Un paso hacia la transparencia en la Justicia Federal

La exposición de los patrimonios de los funcionarios públicos fortalece la república y la democracia en cuanto permite juzgar la forma de vida de las autoridades y, a la vez, controlar los siempre lábiles límites entre el bien común y el bien particular de los gobernantes. Pero, sobre todo, confiere transparencia a las instituciones del Estado en tiempos donde ese reclamo suena con la máxima potencia.

La edición de hoy contiene un informe sobre la composición patrimonial de los jueces federales con asiento en Tucumán: esta publicación es histórica puesto que nunca antes había sido posible exhibir las declaraciones juradas de la judicatura. El acceso a la información vedada ocurrió por el giro del Consejo de la Magistratura de la Nación, una apertura reflejada en la Resolución 237/2014. Esa normativa abre las declaraciones juradas de los magistrados de la Nación a los ciudadanos interesados en conocerlas, algo que venía sucediendo desde la primera década de este milenio respecto de los integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Nación, y de los órganos que dependen de ellos. Si bien las manifestaciones de bienes, deudas e ingresos tienen sus limitaciones (los detalles de los datos constan en anexos reservados), los formularios disponibles permiten formar una opinión sobre el estilo de vida y los intereses de los funcionarios. Esto reviste una sensibilidad particular en el caso de los jueces, puesto que su función es decidir sobre la libertad, el honor y los bienes de la población: por este motivo están obligados a dar ejemplo de rectitud y virtud. La ética ha de prevalecer en todos los ámbitos públicos, pero, fundamentalmente, en la Justicia, puesto que, como se sabe, la fuerza de los fallos y decisiones judiciales yace en los fundamentos que las sostienen y en el prestigio del tribunal.

De aquella idea central deriva la necesidad de que los jueces sean honrados y, a la vez, lo parezcan. Los magistrados no pueden simplemente aplicar el derecho: se les pide más. No alcanza con que en su fuero íntimo se sientan independientes y comulguen con la honradez: también hace falta que demuestren tales condiciones. En pocas palabras, que la sociedad pueda ver que su magistrado cultiva la discreción y la austeridad, además del conocimiento jurídico. Sólo ese juzgador logrará el respeto de la sociedad que ha de obedecer sus sentencias.

En una coyuntura que combina desigualdades profundas; elevados índices de pobreza y consumismo exacerbado no resulta sencillo saber qué estilo de vida debe llevar el juez. Para resolver esta duda, algunos poderes judiciales han adoptado códigos de ética que tipifican y precisan pautas adecuadas de conducta. No es el caso de Tucumán, donde una ley local establece que las declaraciones juradas de los funcionarios públicos son confidenciales e, incluso, penaliza su divulgación. Tampoco hay norma de acceso a la información pública, pese a que el oficialismo ha prometido numerosas veces que cubrirá este vacío legal inquietante.

Si el Estado entraña un servicio al prójimo, nadie puede ingresar a él con el propósito de hacer fortuna. Los jueces han de vigilar que esto se cumpla y sancionar la corrupción, palabra que en definitiva designa al desvío de la función pública hacia el beneficio individual. Por eso la corrupción de los magistrados es la que mayores víctimas genera y la que más traiciona la organización republicana descrita en la Constitución. Y por eso cada vez que los Tribunales dan un paso hacia la transparencia y permiten que la mirada de la sociedad penetre entre sus muros aumenta la expectativa de que habrá justicia para los excesos del poder, que es lo mismo que decir igualdad ante la ley.