18 Enero 2018
De tiempo en tiempo, cobran un protagonismo penoso, especialmente cuando hay lesionados o una víctima mortal. El episodio que ocurre en un hogar es diferente al que sucede en los espacios públicos, no tanto por los resultados, sino por las causas, la ausencia de prevención y el incumplimiento de las normas. El martes, alrededor de las 21.30, en la plaza San Martín, una criatura fue atacada por un pitbull y debió ser atendida en la guardia del Hospital de Niños. El padre dijo que el can estaba con una pareja de unos 25 años, que luego del ataque, levantó el animal y se fue
“El perro lo sacudía de derecha a izquierda. Yo tengo fracturado un dedo del pie por las patadas que le pegué al perro para que lo soltara... Llegué con el bebé ensangrentado”, dijo el padre del niño, a quien le hicieron curaciones en la zona de la ingle y aún está shock. Tal vez las cámaras de seguridad hayan registrado a los dueños del can.
La San Martín que es una de las plazas más concurridas de la ciudad, cuenta desde hace muchos años con un elenco estable de canes vagabundos que suelen atacar a las personas que caminan o circulan en bicicleta. En más de una oportunidad, algún motociclista estuvo a punto de caerse ante un ataque. Una situación similar ocurre en la plaza Urquiza. En general, las embestidas se producen en forma inesperada, basta que un perro comience a ladrarle a un caminante para que los demás se contagien y arremetan contra él. Los perros de razas consideradas peligrosas suelen ir sujetados a una correa por sus dueños, pero no portan bozal, de manera que de un tirón inesperado se pueden liberar y atacar a cualquiera.
En enero de 2016, una señora de 67 años murió en Amberes, departamento Monteros, luego de ser atacada por un perro pitbull de propiedad de su hijo. El perro se abalanzó sin una razón aparente sobre la víctima.
En esa ocasión, en el Hospital de Niños se informó que sólo en enero de ese año se habían registrado 25 casos de ataques a menores de edad; al 70% se les practicó cirugías. De ese porcentaje, un 25% aproximadamente fueron casos de extrema gravedad.
La ordenanza municipal N° 4.046, promulgada en 2008, establece la creación de un registro público de canes considerados “potencialmente peligrosos” y otro de criadores y adiestradores de razas como pitbull, rottweiler, dogo argentino y doberman, entre otros. Sus propietarios deben tener la documentación del perro, con un seguimiento de las vacunas y un examen psicológico. La Dirección de Urbanidad e Higiene Pública iba a ser la autoridad de aplicación de la norma. Desde entonces hasta 2016, apenas se habían inscripto 50 propietarios. Ese año, la Legislatura sancionó la Ley N° 8.129 que regulaba la cría y la tenencia de canes potencialmente peligrosos. Se estableció que cuando esos animales fueran paseados, debían llevar bozal. El Poder Ejecutivo la vetó parcialmente porque no estaba de acuerdo con los órganos de aplicación, es decir que nunca entró en vigencia.
En casi una década, ni el Ejecutivo y ni los legisladores han podido decidir quién aplicará la ley. Seguramente, deben ser más de 50 los perros de raza peligrosos. A juzgar por la realidad, el ciudadano sigue desprotegido y sus representantes no se preocupan por velar por su seguridad. ¿Es necesario esperar que un perro mate a alguien para tomar cartas en el asunto?
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