El presidente de la Corte dice que quiere modernizar la Justicia

A la hora de definir cuál es su preocupación central, Daniel Posse, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, dice que quiere trabajar para modernizar el Poder Judicial provincial. En la entrevista en la que anunció la postergación de la aplicación de la reforma procesal penal (se informa por aparte), el titular del alto tribunal explicó que pretende engrandecer los Tribunales y aumentar los niveles de transparencia existentes. “Nosotros tenemos que dar ese salto. En muchos aspectos lo hemos hecho, pero faltan muchos otros”, reflexionó.

Posse comentó que con sus pares René Goane, Antonio Gandur, Antonio Estofán y Claudia Sbdar ansiaban que la Justicia funcione bien, y en otro tramo de la conversación añadió que estaban mejorando la medición del desempeño porque la estadística que había no resultaba muy confiable.

“Si hubiese que elegir, yo pondría mi esfuerzo abajo, en la puerta de entrada del sistema, empezando por los juzgados de Paz. Esta es la base, y debemos aspirar a una transformación sustancial en las condiciones de trabajo y en los resultados”, manifestó el ex secretario de Derechos Humanos de la administración de José Alperovich. Posse reiteró que había que ampliar el número de juzgados de primera instancia y que estaban yendo en esa dirección.

“Si tenemos suerte, digamos, vamos a recibir una ayuda de la Nación que nos permitirá concretar algunos logros que se traducirían en edificios. Eso y la implementación de la oralidad en el trámite de los procesos son las claves para generar una pauta de modernidad”, opinó.

Al cierre de la conversación con LA GACETA, Posse planteó otra preocupación de peso: la crisis penitenciaria. El jefe de la Corte sintetizó el problema en pocas palabras: “lisa y llanamente no hay espacios dignos para concretar las detenciones”. Posse dijo que veía en el poder político vocación por atender esta urgencia y que aguardaba respuestas de los nuevos funcionarios de Seguridad, más allá de que una sentencia dictada por la Corte en 2016 obliga al Gobierno a invertir en cárceles adecuadas.