Caso Vargas: una policía se disfrazó para poder detener al parapentista

Simuló ser una alumna para poder encontrar a Ariel Salazar, al que aprehendieron cuando fue a visitar a su madre.

30 Ene 2018

El 29 de diciembre, Natalia Vargas, médica que realizaba una especialización en Alemania desde hace tres años, llegó a Loma Bola, en San Javier, para realizar un vuelo biplaza en parapente. Por un supuesto error en el sistema de seguridad, la joven de 22 años, oriunda de Concepción, cayó al vacío y murió en el acto. El mismo día que se cumplió un mes de la tragedia, Ariel Salazar Cardona, el parapentista con el que volaba la víctima, fue detenido por la Policía por orden de la Justicia. Si bien está acusado de homicidio culposo -delito que es excarcelable-, terminó tras las rejas por entorpecer la investigación, según confirmaron fuentes judiciales.

Desde que comenzó la investigación, los tres fiscales que intervinieron en el caso (Mariana Rivadeneira, María del Carmen Reuter y Diego López Ávila) obtuvieron indicios que contradecían la versión que había dado el piloto. Él, según confiaron fuentes judiciales, había asegurado que Vargas había sufrido un ataque de pánico y por eso se soltó.

Sin embargo, los amigos de la médica desmintieron su versión y presentaron videos para probar que la joven estaba en perfecto estado cuando se cayó.

Con esas imágenes, Reuter logró otro testimonio fundamental en la causa, el de Pablo Jaraba, presidente de la Federación Argentina de Vuelo Libre (FAVL). El experto dijo que Salazar Cardona “no estaba habilitado para hacer la práctica biplaza, ni era instructor”. “No es un piloto profesional; ni siquiera cumplió con lo básico”, remarcó.

El dirigente, oriundo de Córdoba, también le explicó a la fiscala Reuter que había advertido que el equipo que llevaba Natalia carecía de los procedimientos en seguridad. “A un piloto habilitado a nivel biplaza nunca le va a ocurrir olvidarse de una regla de oro, como es controlar que están las piernas bien sujetadas”, advirtió.

Dificultades

Después de haber reunido esa información, Salazar Cardona se presentó ante Reuter para declarar como imputado. No trascendieron sus dichos, pero fuentes judiciales confirmaron que no habían convencido sus versiones.

Al mismo tiempo, los investigadores comenzaron a tener problemas para encontrar la tarjeta de memoria de la cámara que tenía Salazar. En un principio, habría negado tener una, pero con la evidencia que había en su contra, habría negado que la tuviera.

También se presentaron otros allegados al piloto como testigos. Fueron interrogados sobre qué había pasado con la cámara. Los tres contaron versiones totalmente diferentes y contradictorias. Por ello terminaron siendo imputados de encubrimiento.

Además, en el transcurso de la investigación se conocieron otros detalles que pueden complicar la situación procesal de los allegados al piloto y de los dirigentes de Loma Bola. En la Justicia surgieron indicios de que ellos no eran ajenos a algunas irregularidades que se detectaron. (Ver nota “El negocio de los vuelos...”).

El fiscal López Ávila llegó a la conclusión de que Salazar Cardona estaba poniendo trabas en la investigación. Por ello, solicitó al juez Francisco Pisa que ordenara su detención, medida que fue dictada por el magistrado el viernes pasado. Pero el personal de la División Homicidio tardó cuatro días para poder arrestarlo.

Ocurre que el sospechoso dijo que vivía en la casa de su madre, pero al parecer no era cierto. Los investigadores, al mando del comisario Jorge Dib y Diego Bernachi, tuvieron que montar una guardia permanente para poder dar con él.

Después de esperarlo sábado y domingo, una agente, que se hizo pasar ayer por una alumna de él, habría logrado descubrir que estaba viviendo con su novia en otro lugar.

Justo cuando los policías se preparaban para averiguar cuál era su verdadero lugar de residencia, apareció en su vehículo particular a visitar a su madre y en ese momento lo capturaron.

Esta no es la primera vez que hubo dudas sobre el domicilio de Salazar Cardona. Semanas atrás, los hombres de Delitos contra las Personas habían llegado hasta esa casa en busca de la cámara. Los policías, al mando del comisario Marcelo Salla, le comentaron a la fiscala Reuter que era imposible que él viviera allí, ya que había sólo dos camas y allí estaban la madre y un hermano del sospechoso.

Los investigadores le advirtieron al fiscal López Ávila de esta situación y en la Justicia volvieron a preguntar si él residía allí. Respondió que sí y por eso lo fueron a buscar a esa casa. Esta es otra de las razones por la que lo acusaron de haber entorpecido la investigación.

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