Irregularidades en los transportes escolares

Se repite a menudo que los niños son los únicos privilegiados, pero a juzgar por la forma en que muchos de ellos son transportados a las escuelas, no siempre se cumple esta máxima. A diario se observa que algunos niños son llevados en motocicletas por sus progenitores o parientes sin protección alguna; basta apostarse en el horario de entrada y de salida de la escuela para constatarlo. A esta transgresión se suman transportes escolares que carecen de autorización municipal para trabajar como tales.

El presidente de la Asociación de Propietarios de Transportes Escolares le dijo a nuestro diario que detectaron casos en los que hay propietarios con dos combis habilitadas y dos ilegales. El directivo señaló que los “truchos” son vehículos que no han pasado por los controles técnicos y carecen de seguridad. “Llevan los chicos encima, amontonados. Es que no responden a ninguna normativa. Pero nos duele más que los padres no se fijan en eso, sino en el que les cobra más barato. Nuestra tarifa testigo mensual es de $1.700 por cada chico. Un trucho puede cobrar $1.100, por ejemplo. Piensan con el bolsillo y no con la cabeza y no entienden que mandan a sus hijos al matadero. Si algo pasa, caemos en la volteada todos”, manifestó.

De acuerdo con la ordenanza N° 3.159, los transportes escolares deben pasar por una inspección técnica mecánica y de servicio. La normativa establece que en su mitad inferior deben estar pintados de naranja con la inscripción “Transporte escolar”, visible en las partes laterales.

Debe contar con las obleas entregadas que aseguran que cuentan con la Verificación Técnica Vehicular y están autorizados por la Municipalidad; poseer pisos antideslizantes, matafuegos, un celador que se ocupa de ayuda a bajar y cruzar a los escolares. Por otro lado, no deben trasladar a más de 20 niños que deben ir sentados.

El subsecretario municipal de Tránsito y Transporte Operativo afirmó que sí realizan controles a estos vehículos y que también se labran actas de infracción a todos a aquellos que infringen las normas. Acotó que los bocinazos, las frenadas, las dobles filas y embotellamientos, ponen en riesgo a los alumnos. “Lo más grave ocurre en el colegio Santa Catalina, cuando los padres se detienen en doble fila en el sentido oeste-este y hacen cruzar a los chicos subiendo la platabanda de la avenida Sarmiento y de ahí al colegio”, indicó.

Las responsabilidades por estas irregularidades son compartidas. En primer lugar, antes de contratar el servicio, los padres deberían corroborar que el vehículo cuente con la autorización y seguros correspondientes. ¿Le confiaría su hijo a quien trabaja fuera de la ley? Evidentemente, algunos así lo hacen por ahorrarse unos pesos. Por otro lado, es importante que “los truchos” sean denunciados por sus colegas y por los padres. El tercer responsable es el municipio: si estos vehículos existen es porque los controles son insuficientes o algo se está haciendo mal. Bastaría con apostar inspectores a la entrada y salida de los establecimientos o en las inmediaciones para constatar la transgresión y aplicar las sanciones previstas por la ley. Si realmente se piensa en la seguridad de los chicos, las exigencias no deberían ser mínimas; todo lo contrario, porque el don de la vida no tiene precio.