El comercio ilegal no se combate con eficacia

Los argentinos, y en particular, los tucumanos, tenemos una extraña fascinación por lo “trucho”, por aquello de “todo por dos pesos”, tal vez porque lo conseguido “por izquierda” provoca cierta satisfacción. Esta costumbre que es, por cierto, bastante antigua, arraigada y sostenida, se ve reflejada en el incremento del comercio ilegal durante los últimos años.

A fines de diciembre pasado, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que la venta ilegal en la vía pública y en “saladitas” había ascendido a $ 6.527 millones en noviembre pasado y cerraría 2017 en $ 78.595 millones. El relevamiento se había efectuado en 500 ciudades del país.

El informe señalaba que si bien había más controles en la venta ilegal en algunas ciudades y se habían regularizado varias saladitas y los vendedores clandestinos se desplazan de lugar en lugar y seguían incrementando su número. La entidad expresó su preocupación por el aumento del comercio ilegal en Tucumán e indicó que ingresaba mucha mercadería de contrabando que, frente a la ausencia de controles, abastecía a toda la región norte y centro del país. La Ciudad de Buenos Aires, los partidos de La Matanza, Lomas de Zamora, y Florencio Varela y San Miguel de Tucumán fueron en noviembre las cinco localidades del país con mayor cantidad de vendedores ilegales.

La entidad informó que en San Miguel de Tucumán había 18 predios que albergaban 2.844 puestos comerciales considerados ilegales. Destacó que en noviembre se registraron 75 saladitas menos que en meses anteriores, pero se contabilizaron un mayor número de vendedores informales, especialmente, los manteros. Ello se debe -según la CAME- a que por los mayores controles, la regularización de algunas ferias y las subas de alquileres en esos puestos, muchos puesteros se convirtieron en manteros.

El comercio ilegal abarca distintos rubros, desde la indumentaria hasta la informática. A nivel internacional, la empresa de seguridad digital Irdeto, la Unesco y la Coalición de Creadores e industrias de contenidos (España) informaron en 2017 que el 52% de la población mundial con acceso a internet consumía contenido pirateado. En nuestra provincia, por ejemplo, la piratería y comercialización de discos y películas (CD y DVD) forma parte de la vida cotidiana. Una recorrida por las peatonales al cierre de la actividad comercial, permitirá ver en acción a los manteros que ofrecen copias de estos productos, que también se ofrecen en puestos de venta de revistas. De vez en cuando, se implementan operativos y se secuestra el material a los vendedores, pero al día siguiente, los manteros vuelven a instalarse.

Esta realidad también refleja un problema social, que tiene una de sus causas en la desocupación. Sin embargo, provoca perjuicio a terceros. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si los comerciantes decidieran no pagar más los impuestos hasta tanto no se erradicara el comercio informal? ¿Qué haría la autoridad? ¿Les aplicaría las leyes en vigencia por ser infractores o les clausuraría los negocios? ¿Por qué a unos se les exige que cumplan con la norma y a otros no?

La venta ilegal existe y los compradores que son conscientes de que se trata de un acto deshonesto, pero miran para otro lado. Lo cierto es que la autoridad poco o nada hace para resolver esta situación de inequidad, tanto social como comercial, tal vez se deba a que los intereses creados sean importantes.