Berarducci: “es una ordenanza coyuntural de oportunismo político”

Serán ocho días hábiles. Ése es el plazo que tiene la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para decidir si veta total o parcialmente la ordenanza sancionada por el Concejo que implementa controles mensuales obligatorios en todos los edificios en construcción y en las reformas en inmuebles protegidos por su valor histórico.

“Es una ordenanza coyuntural de oportunismo político que se basa en una desgracia de vecinos, cuando no se abarca el tema en su conjunto y generalidad”, cuestionó Walter Berarducci, secretario de gobierno del intendente Germán Alfaro (Cambiemos). El principal cuestionamiento del Ejecutivo municipal es con el artículo que crea la figura de peritos externos para arbitrar las discrepancias entre la constructora y el informe del inspector municipal.

La norma aprobada en la última sesión establece que la Municipalidad realice al menos un control mensual en las construcciones de edificios de altura (que tengan más de dos plantas). Abarca también a las obras en ejecución de los inmuebles protegidos dentro del Sistema de Protección del Patrimonio Cultural de la Provincia (ley 7.500) y dentro del inventario de Sitios y Edificios de Valor Patrimonial de la Capital. Hasta ahora, las normas ordenan realizar tres controles obligatorios: inicial, concomitante y final.

El punto en disputa es por el artículo 3, que crea la figura de la auditoría externa: “cuando haya objeciones entre el responsable de la obra o el propietario, podrán solicitar auditorías externas, para lo cual se faculta al Departamento Ejecutivo a firmar convenios con los colegios profesionales”. Se ordena crear el Registro de Profesionales de la Construcción que deseen participar como Peritos Inspectores.

“La norma será sometida a estudio una vez que llegue la notificación al municipio, para determinar la viabilidad, legalidad y constitucionalidad de la ordenanza. El principal punto en contra es el de la creación del ‘perito externo’. Los colegios profesionales ya tienen un rol asignado por ley. Me deja satisfecho que en la sanción de la ordenanza se mencionó que el municipio y Catastro actuaron dentro de la normativa. No se puede hablar imprudentemente de descontrol cuando todavía en fiscalía está dilucidándose qué pasó y qué responsabilidades hubo (respecto a la tragedia por el derrumbe del ex cine Parravicini)”, consideró Berarducci.

Durante el debate en el Concejo, los concejales aliados a la intendencia propusieron modificar el proyecto: que se cree un registro de profesionales de colegios de Arquitectos o de Ingenieros para que puedan hacer las inspecciones de edificios cuando los inspectores de Catastro no sean suficientes para realizar todas las inspecciones. Sin embargo, la propuesta no reunió los votos.

“En uno de los artículos se le quita el poder de policía que tanto la ley orgánica de Municipalidades como la Constitución Provincial le dan al municipio. No puede la Municipalidad delegar su poder de control en un árbitro, un tercero, ante la discrepancia o disconformidad de un ciudadano que construye. No podemos ni debemos menguar el poder de control sobre esto. Por eso digo que es una norma contradictoria y coyuntural”, continuó Berarducci.

Pedido de informes

Los concejales aprobaron también en la última sesión un pedido de informes a la Municipalidad para conocer cuánto gastó la gestión de Alfaro en la campaña para promocionar el boleto universitario gratuito, pese a que se prometió su implementación por decreto para 2019. “Todos los procedimientos son transparentes y trimestralmente los concejales reciben todas las rendiciones del ejecutivo municipal”, respondió Berarducci. Y agregó: “el bussismo miente y trata de sembrar dudas. El boleto estudiantil empezó con la gestión del intendente y cada año que pasa se incorporan mejoras para consolidar la formación de los vecinos. Pasa que les parece raro porque para Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra están en la coyuntura como cerdos viendo al barro”.