Legisladores reciben a la Corte por el renovado proceso penal

El alto tribunal informará sobre las herramientas necesarias para aplicar el nuevo sistema. La Legislatura prorrogó la aplicación del reformado Código de Procedimiento hasta el 1 de febrero de 2019. Cruces y reclamos.

17 Abr 2018
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LABOR PARLAMENTARIA. Autoridades de la Legislatura se reunieron ayer. prensa legislatura

Las autoridades del Poder Legislativo recibirán hoy a sus pares de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) para trabajar en la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal provincial, que regirá a partir del 1 de febrero de 2019.

La reunión se produce ocho días después de la sesión especial en la que legisladores aprobaron una nueva prórroga en la implementación de esa normativa, que promete acortar los plazos de las causas abiertas por delitos (desde motoarrebatos hasta homicidios).

En aquel debate, oficialistas y opositores habían expresado críticas al alto tribunal por la supuesta mora en la aplicación del renovado Código. Por ello, sancionaron sobre tablas y por unanimidad una resolución que solicita a la Corte Suprema “un informe sobre el grado de avance en que se encuentra” la puesta en marcha de esa norma, en el que deben estar incluidos “los aspectos presupuestarios, edilicios, de recursos humanos y toda otra herramienta necesaria para la prestación del servicio de justicia en materia penal”.

El encuentro de hoy es considerado de alta relevancia institucional dentro del cuerpo legislativo. Por eso, la comisión de Labor Parlamentaria -integrada por los jefes de los bloques políticos y las autoridades de la Legislatura- resolvió ayer pasar a un cuarto intermedio y no convocar a una sesión para el jueves próximo, como estaba previsto. “(Esperaremos) que la Corte plantee cuáles son las necesidades de sanción de algunas leyes por parte este poder”, señaló el titular subrogante de la Legislatura, el peronista Fernando Juri. Agregó que, además, las comisiones internas del cuerpo legislativo contarán con más tiempo para emitir dictámenes respecto de otros proyectos bajo estudio.

Está contemplado que el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, encabece la recepción de la reunión de hoy. Estará acompañado por Juri y por las demás autoridades internas, el vicepresidente 1°, Juan Ruiz Olivares (PJ), y el vicepresidente 2°, Ariel García (UCR). Fueron invitados además los jefes de los bloques políticos del oficialismo y de la oposición.

Se espera que concurra a la sede de Muñecas 951 el presidente de la Corte Suprema, Daniel Posse.

El fin de semana, LA GACETA anticipó algunos de los requerimientos que expresará el titular del alto tribunal ante los legisladores. Tras reunirse con unos 30 magistrados del fuero penal, Posse concluyó que hacen falta 80 jueces, fiscales y defensores oficiales más para aplicar el Código Procesal Penal provincial a partir de la nueva fecha fijada por la Legislatura. “Es una cifra fundada en la pauta internacional que indica que debe haber un juez cada 16.000 habitantes. Chubut puso en marcha un código como el de Tucumán con ese parámetro. Para designarlos en el corto plazo necesitamos sí o sí la ley de concursos múltiples”, dijo Posse el jueves pasado.

En la última sesión, el radical Fernando Valdez se había mostrado a favor de instrumentar ese régimen en el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), órgano de preselección de jueces, fiscales y defensores oficiales.

El código de procedimientos penales vigente data de 1991. En 2012, por impulso del alto tribunal, se comenzó a analizar la instrumentación, vía acordada, de un plan piloto para los tribunales del sur con el sistema adversarial. Entonces, el oficialismo de la Legislatura salió al cruce por un supuesto avance de la Corte Suprema sobre sus potestades constitucionales. Por fin, se conformó una comisión especial interpoderes que trabajó durante más de dos años para elaborar un anteproyecto de ley. El reformado Código Procesal Penal fue sancionado en 2016, y debía ser aplicado el 1 de septiembre de 2017. Dos semanas antes, por pedido de la Justicia, la Legislatura aplazó la instrumentación hasta el 1 de abril de 2018. Ese día llegó y, según coincidieron oficialistas y opositores, la CSJT no solicitó a tiempo la nueva prórroga. Por eso, el lunes de la semana pasada se realizó una sesión especial en la que se fijó el 1 de febrero de 2019 como nueva fecha. Las críticas afloraron en el recinto. Hoy, tras las tensiones, autoridades de ambos poderes tratarán de reencauzar las relaciones.

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