Volvió a encenderse el debate por la aplicación de la ley de narcomenudeo

Volvió a encenderse el debate por la aplicación de la ley de narcomenudeo

El Poder Ejecutivo insiste que la Justicia ordinaria se dedique a investigar a los pequeños vendedores de droga de la provincia.

UNA LUCHA DESIGUAL. En nuestra provincia todas las causas vinculadas a la venta de drogas terminan en manos de la Justicia Federal. la gaceta / foto de Osvaldo Ripoll (archivo) UNA LUCHA DESIGUAL. En nuestra provincia todas las causas vinculadas a la venta de drogas terminan en manos de la Justicia Federal. la gaceta / foto de Osvaldo Ripoll (archivo)

El ministro fiscal, Edmundo Jiménez dijo que era imposible ponerla en práctica. El ministro de Seguridad, Claudio Maley anunció que insistirá para que sí lo haga. En la Justicia Federal algunos aseguran que será un gran paso y otros que no, que será más complicado. Entre los legisladores, la opinión está dividida, pero por un mínimo margen también están a favor de que la Justicia ordinaria investigue las causas de narcomenudeo o la venta minorista de drogas. Sea lo que sea, el debate volvió a instalarse.

La Legislatura sancionó en 2014 la Ley 8.864 de adhesión a la Ley 26.052, en la que se establecía que el fuero local debía investigar la venta minorista de drogas a partir del 1 de marzo de 2015. Sin embargo, el ministro fiscal hizo un planteo ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia para frenar su práctica. Un mes ante de que la norma se pusiera en marcha, a través de una medida cautelar, el máximo tribunal frenó la implementación.

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El enfrentamiento entre los clanes Los Toro y Los Acevedo -que incluyó el secuestro extorsivo de Margarita Toro, la supuesta líder del clan de Villa 9 de Julio- volvió a poner el tema en el centro de la escena. Maley, dijo que se reuniría con Jiménez para solicitarle que haya una fiscalía dedicada a combatir este delito.

Trascendió que tiene los nombres de los candidatos para dirigirla: eran la fiscala María del Carmen Reuter o el fiscal Washington Navarro Dávila. Su idea, de acuerdo a lo comentado por sus allegados, es que se dedique pura y exclusivamente a este tipo de delitos. Y, si fuera posible, que también se designe a un magistrado para que vigile el proceso.

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El mismo día que el funcionario provincial hiciera público su deseo, en una nota publicada por LA GACETA, el ministro público fiscal adelantaba su postura sobre el tema, luego de que la ministra Patricia Bullrich pidiera que la Justicia ordinaria se hiciera cargo de la investigaciones de narcomenudeo. “No hay recursos ni una decisión política para acabar con este flagelo. Creo -agregó- que es sólo una expresión de anhelo, porque su planteo no está acompañado por una promesa de ayuda importante para conseguir los recursos que son necesarios para investigar estos casos”, expresó ese día.

Problemas

En la Justicia Federal también analizan esta situación. Bullrich pretende que los jueces de la Nación se hagan cargo de los casos más importantes y que desbaraten a las organizaciones más importantes. Y ese punto genera polémicas.

“La ley no es clara. Habrá problemas porque no se sabe cuándo debe actuar cada uno. Los problemas de competencia se repetirán permanentemente”, indicó una alta fuente.

En Salta, que aplica la ley desde hace más de cuatro años, no se da ese problema. “Legalmente, la definición es ambigua, porque la ley establece que cuando la sustancia está fraccionada en dosis, destinada a la venta al menudeo es microtráfico”, explicó Jorge Ovejero, secretario de Seguridad de la provincia vecina.

Para evitar conflictos entre las dos jurisdicciones por su competencia, los salteños crearon la Unidad Coordinadora de Lucha contra el Narcotráfico, que tiene sede en el Ministerio de Justicia y cuya función es resolver las cuestiones de competencia de manera previa y consensuada. “En cuatro años de aplicación de la ley, no hemos tenido una sola causa en donde se haya suscitado un conflicto de competencia entre la Justicia provincial y la Federal”, destacó el funcionario.

En los tribunales cuestionaron la iniciativa de Maley. Aseguran que es imposible poner sobre la mesa el caso Salta como ejemplo. “En esa provincia hay 42 fiscalías, acá tenemos 18 en total y para colmo no todas están cubiertas. Es imposible hacernos cargos de este tipo de delitos”, comentó un fiscal.

Los fiscales consultados por LA GACETA explicaron que no están preparados para afrontar la investigación de casos de narcomenudeo. No solo dijeron que no tienen la experiencia necesaria, sino que tampoco cuentan con personal capacitado y, por sobre todas las cosas, no tienen los recursos que se necesitan para realizar una pesquisa de estas características. El debate recién comienza.

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