La suba impositiva se trasladará a los costos de la cadena de producción, advirtieron ruralistas

La Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos (Apronor) resolvió acercarse a otros rubros afectados, como el farmacéutico El aumento en las alícuotas al impuesto sobre los Ingresos Brutos no abarca la actividad primaria, pero sí sus complementarias

14 Ene 2018
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EN REUNIÓN. Miembros de Apronor analizaron ayer la suba impositiva. Además, pedirán que la Nación mantenga en 2018 el reintegro de estímulos. foto de apronor

La decisión del Gobierno provincial de haber incrementado las alícuotas al impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) para diversas actividades -través de un proyecto sancionado en diciembre pasado por la Legislatura- generó una preocupación generalizada en el sector privado. Incluso, entre aquellos espacios que no recibirán un impacto directo por la suba tributaria.

Ese es el caso de la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), que ayer se reunió para analizar, entre otros temas, los cambios al Código Tributario, vigentes desde el primer día de este año.

Los ruralistas, según el estudio que hicieron sobre la nueva normativa, mantuvieron el porcentual en la carga por IIBB, fijado en 1,4% para cultivos agrícolas en general; en 1,2% para el cultivo de caña de azúcar; y en 1,8% para la comercialización mayorista de azúcar. Sin embargo, según el prosecretario de la entidad, Roberto Palomo, “todos los insumos y servicios” vinculados a la actividad de los asociados pasaron del 3,5% al 5%. “Esto significa un aumento del 43% en IIBB. Por eso, hoy (por ayer) hemos tomado la decisión de vincularnos con otros sectores, como los farmacéuticos y la Federación Económica (de Tucumán, FET), para analizar los pasos a seguir”, le anticipó Palomo a LA GACETA.

La sensación de aflicción entre los miembros de Apronor radica en que el incremento en la carga va a terminar impactando en las góndolas, explicó el prosecretario. “Es un impuesto que va en cascada”, definió el ruralista.

En diciembre, el gobernador Juan Manzur envió dos proyectos a la Legislatura. El primero apuntaba a ratificar el Consenso Fiscal, rubricado entre las provincias y la Nación, para unificar y reducir los tributos en todo el país, mejorar la competitividad y fomentar la creación de puestos de trabajo. El convenio fija como objetivo la excención para sectores productivos hacia 2022 y un tope de hasta el 5% en los IIBB para los servicios privados.

En contrapartida, el segundo proyecto girado por Manzur proponía subas en las alícuotas de Ingresos Brutos en diversas actividades, como gastronomía, hotelería, salones de fiestas y farmacias, entre otros. Ambas iniciativa fueron aprobadas por la Legislatura, quedaron firmes a partir de la promulgación y publicación en el Boletín Oficial. El objetivo del Gobierno provincial es compensar la baja en la recaudación por el Consenso Fiscal.

A partir de esta situación, la comisión directiva de Apronor resolvió contratar a dos profesionales para que realicen un estudio contable respecto del impacto que podría tener la medida oficial. En sus conclusiones, consideraron que los nuevos valores en las alícuotas sí afectarán los insumos y servicios que constituyen los costos principales de la actividad agrícola y ganadera.

“Los productores no tienen la posibilidad de traslación del tributo, ya que en el caso de los llamados commodities (soja, maíz, trigo, etcétera) la formación del precio no depende del productor y, por lo tanto, deberán absorber el incremento del costo generado por el aumento de alícuotas”, señala el informe de Apronor.

Palomo puso como ejemplo la producción de maíz. Siempre aludiendo al impuesto sobre los Ingresos Brutos, detalló que la venta del grano mantuvo su gravamen del 1,4%. Pero los restantes integrantes de la cadena vieron crecer ese porcentual del 3,5% al 5%. “Un productor porcino compra ese maíz. Cuando vende la carne, el impuesto es del 5%. Supongamos que a esa carne se la compra para hacer jamón cocido; otra vez, se carga el 5%. Y si llega a un fabricante de sandwiches, se suma otro 5%. Eso, finalmente, se trasladará a la góndola”, resumió Palomo.

En la semana que pasó, representantes del rubro farmacéutico se reunieron con el vicegobernador Osvaldo Jaldo, a cargo del PE, en Casa de Gobierno. Acordaron que aguardarán al regreso de Manzur, previsto para mañana, para definir los pasos a seguir.

Según el Colegio de Farmacéuticos, la suba impositiva podría derivar en una imposibilidad de seguir trabajando en convenio con las obras sociales -a las que deben girar hasta un porcentaje de su rentabilidad-, ya que los medicamentos tienen un precio máximo fijado por la Nación, y los costos no pueden ser trasladados a los usuarios.

La FET también manifestó su preocupación y sorpresa por la suba tributaria. En todos los casos, en sintonía con Apronor, hablan de un aumento promedio del 40% en la carga por IIBB.

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