Debuta el comité del nuevo proceso penal

Un año y ocho meses después de su creación, comenzará a funcionar la Comisión Especial lnterinstitucional de Implementación y Monitoreo del Código Procesal Penal sancionado en 2016. La sesión inaugural de esta mesa integrada por representantes de los tres poderes del Estado y de la abogacía tendrá lugar hoy, en pleno receso invernal, a partir de las 10 en las dependencias de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, autoridad de aplicación del nuevo digesto.

Los miembros titulares del comité son Daniel Leiva, fiscal de Estado; Carolina Vargas Aignasse, secretaria de Gobierno y Justicia, y José Farhat, secretario de Participación Ciudadana, por el Poder Ejecutivo; los legisladores justicialistas Marcelo Caponio, Javier Pucharras y Sandra Mendoza, y los opositores Alberto Colombres Garmendia y José María Canelada por la Legislatura; Antonio Estofán y Antonio Gandur, vocales de la Corte, por el Poder Judicial; Edmundo Jiménez, ministro público fiscal, y los abogados Arnaldo Ahumada y Ángel Fara por los colegios de abogados de la Capital y del Sur.

Se espera que este miércoles la comisión defina aspectos atinentes a su organización, como método de trabajo, frecuencia de reuniones y responsabilidades internas, y si deliberarán a puertas cerradas o abiertas -el cuerpo que preparó el anteproyecto del nuevo Código sesionó en forma pública-. Correspondería, en principio, que la presidencia de la mesa quede en manos de uno de los vocales de la Corte que lo integran, Gandur o Estofán. Al respecto, la Ley 8.934 de creación del cuerpo sólo dispone cómo ha de conformarse la comisión y que esta podrá contar con una secretaría técnica integrada por tres profesionales universitarios, que serán designados por la Corte a propuesta del comité (el relator Andrés Garmendia se desempeña como coordinador en la faz judicial). Estos colaboradores deben asistir a los equipos de trabajo o subcomisiones que se integren para el tratamiento de los asuntos específicos. El objetivo primordial del comité es poner en marcha el nuevo proceso penal, que primitivamente debía ser implementado en septiembre de 2017 y ya fue prorrogado dos veces.