Un contrasentido político

La creación de una oficina local de acceso a la información pública alcanza “quórum propio” en la Legislatura; sin embargo, esa mayoría no pesa para que se avance en su concreción. Es que 27 parlamentarios, de distintos signos políticos y a través de diversos proyectos de ley -ocho en total, hasta el momento- promueven la constitución de esa oficina, pero la idea no logra llegar al recinto. Tienen los votos, les falta la sesión. Una sesión que se hace de rogar. Las primeras iniciativas datan de septiembre y de octubre de 2016 -de días después de que la Nación promulgara la ley de creación de la oficina homóloga en el plano nacional-; la última es más reciente, de agosto de 2017.

Lo llamativo es que haya una mayoría de legisladores detrás de la iniciativa, pero que no tengan la fuerza de convencimiento suficiente para imponerla como una cuestión prioritaria. El interés primigenio parece haberse ido apagando, a no ser que hayan frenado la propuesta. Sería una buena noticia que la propuesta se concrete en este año en el que se habla mucho de reformas: políticas, electorales, institucionales. La oficina se enmarca en la línea de mejorar el funcionamiento de las instituciones del Estado, en paralelo con los cambios electorales que se promueven para mejorar los sistemas de votación y la calidad de la representación política de los elegidos. ¿Qué impide, entonces, que se abra ese nuevo organismo?

La Oficina de Acceso a la Información Pública de la Nación -que funciona bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete- vino respondiendo a requisitorias puntuales de este periodista -sobre dineros coparticipables desde 1991 a la fecha, cantidad y montos de ATN desde ese año, por ejemplo-, mostrando que el Estado puede -y debe- brindar la información que cualquier ciudadano le reclame al Estado; especialmente sobre el manejo de los fondos públicos.

Cuántos son

¿Qué podría reclamársele de buenas a primeras a la Provincia de existir la oficina? Por ejemplo, que informe qué cantidad de personal, permanente y transitorio -o con cargos políticos temporales- tiene la Legislatura. Es un dato que permanece bajo cuatro llaves, lo mismo que los nombres de los destinatarios de las ayudas sociales a personas -de 2015 para atrás-, subsidios que fueran eliminados en 2016 por Jaldo.

El artículo 11 de la ley nacional de Derecho a la Información Pública (27.275) establece que “toda solicitud de información pública requerida debe ser satisfecha en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles”, plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros quince (15) días hábiles para reunir la información.

Es una herramienta fundamental de control público, que además aportaría a la transparencia de los actos del Estado, que en este par de cuestiones tiene una deuda. Una oficina así generaría un manejo responsable de los dineros del Estado, ya que el accionar de los funcionarios públicos quedaría expuesto en todo documento que aluda a recursos. Las huellas quedarían marcadas y los controles se ampliarían más allá de los organismos ya establecidos. Ahora el ciudadano tendría una llave importante. Más ojos, más transparencia.

Bien, así como no se puede conocer todavía la cifra de empleados que hay en la Cámara, tampoco están a la vista la cantidad de empleados municipales y de las comunas rurales, que se supone debe ser de unos cuantos miles. Ante las consultas, no hay una respuesta oficial directa. O si aparecen, pintan engañosas, como ya veremos. Por ejemplo, en los presupuestos anuales que presenta el Ejecutivo para su tratamiento legislativo, no se muestran -por lo menos en los dos últimos- los datos sobre el personal de la Legislatura o el de los municipios y las comunas.

Cuántos serán

Al respecto, desde la Nación se sostiene que el Ejecutivo provincial oculta la cifra total de empleados públicos; y desde la Provincia se responde que esos números están incluidos en los informes que expone, y que si no aparecen se debe a los pactos que suscriben con los municipios. ¿Y los de las comunas? Hay muchas verdades a medias.

En 2015, cuando la Nación sostenía que en Tucumán había más de 115.000 agentes estatales; la Provincia hablaba de un poco más de 75.000 empleados públicos. La pregunta de entonces era si la diferencia entre uno y otro valor cerraba los datos no proporcionados, u ocultos, sobre los empleados municipales y de las 93 comunas rurales.

En el presupuesto 2017, la Provincia contemplaba una planta estatal de 82.497 personas -desde el gobernador hasta el último empleado del escalafón de la administración pública, que suelen ser los de la categoría 15-; mientras que en el presupuesto de 2018, se consideró una planta de 84.886 dependientes del Estado (5.524 en la Justicia y 79.362 en el Ejecutivo). Más de 2.000 empleados nuevos. Aún lejos de aquellos 115.000 que mencionaba la Nación ya hace un par de años.

Entre altas y bajas de personal de uno y otro organismo, comparando los presupuestos se observa que se prevén incorporar más de 2.000 personas a la fuerza policial, más de 2.500 al área de la salud y más de 300 al Poder Judicial. ¿Hay razones para no blanquear todas las cifras o para no darlas a conocer?

Lo que sobran, entonces, son las razones que justifican la creación de una oficina local de acceso a la información pública para que cualquier ciudadano interesado en la cosa pública pueda exigir respuestas al Estado. Caso contrario parecería contradictorio, hasta paradójico y por qué no irónico, que una mayoría parlamentaria promueva proyectos que hagan a la transparencia del Estado y que sea precisamente el poder al que ellos pertenecen el que no difunda los suyos. La política y sus contrasentidos.