Por Federico Türpe
04 Agosto 2018
“Donde hay una necesidad nace un derecho”, sostuvo Eva Perón hace más de 60 años, plantando uno de los principios fundacionales del peronismo, aunque actualizado a los valores de la política del Siglo XXI bien podría ser “donde hay una necesidad nace un mercado”.
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que encabeza Carolina Stanley, quizás la cartera más “progresista” de la gestión Cambiemos, acaba de anotarse un punto de campeonato, al lograr la aprobación unánime en la Cámara de Diputados -194 votos afirmativos y cero en contra- del proyecto de “Integración sociourbana y regularización dominial”, más conocido como urbanización de las villas o urbanización de los barrios populares.
El plan que empujó Stanley al Congreso y que cuenta con el aval y la participación en su elaboración de casi todas las organizaciones sociales y populares del país, declara la “utilidad pública” sujeta a expropiación de las tierras donde se localizan 4.228 asentamientos urbanos precarios, con el objetivo de urbanizar y entregarles a sus habitantes certificados de vivienda familiar.
El número de asentamientos alcanzados por el proyecto se desprende de un relevamiento realizado por el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), que depende de Desarrollo Social. De allí surge que en las 4.228 villas repartidas en todo el país viven 3,5 millones de personas, en un área que en total suma 415 kilómetros cuadrados, el equivalente a más del doble de la superficie de la Ciudad de Buenos Aires o a tres veces lo que ocupa el Gran Tucumán (capital y ciudades vecinas).
Décadas de postergación
De primera mano la iniciativa se presenta como justiciera, urgente y necesaria y llega para plantear una reparación histórica tantas veces postergada por un Estado por demás ausente, que no sólo viene excluyendo a millones de personas desde hace décadas, sino que aparece como el principal responsable del segregacionismo urbano, social, cultural y económico en la Argentina, que acarrea una pobreza estructural del 30% desde hace 45 años.
Primer culpable por acción, cuando el Estado ha priorizado históricamente la obra pública y los servicios esenciales en los barrios de clase media y alta, y por omisión, cuando ha dejado el desarrollo urbano de las principales aglomeraciones librado a los caníbales antojos del mercado inmobiliario, uno de los más voraces de todos.
Casualidad o no, este año se cumplen 50 años del maquiavélico Plan de Erradicación de Villas de Emergencia (PEVE), impulsado por la dictadura de Juan Carlos Onganía, que se proponía “mudar a los villeros” de la Ciudad de Buenos Aires a sus provincias y países de origen. Inauguró el uso de topadoras y camiones del Ejército y las “duchas” con Dicloro Difenil Tricloroetano, más conocido como DDT, un insecticida clorado con el que rociaban a los pobres antes de trasladarlos.
Acciones bestiales y de demencia paradojal, cuando el mismo Onganía había propiciado poco antes la migración de un cuarto de millón de tucumanos, principalmente hacia el conurbano bonaerense, tras haber ordenado el cierre de 11 ingenios.
Onganía consiguió reducir el número de habitantes en las villas porteñas, pero fracasó en su objetivo de fondo e inició el oscuro período de confrontación de los sectores medios con los barrios populares e inauguró la profunda estigmatización de los villeros, separatismo que se mantiene hasta el presente. En este contexto surgían el padre Carlos Mugica y otros recién bautizados “curas villeros”.
Estas políticas siguieron fracasando en todo el país durante la dictadura de Jorge Videla, gestión dramáticamente célebre que quedó marcada a fuego en la historia de los tucumanos, cuando Antonio Bussi “arrojó” mendigos, locos e indigentes a Catamarca e hizo tapiar varias villas.
En las causas por genocidio por la que fue condenado también deberían haberse incluido estas acciones.
La pelea que se viene
El relevamiento del equipo de Stanley detectó 53 barrios populares en CABA, 1.656 en provincia de Buenos Aires, 333 en Santa Fe, 264 en Chaco, 246 en Misiones, 217 en Mendoza, 204 en Tucumán, 188 en Córdoba, 149 en Salta, y 92 en Jujuy, entre otros asentamientos de distintas provincias.
El 61% son terrenos privados, el 13% son de propiedad municipal, el 7% provinciales y sólo un 6% son nacionales.
Aquí es donde ya comenzaron a producirse los primeros chispazos entre intendentes, gobernadores y la Nación, porque cada quien quiere ser el Robin Hood de su jurisdicción.
Si bien la urbanización de los barrios populares está contemplada en varias Constituciones, como la de CABA, el proyecto tiene varios puntos grises.
Uno de los más delicados es que el proyecto garantice que los títulos de propiedad que se otorguen no ingresen en un circuito comercial imparable. Es decir, que la urbanización de las villas no acabe fagocitada por el mercado inmobiliario y el inequitativo absolutismo de la oferta y la demanda, porque en cinco años habrá un shopping donde hoy hay una villa y 20 cuadras más lejos le levantará un nuevo asentamiento.
Tampoco hay claridad respecto de la mejora de las condiciones habitacionales asociadas a la integración urbana que promete la ley, sobre todo cuando se planea un recorte del 30% en el presupuesto para el año próximo. “No hay que generar falsas expectativas en la gente que vive en los asentamientos”, advirtió Diego Leone, secretario de Hábitat de Santa Fe y miembro de Cambiemos.
No está claro, por otro lado, quién estará a cargo de las obras. Sólo se especifica en el proyecto que se harán en conjunto con las jurisdicciones locales y que, como mínimo, el 25% de las obras de urbanización deberán adjudicarse a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular, preferentemente por los habitantes de estos barrios populares.
No hay fechas ni plazos ni montos ni presupuestos contemplados. Hasta aquí no difiere demasiado de un mero proyecto de resolución, que se parece más a una expresión de anhelo que a una medida concreta.
En vistas de que ya estamos en agosto y que aún no hay fecha para su tratamiento en el Senado, todo indica que en 2019 a lo sumo se podría avanzar en la entrega en los certificados de “Vivienda Familiar”.
Barrios electorales
La sentencia “donde hay una necesidad nace un mercado” cobra fuerza bruta en un año electoral, donde no es difícil en Argentina imaginar un carnaval de certificados “provisorios” repartidos de manos de punteros políticos, intendentes, legisladores, gobernadores y todo aquel que integre una lista.
En una Legislatura que en un empalagoso derrame de demagogia aprueba en tiempo récord la declaración de Tucumán como provincia “pro vida”, cuando desde hace años y pese a tener dictamen, no adhiere a la Ley Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (la única provincia del país que no lo hizo), saltan por los aires estas hipócritas posiciones.
Más aún, no cuesta imaginar el sainete de certificados de propiedad truchos que podrían llegar a emitirse desde un gobierno que cajonea desde hace dos años, pese al compromiso público del gobernador Juan Manzur, el proyecto de Ley de Información Pública y Transparencia, que no es otra cosa que dar a conocer los gastos y los actos de gobierno.
No hay otro motivo que hayan podido argumentar funcionarios y legisladores para no aprobar esta ley que no sea mantener en la oscuridad el statu quo de la corrupción.
Debería Stanley entonces, antes de avanzar sobre la urbanización de los barrios populares en Tucumán, exigir un mínimo de transparencia en la gestión pública provincial -al menos la adhesión a normas nacionales-, para que no encontremos countries y supermercados donde hoy hay barrios populares y nuevas villas de emergencias en terrenos inundables, tierras fiscales no aptas o más campos usurpados.
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