Hundidos en la violencia

“¿Cómo lidiamos con los locos si no sabemos cómo piensan?” (Bill Tench, personaje de la serie “Mindhunter”. T 1 Cap 2

La semana más violenta en mucho tiempo acaba de pasar. Los 10 homicidios ocurridos desde el domingo pasado (suman 32 las muertes violentas en lo que va del año) no sólo han sembrado inquietud sino que se dan en medio de una crisis carcelaria tremenda. Hay 770 detenidos hacinados en las comisarías, más que nunca, pese a que hace dos años la Justicia dictó un hábeas corpus para que el Estado sacara a los 730 detenidos de entonces de las seccionales. Hoy la cárcel, con 1.100 presos, tiene cerrada la entrada a más “inquilinos”. Y por todas partes, el drama de los motochorros, el delito más temido, que ha dejado esta semana escenas de tragedia: la muerte del niño de 12 años, motociclista precoz, de un balazo policial en la nuca en la zona del parque, al igual que otro motociclista, presunto arrebatador, Andrés Ledesma, ejecutado desde un auto que lo perseguía por avenida Coronel Suárez al 1.000. El viernes, otro joven, Juan Manuel Gómez, fue víctima fatal de un motochorro en avenida Juan B. Justo y San Ramón.

Propuesta reincidente

Ese delito más temido es el que está en las cabezas de funcionarios de los tres poderes esta semana, desde que el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, presentó su proyecto para aumentar la posibilidad de aumentar el tiempo de detención de los motochorros, “rompevidrios” (que atacan a autos en los semáforos) y escruchantes capturados in fraganti. La idea es que los delincuentes, que hoy se confían en que no van a ir a prisión porque las penas son mínimas, piensen dos veces ante la idea de pasar detenidos ocho o 10 meses y hasta aceptarían un juicio abreviado o una mediación antes de un mes, con lo cual saldrían pero ya tendrían un antecedente que agravaría su pena en caso de caer nuevamente detenidos. Y como dice el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, “generalmente los que pillamos son reincidentes y están en la calle”, ergo, el proyecto podría funcionar, según la idea de los funcionarios, legisladores y del ministro Fiscal.

Pero en la Corte Suprema fueron reticentes al momento de dar su opinión sobre esta propuesta, habida cuenta de que ya fracasaron otras de similar tenor como la de la preventiva para capturados in fraganti y la ley contra motoarrebatadores de 2014. El año pasado también fracasó la propuesta de prohibir que circulen dos hombres en moto y de obligar a los motociclistas a usar chalecos reflectivos con el número de patente en la espalda. A pesar de que en enero del año pasado el entonces secretario de Seguridad, Paul Hofer, había dicho que el motoarrebato era el peor delito, por el alto impacto que generaba en la sociedad. El fracaso del proyecto en diciembre ya era un síntoma de un mundo político impotente frente a un problema que ha crecido a niveles geométricos en la última década. En 2009, cuando falleció una señora atacada por dos motoarrebatadores que la hicieron caer al suelo para robarle la cartera en Julio Prebisch y Sáenz Peña, ya el entonces jefe de Policía decía lo mismo que hoy dice Jaldo: “el 30% son reincidentes”. El 90% de los detenidos habían sido capturados in fraganti y el asunto ya asustaba mucho aunque las cifras que se daban a conocer entonces sonaban ínfimas comparadas con las de hoy: 199 arrestados en 2008 y 128 en 2009. Hoy se calcula que hay más de 20 ataques por día en el gran Tucumán y que se detiene a un porcentaje ínfimo de esas personas.

¿Es posible saber la cantidad cierta de ataques de arrebatadores y de detenciones por este motivo? El ministro Fiscal Jiménez dice que no las tiene, y tampoco las tienen los fiscales Adriana Giannoni y Diego López Ávila, quienes, en su momento, estudiaron el caso en alguno de sus turnos. Pero no llevan un inventario metodológico de estos datos, y mucho menos una clasificación: arrebato, arrebato con arma de fuego, arrebato con lesiones, zona de ocurrencia, etcétera. No lo llevan los fiscales (que tampoco comparten las informaciones entre sí) y mucho menos los policías, que siguen recopilando los datos en papeles que distribuyen según su antojo. Por ejemplo: en el Ministerio Fiscal hay una oficina donde se deberían recibir todos los días los partes policiales cotidianos de todo el centro judicial capital, que abarca el Gran Tucumán desde Lules y hasta Burruyacu y Trancas. Una mirada a los partes policiales más importantes de la última semana revela la ocurrencia de delitos: sobre 65 causas, nueve son por violencia de género, dos “rompevidrios”, dos arrebatos a pie, 24 motoarrebatos (incluyendo en esto robos de motos), dos palizas de vecinos a motoarrebatadores y un solo caso de detención de motochorro. Pero este relevamiento en el Ministerio Fiscal es parcialísimo, porque sólo envían sus informes la Unidad Regional Este, las comisarías 1a, 2a, 11a, 12a y 13a, y la Didrop. Otras, como la seccional 4a de San Cayetano, zona donde esta semana hubo tres asesinatos, no informa al ministerio (seguramente sí lo hace en la fiscalía de turno). Tampoco lo hace la comisaría 3a, a la que le corresponde la zona de la avenida Kirchner, donde en febrero fue asesinado por motochorros José Luis Bolart cuando cambiaba la rueda de su auto, y donde un policía mató a un motoarrebatador adolescente, Víctor Raúl Robles, el 15 de ese mes. Una idea de lo que sucede fue aportada por una vecina: “por la avenida circulan decenas de chicos arrebatando”.

Consultado el ministro Jiménez sobre las razones por las que no hay una adecuada recolección de datos sobre motoarrebatadores, pese a que la propuesta de ley que envió a la Legislatura versa sobre esta plaga urbana, contestó que un equipo del Ministerio está procurando relevar los datos en las fiscalías. Consultado con respecto al riesgo de que la modificación a las normas caiga por defectos legales, respondió que en Mendoza hay una ley similar y que apuesta a que se podrá hacer que los arrebatadores in fraganti queden mucho tiempo detenidos con preventiva. Preguntado sobre cómo hará la Justicia colapsada para responder con este nuevo sistema, respondió que aspira a que en poco tiempo más cuente con 15 fiscalías funcionando en la capital y que haya infraestructura para ellas. Pero no sabe cuándo.

A decir verdad, las capturas de motoarrebatadores no han tenido buen destino en la Justicia. En virtud de que los delitos de que se los acusa son leves (hurto, de un mes a dos años), quedan libres casi en el acto y aunque se probara que son reincidentes sería difícil que lleguen a juicio porque las penas serían menores y las cámaras penales están saturadas con casos de homicidios u abusos sexuales. Los arrebatadores van a juicio sólo cuando el daño es enorme, como en el caso de la escribana María Isabel Osores, atacada en La Plata al 100 en octubre de 2010 por dos adolescentes de San Cayetano. Fueron condenados en 2012 . El jefe de Policía de entonces, Hugo Sánchez, repetía la cantilena policial sobre estos casos “(Los arrebatadores) son reincidentes. Cometen un delito y saben que van a salir en 10 días”. Hoy el intendente de Yerba Buena -que dice que tiene entre seis y ocho ataques por día en su comunidad- afirma que a los delincuentes los detienen y en el mismo momento la justicia los suelta. Sin que se entienda cómo puede ser esto con cárceles y comisarías llenas.

La cuestión es que se está por legislar de nuevo y nadie sabe qué es lo que está pasando, si bien todos tienen conciencia de que hay una situación caótica y desbordada, en la que las calles se han convertido en zona de peligro por la que pueden aparecer agresores por cualquier parte. Ha pasado una década al menos y el sistema ha demostrado su absoluta incapacidad, obligando a la sociedad a refugiarse en alarmas, guardias de seguridad públicos y privados, armas en las casas (no se sabe cuántas). ¿No habrá llegado el momento de plantearse si repetir las mismas estrategias de los últimos años no habrá sido lo que nos llevó a esta situación? Cuando se intenta explicar las causas, se habla de problemas sociales, exclusión, deserción escolar, desigualdad, abandono de la niñez, falta de códigos (de esto y del aumento de la violencia se habla desde los años 90) y desde hace unos años, de la droga que ha copado las zonas marginales, como causal de violencia y delito. Pero a medida que se secuestra cada vez más droga, aumenta cada vez más el delito. Habría que estudiar lo que pasa, ver por qué no funcionan los operativos de saturación y por qué aumentar los patrulleros y las motos, poner cámaras (que ya andan mal) y un sistema reactivo como el 911 no ha ayudado a pacificar la sociedad.

Sociedad amortiguada

Y cuando se habla de causas estamos tan obnubilados por la violencia que no nos preguntamos qué hemos hecho como sociedad para que un niño de 12 años esté en las calles oscuras arriba de una moto. Y por qué no nos alarma que un policía lo mate de un balazo en la nuca.

Tiene un debate pendiente la comisión de emergencia en seguridad de la Legislatura, que hasta ahora sólo ha demostrado impotencia frente a un Poder Ejecutivo que no se ha mostrado interesado en cambiar nada y ha explicado que poco puede hacer sin presupuesto. Mientras tanto, los motoarrebatadores reinan en las calles. Los describió hace tiempo la lectora María José Macián (“Carta al motoarrebatador”, 10/9/2012). Los llamó “señores de las sombras” que llevan “desdicha y abuso” y definió que “mi ciudad sería hermosa sin ustedes. Ojalá surja algún valiente que logre desterrarlos”.