17 Abril 2018
CÓRDOBA.- Según Oscar González, ex jefe de Gabinete del gobierno cordobés, durante el motín policial de diciembre de 2013 “la conducción de la Policía (provincial) era incapaz de resolver este tema”. Así lo declaró ayer en la última audiencia de testimoniales en el juicio contra 56 integrantes de esa fuerza, imputados por los acuartelamientos.
“Ningún funcionario nacional atendió el teléfono”, aseguró González al referirse a la huelga de uniformados que derivó en saqueos a comercios, más de 200 heridos y un muerto. El ex funcionarios aseveró que los infructuosos intentos de comunicación iban dirigidos al entonces jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el secretario de Seguridad, Sergio Berni; a la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez; y al ministro de Interior, Florencio Randazzo.
Para el actual legislador provincial del PJ, la pasividad del Gobierno nacional de la época obedecía a un “aprovechamiento político” de funcionarios federales que llegaron a decir que había que dejar a los cordobeses “cocerse en su propia tinta”.
El 7 de junio comenzarán los alegatos finales. En tanto, la Cámara XII del Crimen desistió “por motivos de salud” de tomar declaración testimonial al ex gobernador José Manuel de la Sota, que ejercía el mandato pero no estaba en Córdoba al estallar el motín policial.
Sindicados como instigadores del motín, 12 oficiales y 44 suboficiales de la Policía provincial son juzgados por incumplimiento de deberes de funcionario público, desobediencia a la autoridad, uso indebido de dinero público e incitación de cometer delitos.
Según la elevación a juicio, el amotinamiento implicó un “cese de la actividad preventiva” policial y convirtió a la ciudad de Córdoba en zona liberada para la sucesión de “hechos delictivos que empezaban a perpetrarse”. Se indica también que el movimiento, que invocó motivos salariales, dejó “desprotegidos a los ciudadanos” en “esas nefastas y tristes horas” del 3 y 4 de diciembre de 2013. (Télam)
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