Instan al Ejecutivo a controlar las empresas de ómnibus

Instan al Ejecutivo a controlar las empresas de ómnibus

Según legisladores oficialistas, el sector privado incumple con la ley que obliga a incorporar unidades inclusivas

Instan al Ejecutivo a controlar las empresas de ómnibus
12 Junio 2018

Cinco legisladores del bloque oficialista Tucumán Crece-PJ elevaron un proyecto de resolución para instar al Poder Ejecutivo (PE) a controlar el efectivo cumplimiento de la normativa vigente por parte de las empresas de ómnibus.

En concreto, la iniciativa apunta a las disposiciones de la ley 7.811, que prevé la incorporación paulatina al servicio de transporte público de unidades adaptadas para el acceso y egreso “de personas con movilidad y comunicación reducidas”. “La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con rango constitucional en nuestro país, reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derechos. Por lo mismo, el Estado debe generar las condiciones para la inclusión, garantizando derechos a través de sus políticas públicas”, expresaron los oficialistas Sandra Mendoza de Orellana, Sara Assán, Irene Graciela Medina, Joseph Tanios Seleme y Luis Espeche. Por ello, en un único artículo, solicitaron al Poder Ejecutivo (PE) que “a través de la Dirección General de Transporte de la Provincia controle el efectivo cumplimiento de la ley 7.811”.

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Remarcaron que el articulado de esa norma es clara con respecto la incorporación de unidades adaptadas. Para 2006 debían ser dos vehículos correctamente equipados por línea; en 2007, por lo menos cinco; en 2008, un mínimo de ocho rodados inclusivos; en 2010, según la ley 7.811, las firmas “deberán contar, por lo menos, con el 50% de las unidades adaptadas”, de la totalidad de su flota. “No obstante la legislación en vigencia, es de público conocimiento la ausencia de las unidades de adaptación para ingreso y egreso de personas con capacidades motrices diferentes. En efecto, las empresas de transporte público de la Provincia están incumpliendo la norma, lo que implica una negación de todos los derechos a aquellas personas”, remarcaron los peronistas.

También referido a este tema, los radicales Rubén Chebaia y Eudoro Aráoz firmaron un proyecto que propone la creación del Registro Provincial Digital del Transporte Público. La iniciativa contempla un seguimiento por vía GPS de las unidades de colectivo y de taxi, lo que permitiría un mejor control del recorrido para los usuarios. “Es de utilidad también para la entidad que les entregue subsidios, pudiendo darlos de manera certera y sin números engañosos”, indicaron.

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