Defendió la integridad del parque

En su origen, el parque 9 e Julio constaba de 400 hectáreas. Como se sabe, se formó gracias a las cuatro leyes nacionales que obtuvo el doctor Alberto León de Soldati, entre 1906 y 1910, como diputado y senador nacional por Tucumán. Hoy esa extensión se ha reducido a unas 100 hectáreas, por la cantidad de terrenos que se fueron concediendo, a lo largo de más de un siglo, a instituciones diversas. Pero hubo alguien que se opuso, con fuerza pero sin éxito, al primero de esos cercenamiento. Vale la pena contar la historia.

Ramón Paz Posse

Corría el año 1921. La provincia estaba intervenida desde diciembre de 1920. El 3 de enero había fallecido el doctor Soldati, primer presidente de la Comisión Administradora del Parque. Era esta un organismo colegiado “ad honorem”, a cuyo cargo corría todo lo relativo al paseo, que tenía entonces carácter provincial y no municipal. El 24 de febrero, el interventor federal, ingeniero Federico Álvarez de Toledo, designaba en reemplazo de Soldati a don Ramón Paz Posse.

A los 49 años, el nuevo presidente de la Comisión era una destacada personalidad de la vida industrial de Tucumán, como conductor del ingenio San Juan. También venía actuando largamente en política desde 1910, en sus bancas en el Senado Provincial. Había presidido ese cuerpo y se desempeñó como gobernador interino en las ausencias del titular Ernesto Padilla, en 1916. Años después sería elegido (1922-1930) senador nacional por Tucumán.

Contra la cesión

Sucedió que el 26 de setiembre, el comisionado Álvarez de Toledo había dispuesto, por decreto, la primera concesión de una parcela en el parque 9 de Julio. Su beneficiario era el Tucumán Lawn Tennis Club, institución que funcionaba desde 1915. El 10 de diciembre, asumió un nuevo interventor, el doctor Benito Nazar Anchorena y ordenó, el 22 de ese mes, que se hiciera efectiva la entrega del predio al club.

El presidente Paz Posse elevó de inmediato una nota de protesta por la medida. Aseguraba que la medida no solo afectaba la estética del plano de Carlos Thays, que organizaba el paseo. Lo más importante, decía, era que la cesión “desvirtúa el espíritu que guió la creación de ese paseo, destinado a embellecer y sanear los terrenos del Bajo, dando al mismo tiempo, a la masa de la población, un sitio de grato e higiénico esparcimiento”.

Mantener la finalidad

Opinaba que, de no aceptarse ese criterio, “se destruiría la finalidad que se tuvo en cuenta al crear el parque”. Otras instituciones deportivas podrían pretender idéntico beneficio invocando iguales derechos, a lo que habría que acceder. Y así veríamos, al cabo de un tiempo, que “el parque ya no es un parque, sino un conglomerado de construcciones y de terrenos vedados a la mayoría de la población y solamente accesibles a los asociados de las entidades favorecidas por las cesiones”.

Por cierto que el Lawn Tennis le merecía “toda clase de consideraciones”, por su tarea de fomento del deporte. Y el Estado debía ayudarlo, decía, “pero no en la forma en que se ha hecho, puesto que esa ayuda destruye una obra eminentemente sana y popular”.

Agregaba Paz Posse, además, que la concesión era atentatoria de los intereses fiscales, por cuanto acordaba a perpetuidad –mientras exista la institución concesionaria- el terreno afectado. Si bien hubo concesiones anteriormente, ellas “tuvieron carácter precario, de modo que los terrenos volvieron de inmediato al fisco cuando fueron requeridos”.

Habla el Club

Finalmente, apuntaba que “aun así, la parcela cedida nunca debió ser en la entrada al parque, afectando por completo las obras y la perspectiva de las mismas”.

Pocos días después, el Lawn Tennis formalizaba una extensa presentación. Su presidente afirmaba que en ninguna parte de la ley creadora del parque, decía que no podían concesionarse parcelas. Que el plano de Thays preveía un espacio de “pélousse” de juego, que era el que ellos solicitaban. Que el temor de que otras entidades pidieran parcelas no existía, pues el Gobierno podía concederlas o negarlas. Que la altura de la cerca de sus instalaciones, permitiría presenciar los juegos a quienes quisieran.

Agregaba numerosos ejemplos de instituciones deportivas que florecían auspiciadas por el Estado. Terminaba poéticamente: “queremos enseñar sin maestros, a embellecer un aspecto de la vida, infundiendo la fe en ideales levantados, para que la juventud robustezca su aliento por la grandeza de la Patria y, sin perjuicio de que, como en la Hélade santa, corra también ansiosa, alegre y riente, en procura del olivo salvaje”...

La renuncia

El interventor Nazar Anchorena rechazó el planteo de Paz Posse. Negó que la Comisión Administradora tuviera carácter de “representante legal o constitucional del pueblo”. Su contenido hizo que Paz Posse presentara la renuncia a la presidencia, en una larga nota que difundió LA GACETA.

Aclaraba de entrada que, por sus facultades legales, la Comisión y por tanto el presidente, tenían “el deber de estar compenetrados de los intereses del parque y, en consecuencia, de los fines del mismo, creado para beneficio del pueblo”. Era en este concepto, decía, “que he invocado al pueblo, único dueño del parque”.

Lamentaba que se hubiera interpretado de otra manera sus conceptos, y deploraba que no se reconociera “la responsabilidad moral y la responsabilidad ante la opinión pública, en la realización del parque, que es un problema de vital interés para el pueblo de Tucumán”.

Insistencia

Decía que, cuando se le ofreció la presidencia, “entendí que se trataba de una cargo honorífico, de labor y de responsabilidad que, por patriotismo, estaba obligado a aceptar, con las facultades otorgadas por la ley y por el decreto respectivos”. Sentía que el interventor no lo entendiera así.

Manifestaba, finalmente, que “si me hubiera sido dado conocer el criterio de V.E. respecto del concepto del cargo de presidente del la Comisión del parque, créame que mi renuncia la habría tenido enseguida que asumió usted el P.E. de la Provincia”.

Dado el relieve que tenía Paz Posse en la vida de Tucumán, el interventor se apresuró a dictar otro decreto, el 27 de diciembre. Rechazaba la renuncia del presidente, “por cuanto no existe motivo alguno que justifique su presentación”. Los fundamentos eran muy conciliatorios.

Entendía que la concesión era un acto administrativo, en el que no había nada personal, por lo que ellos no podían considerarse afectados. Y que en la nota de Paz Posse, “no había visto otra cosa que no fuera un exceso de celo del distinguido funcionario, digno siempre del más alto respeto”.

Pero no revocó la concesión impugnada. En consecuencia, don Ramón Paz Posse mantuvo su renuncia.