Amado dice que harán todas las designaciones de jueces en marzo

El ministro explicó que, además, iban a enviar los decretos para que juren cinco magistrados nombrados en diciembre

13 Feb 2018
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EL MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. Amado en un retrato de archivo. la gaceta / foto de diego araoz

El Gobierno cubrirá todas las vacantes judiciales que pueda el mes próximo, en coincidencia con el inicio del año legislativo. “Definiremos el conjunto de las ternas que tenemos en marzo para que los legisladores las traten cuando vuelvan a sesionar”, anunció Regino Amado, ministro de Gobierno y Justicia. Por el contrario, admitió que no tenía una previsión para la Justicia de Paz (se informa por separado). El funcionario anunció también ayer que iban a mandar mañana a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán los decretos de otros cinco nombramientos de jueces aprobados por la Legislatura en diciembre: la demora en la remisión de estos papeles estaba impidiendo el juramento de los funcionarios designados y, en definitiva, la incorporación al Poder Judicial.

“Necesitamos respuestas rápidas para este tema crítico”, opinó por su cuenta Edmundo Jiménez, titular del Ministerio Público Fiscal a cargo del Ministerio Público de la Defensa. A fines del año pasado, el gobernador Juan Manzur se había comprometido a cubrir las vacantes luego de diferentes pedidos de los vocales de la Corte y de que este tribunal incluso emitiera una acordada en la que recuerda al mandatario que debía nombrar jueces. La situación es delicada porque el número de acefalías no deja de aumentar: uno de cada cuatro cargos de la Justicia ordinaria carece de titular. Pero, además, al menos 30 magistrados iniciaron los trámites jubilatorios durante 2017 (algunos de ellos ya cesaron en sus funciones). En contrapartida, el Gobierno de Manzur enfrió la frecuencia de nombramientos: el año pasado definió 16 de las 24 ternas que tenía a su disposición, pero uno de los nombres que escogió para una fiscalía, Luis Amarillo, fue devuelto por la comisión legislativa encargada de estudiar el pliego. Quiere decir que en el mismo período sólo ingresó la mitad de los jueces que se jubilaron o dieron señales de que lo harán en el corto o medio plazo.

Amado anticipó que, por el rechazo que recibió Amarillo, el Poder Ejecutivo sólo iba a poder resolver siete de las nueve ternas remitidas por el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM): la más antigua de ellas corresponde al Juzgado de Instrucción en lo Penal N°2 e ingresó hace un año. El ministro indicó que los nombres se repiten en otros dos tercetos y que ello dejaba al Gobierno sin opciones. “Devolveremos esas propuestas”, dijo. Esta circunstancia -inédita- generará demoras adicionales puesto que la normativa no considera una solución para esa clase de supuesto. Llegado el momento, habrá que ver si el CAM dispone el inicio de un concurso público de antecedentes y oposición desde cero o si, por vía interpretativa o de una modificación legislativa, puede ofrecer una solución más ágil.

Por lo pronto, cinco magistrados quedarán a partir de mañana en condiciones de tomar posesión de sus cargos, siempre que Amado cumpla su palabra y gire los decretos pertinentes al alto tribunal. Se trata de Victoria Gómez Tacconi (Juzgado de Documentos y Locaciones N°2 de la capital); Carolina Cano (Vocalía de la Sala de Familia y Sucesiones de la Cámara de Apelaciones en Familia y Sucesiones y Documentos y Locaciones de Concepción); Eugenia María Posse (Fiscalía de Instrucción Penal de Monteros); Luis Morales Lezica (Vocalía de la Sala II de la Cámara Penal de la capital) y Cristian Andrés Velázquez (Juzgado en lo Penal de Instrucción de Concepción).

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