El crónico problema de las usurpaciones

Las usurpaciones de propiedades privadas y de tierras del Estado durante este primer trimestre se han convertido en Tucumán en una de las principales angustias ciudadanas.

En los últimos casos dados a conocer por LA GACETA se ha podido apreciar que las autoridades, en los más diversos niveles, se han ocupado en conjurar ocupaciones ilegales, que conculcan nada menos que el derecho a la propiedad, uno de los pilares del ordenamiento jurídico occidental. Los funcionarios de Yerba Buena actuaron ante asentamientos en su propio ejido urbano, como el del barrio Apunt, y también en los que se dieron en tierras de El Manantial. A la vez, ellos destacaron la colaboración inmediata de la Policía de la provincia.

La contracara de esta colaboración interjurisdiccional es que la intervención de las autoridades sólo opera después de que los vecinos hacen público que se están produciendo usurpaciones. Es decir, el Estado se entera del problema luego de que detona. En otras palabras, la Provincia carece de un sistema para prevenir estos delitos.

Esta falta de una sistematización en el obrar estatal para conjurar situaciones que son previsibles supone consecuencias serias. La primera de ellas consiste en la siempre latente posibilidad de incidentes entre ocupantes y propietarios. La segunda, ya verificada, es que hay usurpaciones que terminan teniendo éxito, en perjuicio de los dueños legales del inmueble. Esto, por caso, se verifica en el caso del barrio Apunt, donde se mantienen asentamientos producidos hace tiempo: los de finales de febrero fueron una nueva avanzada.

Otro elemento perturbador es el convencimiento de las autoridades yerbabuenenses de que estas ocupaciones son “una movida política”, motorizadas por punteros y auspiciadas por dirigentes. Los fiscales de instrucción investigan estas denuncias. Sin embargo, no se puede eludir que, de comprobarse esta hipótesis, los tucumanos no estarían ante nada nuevo.

En rigor, buena parte del poblamiento de la periferia de San Miguel de Tucumán, desde hace décadas, ha seguido esa lógica: terrenos que han sido ocupados con una llamativa planificación. De la noche a la mañana, con dudosa espontaneidad, inmuebles completos eran usurpados por el exacto número de familias que hubieran cabido si antes hubieran sido parcelados. Justamente, todos se acomodaban en lotes de dimensiones similares. Y, con el transcurso del tiempo, el Estado urbanizaba el sector, a lo que seguían los planes de regularización dominial.

Hay, entonces, una memoria histórica sobre la lenidad del Estado, que ha logrado que la usurpación se tornase en una manera eficaz de acceder a una propiedad en esta provincia.

La UNT, por ejemplo, sufre por estos días de esos precedentes. Cuando se creó el Parque Biológico Sierra de San Javier había personas viviendo en terrenos desde hacía años y se respetó esas posesiones. Pero estas nunca se extinguieron, porque las sucesivas generaciones no sólo se quedaron allí sino que además fueron extendiendo las superficies ocupadas. Por estos días, de hecho, se suscita un conflicto con un lugareño que está construyendo una vivienda.

Estas cronicidades hacen patente que el Estado no planifica el crecimiento de sus ciudades, así como tampoco planifica el crecimiento de sus áreas cultivables. Y esa imprevisión política, en la provincia con la menor superficie territorial de la Argentina, es imperdonable.