Tras los reproches, la Corte analizará la aplicación del nuevo Código Proceso Penal

Los cinco integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán se reencontrarán este jueves, luego del paréntesis que abrieron las licencias de verano que tomaron escalonadamente. La coincidencia se manifestará en una reunión donde los vocales Daniel Posse (presidente), René Goane, Antonio Gandur, Antonio Estofán y Claudia Sbdar abordarán el tema institucional del momento: las dificultades para comenzar a implementar el nuevo Código Procesal Penal sancionado en 2016. En el alto tribunal barajan distintas ideas para superar las críticas que generó Posse al admitir, en una entrevista publicada este domingo, que tampoco sería posible iniciar la transformación del fuero encargado de perseguir el delito el primero de abril. Esta prórroga había sido establecida ante el incumplimiento del plazo original de septiembre.

Entre las alternativas hay una propuesta de Gandur para aplicar las modificaciones al trámite de la prisión preventiva. Si esta iniciativa de implementación parcial prosperara, la privación de la libertad sin sentencia firme debería ser debatida en una audiencia pública, con la participación del imputado. La cuestión ha generado una discusión en el fuero penal, donde un juez ya sostuvo -en minoría- que es inconstitucional el régimen actual donde la prisión preventiva es acordada sin oír a la defensa y por mero pedido del fiscal (ver “La prisión...”).

Por ley, la responsabilidad de llevar a la práctica el cambio procesal penal corresponde a la Corte. En ese ámbito, el presidente Posse reconoció que había encontrado resistencias internas en Concepción y Monteros, los centros judiciales del sur donde debutará el nuevo código. “Hay gente que está acostumbrada al esquema escrito -aún vigente- y, bueno, le va a costar mucho la modernidad”, acotó. Sumado a ello, Posse explicó que era necesario adecuar el espacio físico para generar más salas de audiencias, puesto que el modelo remozado cancela el expediente de papel y propicia la publicidad de los actos de las partes del proceso: jueces, fiscales, defensores y víctimas. “Vamos a tener que postergar un poquito la aplicación del nuevo código: igual la decisión es ir hacia el sistema oral y transparente”, afirmó el titular de la Corte.

La imposibilidad manifiesta de avanzar generó la reacción de Marcelo Caponio, el legislador oficialista que dirigió la tarea de remodelación del fuero penal. Caponio reclamó más firmeza a Posse y le recordó que la sociedad exigía el fin de la impunidad. “Estamos trabajando para aplicar el nuevo Código, no para postergarlo indefinidamente. Estamos trabajando desde hace seis años para que sea una realidad en toda la provincia, aunque no se llegue a abril. No podemos ceder a las resistencias internas, como lo está haciendo Posse”, opinó. Caponio fue el primer presidente de la comisión especial de legisladores, jueces, abogados y expertos que la Legislatura creó para la elaboración del anteproyecto adoptado hace un año y medio.

Desde entonces, el mayor progreso fue la división del Ministerio Público en un órgano para acusar y otro para defender, y la emancipación de las instituciones resultantes de los controles que la Corte ejercía sobre el manejo del personal y del presupuesto. La oposición objetó esa reforma, pero el oficialismo avanzó con el argumento de que la separación del Ministerio Público era esencial para el buen desempeño del nuevo código. En los hechos, sólo se produjo el traspaso de recursos puesto que Edmundo Jiménez, ministro público fiscal, sigue siendo el jefe de los defensores oficiales. El nombramiento del ministro público de la Defensa depende de una decisión discrecional del gobernador Juan Manzur.