Las dos caras de Manzur

Juan Manzur está por comenzar una nueva semana incómoda. La anunciada visita del presidente Mauricio Macri lo pone en la vidriera nacional en un momento de debilidad política. El pico de violencia y de inseguridad lo tomó sin reflejos y dubitativo, lanzando respuestas tardías.

La gestión avanza y resulta cada vez más difícil encasillarla. ¿Es una continuidad del alperovichismo? ¿Existe el manzurismo? ¿Se le entrometió el jaldismo? La figura de Manzur parece haber quedado absorbida por las presiones de los otros dos caciques del peronismo. José Alperovich y Osvaldo Jaldo le arrebatan constantemente la iniciativa política. Uno, el senador, por presencia y ascendencia con buena parte de la dirigencia oficialista. El otro, por acción. En 2018, la Legislatura se inmiscuyó en asuntos netamente de gestión, como la inseguridad y la aplicación del Boleto Estudiantil Gratuito. A Manzur no le quedó más alternativa que celebrar esas medidas.

Algo parecido le aconteció la semana pasada con la construcción del centro para recuperación de adictos en La Costanera. Es tan trascendente el gesto político como el impacto que esa obra pueda tener en la salud de los jóvenes de la barriada. Pero Manzur no lo tuvo sino hasta después de que el conflicto volvió a estallarle. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, debió decir en el Congreso que la Nación no haría el Cepla para que el gobernador reaccionara. En su favor, hay que decir que tampoco lo ayudan. Los principales escuderos suyos en Diputados ni siquiera sabían que Peña iba a exponer eso en el recinto, pese a que el informe escrito estaba a disposición de ellos desde antes e, incluso, el macrista lo había colgado en las redes sociales en la mañana del miércoles. Era tan solo cuestión de leer para anticiparse.

El otro yerro

Tampoco dejó bien parado al gobierno la falta de respuestas frente al reclamo de vecinos de Los Vázquez. Una vez que LA GACETA reveló el daño que una laguna contaminada les estaba ocasionando a los niños, debieron pasar 48 horas para que se dijera que había un plan que se ejecutaría en ocho meses y que costaría poco menos que la primera cuota que se pagó al estudio de César Pelli por el proyecto del Centro Cívico. En el medio, obviamente, el intendente Germán Alfaro le quitó los titulares: envió máquinas y operarios para dar, al menos, una solución a corto plazo. Si efectivamente la Provincia tenía esa solución a mano, ¿por qué no la planteó antes? El argumento de que a las máquinas se las habían llevado al sur para reparar los daños causados por las inundaciones de marzo de 2017 suena a burla.

Si el titular del Poder Ejecutivo tuviera más seguido los reflejos que mostró el jueves para anticiparse al fallo de la Corte Suprema por la crisis carcelaria (empezó el desalojo de dos comisarías antes de que la Corte se lo ordenara), distinta sería su presencia política. Ahí sí funcionaron los contactos palaciegos de los responsables “legales” del Gobierno. Pero Manzur no aparece y, cuando lo hace, generalmente llega tarde. El gobernador, además, se muestra ensimismado. Desde hace días dispuso que haya un nuevo subinterventor en la Caja Popular de Ahorros, pero no lo hizo público. Quizá ese paso silencioso tenga relación con los antecedentes del nuevo funcionario. José Díaz es abogado de varios gremios, pero fundamentalmente de uno: La Bancaria. El letrado fue uno de los que “bancó” la parada legal de Carlos Cisneros y compañía en el peor momento de la relación entre Alperovich y ese sindicato, y que tenía a la Caja como campo de batalla. A priori, lo dispuesto por Manzur representa una medida de independencia política respecto de su antecesor, que incluso se debería festejar. ¿Será casualmente por eso que optó porque pasara desapercibida?

Con esa sensación de lejanía, Manzur deberá recibir al Presidente el jueves, con todo lo que eso implica. Si hubo reproches de la Casa Rosada en las anteriores visitas, por qué esta vez debería ser diferente. En el caso de Tucumán, son varios los reclamos que traerá consigo Macri.

En esa lista hay dos que son centrales para Cambiemos: las leyes de ART y PYME. La primera, que apunta a bajar considerablemente la litigiosidad laboral, no está en los planes del oficialismo local porque nadie quiere sumar un foco de tensión con los gremios. La segunda es esencialmente una norma que tiende a la estabilidad fiscal de las pequeñas y medianas empresas (no subiéndoles impuestos por un tiempo). El proyecto fue aprobado por la Cámara, pero vetado por Manzur con el argumento de que podría ocasionar una pérdida de ingresos a la Provincia. Un dato del que seguramente el gobernador ya tomó nota: la semana pasada, el formoseño Gildo Insfrán debió tolerar los retos del Presidente.

Ese es el listado prioritario de quejas macristas, pero están latentes otras “deudas” de la Provincia en materia de transparencia. La anunciada reforma electoral es la central, aunque por detrás aparecen la ética pública y las normas de acceso a la información pública. Tucumán atrasa décadas en la materia y se lo enrostran con frecuencia la oposición y las organizaciones civiles al gobernador. Pero Manzur mira para un costado, con un dejo de desdén en una sonrisa que, a estas alturas, resulta inexplicable.