La Justicia de Paz enfrenta un presente crítico

La ola de jubilaciones afecta el horizonte del servicio de la Justicia ordinaria, pero su efecto es todavía más potente respecto de la Justicia de Paz. En ese ámbito, seis funcionarios se disponen a pasar al sector pasivo, si es que no lo hicieron ya (ver listado en esta edición). El panorama agrava el presente crítico de la institución encargada de extender el brazo del Derecho en el interior de la provincia: hasta octubre, 17 de los 72 cargos estaban vacantes. Cuando las jubilaciones se concreten, un tercio de las oficinas carecerá de titular.

La acefalía de Lules es la más antigua, con más de seis años de duración. La escasez de jueces de Paz ocasiona trastornos de todo tipo tanto a las comunidades que carecen de funcionarios como a las que los tienen. Ocurre que los que están en funciones se ven obligados a “tapar los huecos”. “Algunos trabajan en tres jurisdicciones. Pero, aún en estas circunstancias difíciles, ningún juzgado está cerrado”, había explicado en octubre Fernando Scrocchi, secretario de la Inspección de la Justicia de Paz.

Los huecos se multiplican sin cesar desde 2013, cuando el Poder Ejecutivo de José Alperovich concretó la última designación de un juez de Paz. La sequía de nombramientos acumula un lustro y no amaina, pese a los pedidos de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y a las promesas del Gobierno de Juan Manzur. En diciembre, el mandatario admitió que debía ocuparse de las vacantes. A comienzos de este mes, el presidente del alto tribunal, Daniel Posse, manifestó que le habían informado que habría novedades sobre las designaciones durante la segunda quincena de febrero.

Aunque la velocidad de cobertura de los cargos judiciales disminuyó hacia el final del mandato de Alperovich, esta tendencia se acentuó durante la gestión de Manzur. El jefe de Estado nombró 23 magistrados preseleccionados en concursos públicos de antecedentes y oposición desde que asumió, ninguno para la Justicia de Paz. El acceso a los puestos de ese ámbito depende de una decisión discrecional del titular del Poder Ejecutivo que ha de ser avalada por la Corte. El Gobierno siguió designando jueces de Paz legos pese a que desde 2004 existe una ley -no reglamentada- que establece el régimen letrado.

“Me parece tremendo, y lo digo con todas las letras, que no haya nombramientos de jueces de Paz. Hace muchos años que arrastramos esta situación y no es tan compleja. Dadas las circunstancias, las designaciones deberían ser rápidos”, había opinado Posse en noviembre, al ser elegido presidente del alto tribunal. En esa ocasión, el vocal dijo que había que abrazar el esquema de la Justicia de Paz letrada.