Queja ante la Nación por un contrato directo

Planteo contra Campero y Klemensiewicz

18 May 2018
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EJECUCIÓN. La contratación directa por $ 4,5 millones es para trabajos de pavimentación en el barrio San Expedito. municipalidad de yerba buena

El cuarteto de concejales opositores en Yerba Buena llevó sus reparos en contra de una contratación directa millonaria del intendente, Mariano Campero, ante el Gobierno Nacional.

El macrista Pedro Albornoz Piossek y los radicales Lucas Cerúsico, Maximiliano García y Benjamín Zelaya redactaron una carta documento y se la enviaron al área de Vivienda y Hábitat de la Nación, dirigida a Marina Klemensiewicz, secretaria de Infraestructura Urbana de Mauricio Macri.

Las quejas de los disidentes llevaron a sus pares en el recinto a aprobar una citación para que los funcionarios que avalaron el cuestionado expediente vayan al Concejo a brindar explicaciones. La convocatoria es para este lunes.

En paralelo, acudieron a la Nación con la advertencia de que la denuncia penal que pretenden formular contra Campero por presunta defraudación alcanzará también a funcionarios nacionales.

En el texto remitido, advierten que el jefe municipal manifestó a LA GACETA que la mencionada Klemensiewicz estaba al tanto de lo resuelto; es decir, de la contratación directa a la empresa “Valdez, construcción y diseño”. “En razón de la vinculación realizada por el intendente, respecto de que usted está en pleno conocimiento y que aprobó la contratación, lamentamos tener que proceder a formular la denuncia penal correspondiente también en su contra”, remarcaron los ediles opositores.

A mediados de abril, la Municipalidad firmó el contrato por $ 4,5 millones con la familia Valdez por el cual le encargó la realización de 7.500 metros cuadrados de hormigón en unas 10 calles del barrio San Expedito y del loteo Cossio. La principal razón que plantearon Campero y su gabinete para justificar su decisión de eludir el mecanismo de licitación pública es que necesitaban que la pavimentación se hiciera con vecinos, para darles trabajo y porque los mejoramientos en ese sector se enmarcan en un proyecto social.

Las cuadras que se le encomendaron a la familia Valdez forman parte de la reestructuración que se realiza en el barrio San Expedito, situado atrás de los predios de la Sociedad Rural y en el que viven unas 370 familias de bajos recursos. El programa es financiado por la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación, y supone una inversión que ronda los $ 57 millones. De ese total, Campero afirmó que -para cuando hayan acabado- más de $ 50 millones habrán sido licitados.

En la carta documento, los opositores advierten sobre un nuevo decreto firmado por Campero, el N° 316/18, mediante el que cambió el nombre del contratista. Así, mientras en el instrumento original (N° 249/18) el vínculo era con la empresa “Valdez Construcción y Diseño” de Juan Valdez, en el segundo el nombre del contratista es “Valdez Construcción y Diseño de Leonela de los Ángeles Valdez”, y con un domicilio distinto, según remarcaron.

“Respecto de esta empresa unipersonal, denunciamos que no se encuentra inscripta en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric), como tampoco en ningún registro de la provincia y menos aún municipal. Tampoco se encuentra inscripta en la AFIP como empleadora, sino que se encuentra registrada con categoría T pudiendo facturas hasta $ 20.000 anuales y se inscribió en marzo de 2017”, expusieron en el documento. Además, advirtieron a la funcionaria nacional que la firma contratada carece de capacidad de obra. “Es una gravísima situación por el modo de contratación y la persona contratada, ya que habría percibido el 70% del monto lo que implica que las obras comenzaron antes de su contratación; es decir, sin el cumplimiento de ninguna norma legal”, sentenciaron.

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