“Hay una crisis de credibilidad”, dice Jiménez

“Desde que llegué (al cargo de ministro fiscal y pupilar) vengo advirtiendo sobre la falta de respuestas de la Justicia a la gente. Esto generó respuestas muy críticas en mi contra, que incluyeron afirmaciones difamatorias y hasta un juicio político. Ahora, una encuesta pone en cifras mi preocupación original”. La reflexión es de Edmundo Jiménez, titular del Ministerio Público Fiscal, quien ratificó -a pesar de que eso ya se desprende de sus declaraciones- que no le sorprendió la encuesta que publicó ayer LA GACETA, en la cual se da cuenta que sólo uno de cada cinco tucumanos considera “confiable” a los jueces y los tribunales. En similar sintonía, Marcelo Billone, presidente del Colegio de Abogados de Tucumán, advirtió la gravedad del informe ya que la Justicia es “el último reservorio que tienen los ciudadanos”.

Los factores

“La falta de respuestas (de los tribunales) a la sociedad genera la crisis de credibilidad de la que estamos hablando. Y eso se debe a múltiples factores. En particular, le asigno mucha importancia al hecho de que la gente se da cuenta de las situaciones por las que atraviesa el Poder Judicial. Y esto repercute (en la credibilidad) de todos los fueros, sin distinciones”, analizó el funcionario judicial.

“Las situaciones” a las que se refiere Jiménez abarcan diferentes aspectos, desde cuestiones administrativas hasta edilicias, pasando por flagelos sociales. El primero de ellos es la cantidad creciente de despachos vacantes y la consecuente mora judicial que provocan esas acefalías. “Las subrogancias son un remedio necesario. El sistema debe ser ágil y los jueces o fiscales (suplentes y externos) que se designen deben ser temporarios”, postuló. Una segunda faceta, a criterio del ministro fiscal, es la falta de espacio físico. “Esto representa un problema muy serio, agravado por el hecho de que incorporar más espacios es lo que más demora en concretarse”. Ejemplificó que hay empleados que deben trabajar en turnos diferentes, aunque uno de ellos tenga más demanda que otro, porque no tienen lugar. Además, hizo hincapié en la falta de capacidad de alojamiento para los detenidos.

Una tercera cuestión, según el jefe de los fiscales, es el crecimiento desmedido del narcotráfico y el consumo de drogas ilegales. “El Ministerio Público Fiscal advirtió sobre el problema de las drogas como uno de los más importantes del país y de la provincia. Y vemos que, lamentablemente, a este flagelo no se le presta la misma atención que a otras problemáticas”, puntualizó. Al respecto, recordó que se confeccionó una estadística a partir de los datos obtenidos durante todo el turno de una fiscalía. “El 80% de los detenidos dijo que había consumido drogas”, recordó.

Un cuarto aspecto, sostuvo, es la creciente inseguridad. Y, en ese contexto, la sociedad ya no sólo demanda respuestas de las fuerzas de seguridad, sino también de la Justicia. “Y, sin jactancias, sostengo que esa conciencia social comenzó a forjarse con las advertencias que yo realicé acerca de las faltas de respuestas de la Justicia con la gente. Porque mi planteo no fue eximir de responsabilidad al poder político ni a las fuerzas de seguridad, sino advertir que el Poder Judicial también tenía responsabilidades en esta materia”, manifestó.

Más allá del diagnóstico, LA GACETA le consultó cuáles cree que son las medidas para revertir esta situación. Específicamente, se refirió a dos anteproyectos de ley que está elaborando para presentarlos a los legisladores tucumanos. “Por un lado, para dar respuestas en materia de seguridad, estamos elaborando una iniciativa referida al dictado de prisión preventiva para motoarrebatadores y para quienes cometen escruches”, detalló. Sin embargo, Jiménez reconció que una propuesta de esta naturaleza puede encontrar resistencia. Por otro lado, en materia administrativa, el ministro fiscal propuso que, por cada fiscalía, funcionen dos secretarías durante la mañana (hoy funciona una en el turno matutino y otra en el vespertino), con dos auxiliares de fiscal por cada secretaría. “También propongo especializar las fiscalías por delito y, consecuentemente, dotarlas de equipos con profesionales especializados para cada área”.

En cuanto a la autocrítica, Jiménez sostuvo que trató de hacer que el Ministerio Público Fiscal vaya creciendo y vaya resolviendo esta falta de respuestas a los ciudadanos. “Pero desde un primer momento fue una tarea muy difícil y en la que he encontrado muchos obstáculos, hasta marzo del año pasado, cuando se aprobó la ley que confiere autonomía y autarquía al Ministerio. Desde entonces, se hizo más fácil crecer, sobre todo en materia de espacio físico, que es un gran limitante”.

“Preocupante”

“De alguna manera, la confianza es el alimento del sistema judicial. Y aquí vemos que hay una desconfianza muy grande”, reprochó Billone, quien aclaró que la medición realizada por el Indec se refiere al ámbito penal. “De todos modos, es preocupante para todos que el 70% de la población no confíe en la Policía, que es la institución encargada de garantizar la seguridad; ni en la Justicia Penal que es la que debe llevar adelante la investigación y la sanción de los delitos”, aclaró.

El presidente del Colegio de Abogados de la Capital atribuyó a múltiples factores la desconfianza de la ciudadanía a la Justicia. Al igual que Jiménez, analizó que entre esas causas están las carencias edilicias y de infraestructura, y la “evidente insuficiencia” de las unidades jurisdiccionales; es decir, fiscalías y juzgados.

Además, ennumeró como un factor más la falta de profesionalización de la Policía. “Todo eso trajo como consecuencia que muchas causas prescriban y que se investiguen y juzguen sólo las más graves. Pero también creo que ha fallado el factor humano. Ha habido procesos particularmente sensibles para la sociedad y algunos fiscales y jueces parecen haberse encargado de planchar o de dilatar con la consiguiente afectación que eso le produce a la Justicia toda”, añadió.

Billone consideró que el paulatino descreimiento de la sociedad hacia jueces y fiscales es un proceso que empezó hace más de 10 años. “La seguridad y el fortalecimiento del Poder Judicial debieron haber sido políticas impostergables del Estado provincial y no lo han sido”, se lamentó.

Además, apuntó contra el gobernador Juan Manzur por la “evidente reticencia” con la escoge los pliegos. En ese sentido, expresó que sería un “gesto de grandeza” que el mandatario imitara la legislación cordobesa, provincia en la que desde 1999 un decreto autolimita la atribución constitucional del gobernador de proponer jueces. “¿Usted cree que podría ocurrir?”, le preguntó LA GACETA. “La ilusión es lo último que se pierde”, respondió entre risas.