Crítica al titular de la Corte por “ceder a resistencias internas”

La sinceridad de Daniel Posse, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, quien admitió que tampoco será posible implementar el nuevo Código Procesal Penal en abril, cayó mal al legislador oficialista que dirigió casi todo el trabajo de elaboración de esa ley. “Estamos trabajando para aplicarla, no para postergarla indefinidamente. Estamos trabajando desde hace seis años para que sea una realidad en toda la provincia, aunque no se llegue a abril. No podemos ceder a las resistencias internas, como lo está haciendo Posse”, expresó Marcelo Caponio a este diario.

El legislador manifestó que había que dejar de lado las resistencias y los requerimientos de jueces y funcionarios en pos del bienestar general. “Posse debe priorizar el reclamo social que exige el fin de la impunidad, la transparencia y la rapidez del fuero penal”, opinó. En una entrevista publicada el domingo, el presidente de la Corte explicó que algunos integrantes de los Tribunales de Concepción y Monteros (por donde comenzará la implementación) se resistían a dar el salto hacia la oralidad total, y que había una necesidad de espacio -para audiencias- sin resolver. “Creo que habrá que postergar la aplicación (de la reforma que empezó a discutirse en 2012) hasta que tengamos bien definido cómo se hará”, observó.

Caponio manifestó que el presidente del alto tribunal debía ser más firme en la decisión de avanzar con la implementación adeudada desde septiembre. Al respecto, dijo que siempre iba a haber resistencias porque el cambio de paradigma es sustancial. “El modelo vigente ha abandonado a la víctima: es obsoleto y con su burocracia impide la solución de los conflictos. El sistema penal actual tiende al archivo y la prescripción de los procesos. La estadística es terrible. Esto fue analizado por la comisión especial, y todas las fuerzas políticas, los colegios de abogados y expertos apoyaron el cambio”, añadió. El legislador informó que al Poder Legislativo sólo le restaba aprobar la reorganización de la judicatura y el régimen de conclusión de las causas tramitadas con el sistema en vigor. “Todo esto se está haciendo con la aspiración de que aquel que cometió un delito, reciba una condena”, dijo.