado hasta que acabaron con su vida.

Estos casos son una prueba más del poder que tienen los “señores de la muerte” en el territorio que dominan y que supieron conquistar a balazo limpio. Son una evidencia más de que el Estado ha perdido el control en esas zonas y por eso los transas creen moverse con total impunidad. Y no solo se trata de la persecución penal, sino también de la falta de políticas para atender a los esclavos de la droga. En los barrios ya son cada vez más las jóvenes que se convirtieron en esclavas sexuales de los vendedores de pasta base. Entregan sus cuerpos al vendedor o a sus clientes vip a cambio de un papelito para consumir.

Bombas

En noviembre de 2015, el trágicamente desaparecido cura Juan Viroche, denunciaba que en Delfín Gallo los transas anunciaban su llegada al pueblo haciendo estallar bombas de estruendo durante la noche. Esas explosiones se siguen escuchando en casi todo el Gran San Miguel de Tucumán, incluso en San Pablo, donde vivía Priscila. Dicen los vecinos que desde su desaparición ya no se escucharon más esos estallidos, esos que parecieran no oír los miembros de las fuerzas de seguridad. También argumentan que con el incremento del consumo de drogas creció la inseguridad y comenzaron a pasar “cosas malas” en esa y otras localidades. Y no se equivocan. Las estadísticas indican que en menos de un año se produjeron dos homicidios en ocasión de robo (dos productores extranjeros fueron asesinados en asaltos en Lules) y a dos jóvenes amigas (Andrea Corvalán y Paz) les arrebataron la vida a golpes.

Los habitantes de esas localidades aseguran que todo se agravó cuando comenzaron a entregar casas en el barrio Manantial Sur. Ese gigantesco centro habitacional no solo es un monumento a la corrupción por las entregas irregulares que se cometieron, sino que se transformó en una especie de gueto por una idea que llevaron adelante los funcionarios del gobierno de José Jorge Alperovich. Trasladaron allí a las familias más conflictivas de El Sifón, Juan XXIII (“La Bombilla”), El Triángulo y Villa Piolín. Pensaron que así se acabarían los problemas, pero jamás se imaginaron que lo único que estaban haciendo era trasladarlo a localidades en donde normalmente no pasaba nada.

Uno de los ejemplos más concretos es que allí enviaron al Clan Farías, pero sus competidores, Los Reyna, los siguieron para no perder el dominio del negocio. El resultado: proliferaron los quioscos de venta de drogas, se hicieron habituales los enfrentamientos entre ambos grupos y los índices de inseguridad crecieron allí y en las zonas aledañas. Fueron tan visionarios los dirigentes que ni siquiera pensaron en la instalación de al menos un destacamento policial. Los resultados están a la vista.

Sorpresas y peros

En Tucumán, en materia de narcotráfico siempre hay un pero o una sorpresa. El Clan Farías también habría tenido sus quioscos en San Cayetano, cuando solo se pensaba que disputaban el territorio en “La Bombilla” y en Manantial Sur. Pero lo más grave de este caso es que la esposa de uno de los detenidos por comercialización de drogas es docente y trabaja en una escuela de la zona. Ese es otro dato que sirve para comprender cuán grande es la penetración de los señores de la muerte. Y esa investigación comenzó por la denuncia de padres de alumnos adictos.

Las buenas noticias están acompañadas por una mancha. Después de una gran investigación, la Justicia Federal les dictó la prisión preventiva y les trabó un embargo por más de $6 millones de pesos a los integrantes del Clan Reyna y a parte de sus proveedores. Sin embargo, por falta de medios, las fuerzas de seguridad, violando todos los protocolos, no tuvieron otra alternativa que llevarlos hasta el Juzgado Federal en un ómnibus de línea. Esa escena terminó siendo un acto más del circo narco que viven los tucumanos desde hace tiempo.