16 Febrero 2018
Así como sucedió con la suba del gas, la Defensoría del Pueblo de Tucumán accionó ahora contra el aumento de la tarifa de la electricidad. Y pidió a la Justicia Federal la restitución de los subsidios a los usuarios, tal como estaba estructurado antes de diciembre pasado.
“El aumento del servicio público de electricidad resulta arbitrario, confiscatorio, ilegítimo e irrazonable, no solo en virtud de los porcentajes de aumento aplicados, sino por no haber observado ni respetado las garantías y procesos constitucionales previstos para este tipo de medidas de alcance económico general”, indica en su presentación judicial el ombudsman Fernando Juri Debo.
De acuerdo con el escrito, no se han observado “los criterios rectores en relación a la razonabilidad de la política tarifaria, fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros e/ Ministerio de Energía y Minería sobre amparo colectivo”.
“Esperamos que ese fallo de la Corte se respete y que el juicio de amparo que presentamos responde a una cuestión de ecuanimidad y de razonabilidad: la sociedad no se queja de que esté bien o mal estructurado el aumento, sino que no puede pagarlo”, indicó el defensor del Pueblo de Tucumán.
Si bien reconoce el esfuerzo de la Empresa de Distribución Eléctrica (EDET), Juri Debo puntualizó que el plan de pagos ofrecido a los usuarios resulta insuficiente y que, al juntarse con la próxima facturación, puede convertirse en una bola de nieve” para la economía doméstica.
Por esa razón, solicitó a la Justicia Federal que se deje sin efecto la última quita de subsidios, que se realizó en diciembre último, “ que ha producido un notorio incremento en los montos de las facturas del servicio de energía eléctrica”. “Cabe preguntarse si el aumento en las tarifas decidido resultó progresivo, racional, justo. La respuesta negativa se impone”, indica en el escrito.
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