El TC avaló la rescisión a la constructora Marán

El TC avaló la rescisión a la constructora Marán

El Instituto de la Vivienda podrá avanzar con la investigación administrativa por la obra “barrio San Carlos Oeste II”

SEDE OFICIAL. En el IPV abrieron una investigación por la rescisión a Marán. la gaceta / foto de Inés Quinteros Orio (archivo) SEDE OFICIAL. En el IPV abrieron una investigación por la rescisión a Marán. la gaceta / foto de Inés Quinteros Orio (archivo)
13 Enero 2018

El Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) podrá dar los pasos definitivos para rescisión del contrato con Marán Constructora, debido a supuestas anomalías en la obra “Barrio San Carlos Oeste II”, en la capital.

El Tribunal de Cuentas (TC), a través del acuerdo 28 -firmado el miércoles pasado por los vocales a cargo de la feria, Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci- aprobó sin observaciones la resolución 6.322, dictada el 28 de diciembre por la repartición, a cargo de la interventora, Norma Ferrioli.

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De esta forma, el Ipvdu podrá considerar nulo el contrato directo por $10,17 millones -firmado en noviembre de 2014, por vía directa-, para la mejora de 100 viviendas sociales. Según el acuerdo 2.907, fechado el 1 de septiembre de 2016, el plan de trabajos y curva de inversión por ese emprendimiento establecía “como fecha de terminación el 30 de septiembre de 2016”. El Instituto Provincial de Vivienda, en la resolución 6.322, consideró que la firma Marán habría incumplido con la Ley de Obras Públicas. En un primer control preventivo, Tribunal de Cuentas había requerido informes complementarios a la repartición. Ahora, el trámite quedó firme.

Esta constructora está bajo la lupa de la Justicia a raíz de las investigaciones de Panorama Tucumano, el ciclo periodístico de LA GACETA TV. Según se pudo reconstruir, Marán Constructora recibió contrataciones directas del Ipvdu por unos $ 50 millones en los últimos años. En principio, el coordinador de Programas Federales de esa repartición, el hoy suspendido funcionario Lucas Barrionuevo, había negado vínculos con esa firma. Luego quedó probado que los dueños de Marán, Sebastián y Martín Nieva, son sobrinos políticos de Barrionuevo. Esta y otras posibles anomalías impulsaron pesquisas en la Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la VIII Nominación, a cargo de Adriana Giannoni.

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La empresa además atraviesa problemas en lo administrativo. En diciembre pasado, el Registro General de Constructores de Obras Públicas de la Provincia emitió una resolución, publicada en el Boletín Oficial, en la que anunció que Marán había sido dada de baja de la nómina de firmas habilitadas, debido a supuestos incumplimientos.

Además, la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC) primero había suspendido a la compañía, para luego darle de baja, debido a deudas que mantenía con la entidad pública.

En paralelo, el Instituto de la Vivienda inició una investigación administrativa “a fin de deslindar responsabilidades” respecto de las razones que llevaron a la rescisión del contrato con Marán por el barrio “San Carlos Oeste II”. Se designó además como instructor sumariante al abogado Eugenio Gómez Santillán, quien tendrá 60 días hábiles para finalizar con el sumario interno y elevar las conclusiones.

Claves del caso

1- A mediados de 2017, en el programa Panorama Tucumano, el ciclo de LA GACETA TV, se emitieron investigaciones sobre el Instituto de la Vivienda.

2- Una de las presuntas anomalías consistía en que el funcionario Lucas Barrionuevo habría contratado por vía directa la firma de dos sobrinos

3- Por otra parte, en una caja de seguridad de un banco, a nombre del hoy ex funcionario Miguel Jiménez Augier, la Justicia halló US$ 500.000.

 

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