Persiste la mora en leyes de acceso a la información

Los hay opositores y hasta oficialistas. Sin embargo, sin distinción de procedencia política, ningún proyecto de acceso a la información pública parece destinado a tener éxito en la Legislatura tucumana. Al menos una decena de iniciativas con ese objetivo fueron presentadas a lo largo de esta gestión, y ninguna siquiera obtuvo dictamen favorable en comisión.

La sanción de normas que ayuden a transparentar los actos de gobierno forma parte del paquete de reforma política provincial, y cobra dimensión teniendo en cuenta que hoy se celebra el día la Libertad de Prensa (instaurado en 1993 por la Asamblea de las Naciones Unidad). Es tal el grado de atraso normativo local que Tucumán integra el lote de las siete provincias sin ninguna legislación relativa al acceso a la información, junto a Formosa, La Rioja, La Pampa y San Juan. El año pasado, esta demora quedó expuesta en una circular que envió el Ministerio del Interior de la Nación a estos distritos, invitándolos a adherir a la Ley Nacional (27.275). La norma, promulgada en 2016 por el presidente, Mauricio Macri, estableció un año para su reglamentación, por lo que entró en vigencia en octubre pasado.

Ya en reiteradas ocasiones, el gobernador, Juan Manzur, expuso sus intenciones de avanzar con una ley específica. De hecho, lo había adelantado durante la 54° Asamblea de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) celebrada en septiembre de 2016 en Tucumán. Ante representantes de la prensa nacional, Manzur se había comprometido a promover la adhesión. “Es saludable, nos hace bien a todos”, había subrayado. Un par de meses después, en noviembre, el entonces secretario General de la Gobernación, Pablo Yedlin, había dicho que la Provincia no adheriría a la norma nacional, sino que promovería un texto propio. “La ley nacional es muy buena, pero nos entusiasma más armar una propia, que sea más ambiciosa”, había planteado el actual diputado.

Desde entonces, al menos desde el Poder Ejecutivo local no se registró ningún nuevo avance. Sí se presentaron iniciativas legislativas que, durante estos más de dos años de gestión, no obtuvieron tratamiento en el recinto. La primera iniciativa de este período de gobierno corresponde a septiembre de 2016, y fue presentada por los opositores José María Canelada, Adela Estofán de Terraf, Eudoro Aráoz (todos radicales) y por Claudio Viña (Nueva Fuerza).

Desde entonces, se sucedieron proyectos impulsados por referentes opositores y del oficialismo, sin que lograran superar la instancia de discusión en comisión. La última propuesta, curiosamente, también lleva la firma de Viña, aunque sin cofirmantes. El texto más reciente data de octubre del año pasado. Ahora, todas esos documentos fueron girados a la comisión especial de Reforma Política, que preside el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, y que integran todos los presidentes de bloque con representación parlamentaria. “Lógicamente que el acceso a la información pública es un tema muy importante para nosotros. Los proyectos serán tratados en ese marco de la comisión que presido”, planteó el presidente de la Cámara.

“Una deuda pendiente” 
El oficialista Gassenbauer recordó que es una obligación del Estado “rendir cuentas”
El legislador oficialista Guillermo Gassenabuer es el autor de uno de los proyectos presentados por el acceso a la información pública, y admite que hay una mora del Estado. “La sanción de esta ley es una deuda pendiente, ya que se trata de una obligación del Estado rendir cuentas ante sus representados. Es necesario y obligatorio garantizar transparencia y responsabilidad en la gestión pública”, remarcó el parlamentario. El texto de Gassenbauer lleva la firma de una decena de legisladores oficialistas, fue presentado en octubre de 2016 y establece, entre otras medidas, la creación de un Portal de Transparencia. 

Cerrojo informativo 
La provincia tampoco cuenta con una ley de Ética en la Función Pública
Desde 2013, la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (Feput) intenta que la Legislatura discuta un proyecto de ley de Ética en la Función Pública. A tal punto llega el cerrojo informativo en el Estado que las declaraciones juradas de los funcionarios públicos son secretas. Así lo establece la ley 3.981, del 27 de julio de 1973. La normativa provincial nunca fue reformada, pese a que desde su aprobación en el país se ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción (1996), y el Congreso de la Nación sancionó la Ley 25.188, de Ética de la Función Pública (1999). 

“Dejados de lado” 
El radical Valdez dice que el oficialismo ejerce una democracia de “baja intensidad”
“Los tucumanos tenemos una democracia de baja intensidad. Los proyectos que apuntan a la modernización del Estado y a la transparencia son dejados de lado”, reflexionó el legislador radical Fernando Valdez, autor de una iniciativa tendiente al acceso a la información pública. “Existe una deliberada vocación del oficialismo de mantener el status quo en todos estos temas. La reforma electoral y política vinculan estos proyectos, pero no consiguen despertar el interés del oficialismo tucumano”, afirmó el opositor. La iniciativa de Valdez, de agosto del año pasado, lleva la firma de sus pares Ariel García y Raúl Albarracín.