Critican el cierre del caso de las valijas

La senadora nacional Silvia Elías de Pérez, secretaria parlamentaria del interbloque Cambiemos, anticipó que hará una presentación formal ante el Consejo de la Magistratura (CM) para que se investigue el actuar de los magistrados que intervinieron en la causa -prescripta- de la valija del venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson, quien en 2007 intentó ingresar al país en un vuelo oficial casi U$S 800.000 sin declarar.

“Luego de 10 años y 10 meses, la causa prescribió y quedó en la nada. La Justicia debe investigar qué pasó, deslindar responsabilidades y analizar cuál fue el papel de cada uno de los funcionarios judiciales que intervino en este expediente. Estoy yendo por ello al Consejo de la Magistratura para que se investigue profundamente, el mensaje para nuestro país no puede seguir siendo que cuando se trata de corrupción siempre gana la impunidad”, precisó la opositora tucumana.

La radical, además, reiteró que la Justicia debe avanzar en causas sobre hechos de corrupción para que la sociedad recupere la confianza. “La sociedad argentina ya comprendió que la corrupción no sólo tiene que ver con el dinero espurio, son también obras que no se realizan. Todo eso trae aparejado más pobreza y desempleo”, añadió la senadora de Cambiemos.

Según publicó el diario Infobae, el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola, que se negó a procesar al ex funcionario Claudio Uberti, y el fiscal Pablo Turano, fueron los encargados de cerrar la causa, que reveló los negociados del kirchnerismo con el gobierno de Hugo Chávez y la existencia de una “embajada paralela” entre ambos países.

En ese momento en la Argentina se llevaba adelante la campaña de Cristina Fernández de Kirchner para las elecciones presidenciales de 2008. El episodio de la polémica ocurrió la madrugada del 4 de agosto de 2007, cuando la agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) María del Luján Telpuk ordenó abrir una valija del empresario venezolano Antonini Wilson en un avión de la empresa Royal Class contratado por Enarsa (Energía Argentina Sociedad Anónima) y encontró USD 790.550.

Tras el escándalo, Uberti debió renunciar como titular del Órgano Contralor de Concesiones Viales (Occovi). El expediente pasó por tres jueces de primera instancia, por la Cámara en lo Penal Económico y la Casación Federal Penal, y llegó a la Corte Suprema.

En enero, se anunció que los fondos recuperados serían destinados a la construcción de dos Espacios de Primera Infancia (PI): uno en Tafí Viejo y el otro en Oberá, Misiones.