Habrá una tregua en el conflicto del transporte hasta el miércoles

Una tregua de una semana. Los choferes de colectivos y los empresarios del transporte resolvieron en la Secretaría de Trabajo posponer por una semana las medidas de fuerza, hasta completar el pago del 50% del salario de enero restante. Así, levantaron la huelga que había paralizado las 70 líneas de las 19 intendencias y 93 comunas de la provincia.

Tras casi un día y medio de paro de colectivos, y con la mediación del secretario de Trabajo de la Provincia, Roberto Palina, los trabajadores y la cámara empresaria arribaron a un acuerdo: los propietarios de las firmas recibirán la semana que viene los fondos de uno de los subsidios que reciben de Nación, con los que abonarán la mitad del sueldo de enero que faltaba depositar a los más de 4.000 empleados del sector. Se convocó a una nueva reunión el miércoles de la semana que viene para corroborar el pago. Si no se depositan los sueldos, volverán a tomarse las medidas de fuerza.

“La actividad sigue en crisis, esto no es una solución, es simplemente un esfuerzo más para cumplir con los trabajadores. Quedará tomar políticas de fondo en la actualización de tarifas en el transporte público de pasajeros. Esta crisis no se resuelve livianamente”, dijo molesto Jorge Berreta, vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat).

Los choferes de colectivos habían anunciado desde el miércoles un paro de 27 horas en rechazo al pago desdoblado de los salarios. El convenio colectivo de trabajo de la actividad establece que deben cobrar sus salarios hasta el cuarto día hábil de cada mes. Como los empresarios anunciaron abonarían en dos cuotas los haberes por la crisis económica, realizaron un paro desde las 9 del miércoles hasta las 12 de ayer. Las unidades quedaron estacionadas en las calles del microcentro, entorpeciendo el tránsito. Los choferes, en su mayoría, dormitaron adentro de las unidades.

Asperezas limadas

“Suspendemos la medida de fuerza hasta el miércoles de la semana que viene (que será el primer día hábil de la semana), porque es la fecha en que los empresarios se comprometieron a pagar lo que falta abonar de los sueldos de los trabajadores. Si no tenemos solución evaluaremos los pasos a seguir”, celebró César González, secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), a la salida del encuentro en la Secretaría de Trabajo. “Muchachos, a ‘laburar’. Saquen todos los colectivos”, vociferaba al teléfono Alfonso Canuto, secretario adjunto del gremio, mientras González atendía a la prensa.

“Entiendo que la población esté molesta con la medida de fuerza pero esto viene de vieja data: cobramos los sueldos en cuotas, y no podemos soportarlo. Hubo enojos políticos, pero ningún funcionario se acercó al gremio a consultar sobre la situación. Todos se echan la culpa, que mengano o que sutano, y los trabajadores quedamos en medio”, dijo González. Y agregó: “de esto viven 20.000 personas, y a la crisis ya la vivimos en los 90 cuando cerraron El Trébol, Ranchilleño, Centauro, Balcarce... y 1.500 compañeros se quedaron en la calle. Necesitamos que el Estado solucione a fondo el problema”.

Palina, titular de la cartera de Trabajo, renegó de las acusaciones políticas que se generaron por la huelga. “Quiero aclarar por todo lo ocurrido, por la guerra de culpabilidades, que la conciliación obligatoria no es un deporte. Se aplica en casos de fuerza mayor, y el reclamo de salarios adeudados no se enmarca dentro de la figura. La Municipalidad ha hecho graves acusaciones contra el ministro de Gobierno, cuando nosotros cumplimos con las obligaciones”, defendió al Gobierno provincial el funcionario. El primer día del paro, Regino Amado, ministro de Gobierno y Justicia, había instado al intendente, Germán Alfaro (Cambiemos) a que medie en el paro de colectivos que afectó a toda la provincia. “Amado es, se hace o vive en un táper. Se trata de un problema provincial”, había sido la respuesta del titular de la Unidad de Tránsito Operativa municipal, Enrique Romero.

“Echarse la culpa entre gobierno y municipio no nos lleva a ninguna solución”, insistió Palina.

Los empresarios habían culpado al atraso tarifario por la crisis económica del sector, que les impedía -aseguraron- abonar los salarios en una sola cuota.

Los dueños de las empresas habían solicitado en diciembre al Concejo de la capital llevar la tarifa de los $ 9,35 actuales (vigente desde enero de 2017), a $ 15,98 (una suba del 70%). En enero, por la mora en el tratamiento, solicitaron un boleto a $ 17,04 (un incremento del 82%). La Dirección de Transporte de la Provincia suele definir luego el ajuste de tarifa para las 56 líneas interurbanas y rurales, otorgando un porcentaje similar al que fija la Capital.

“Quiero rechazar la versión que sostiene que este paro ha sido un lock out empresarial. Eso hubiera pasado si nosotros no prestábamos el servicio porque no entregábamos las unidades a los trabajadores y cerrábamos los balcones a las 4.50, cuando sale el primer servicio. Fue un paro de los trabajadores, como es su derecho”, replicó Berreta.

El vicepresidente de la cámara de transportistas renegó por la crisis económica del sector. Aseguró que el 62% de los ingresos de las empresas (boletos, subsidios y abonos), es destinado para pagar los salarios y los aportes sociales. “Es una cifra altísima, porque apenas queda un 38% para cuotas, impuestos, tasas, gasoil y unidades nuevas”, protestó el empresario, al frente de la firma Leagas SA que explota la línea 10.

El conflicto del transporte, por ahora, se postergó hasta la semana que viene.