¡Reforma sí, salarios no!

Saber que este año se encarará la reforma política no le va a cambiar la vida a los ciudadanos, los que tendrán más razones para preocuparse por los efectos de la inflación, del aumento de las tarifas y de la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios. Es inimaginable pensar en movilizaciones callejeras por la reforma -¡reforma sí, salarios no!-; en cambio, sí habrá tensión e incertidumbre en la clase política, porque el futuro de muchos puede quedar atado a los cambios que se puedan impulsar.

Las propuestas sobre modificaciones en el funcionamiento del Estado y los eventuales cambios electorales marcarán los rumbos de la dirigencia, tanto del oficialismo como de la oposición, ya que las novedades serán las puertas para la continuidad o para el ostracismo. El que minimice el debate y no quiera participar de las negociaciones no sólo se aislará de los posibles pactos políticos, sino que correrá el peligro de quedar fuera de la carrera hacia 2019. Porque esa es la meta; a no engañarse. La reforma se hará para fijar las nuevas reglas de juego para ese año; que convendrán a algunos y que resultarán inconvenientes para otros.

Todo lo que surja habrá que observarlo y analizarlo desde la perspectiva del interés -reduccionista- de la dirigencia política, desde sus intereses particulares; porque la tranquilidad para una parte de este sector no va por el lado de la inflación o de los salarios; sino por las propias mezquindades y por el oportunismo disfrazado de discursos sobre la transparencia y la calidad institucional.

En ese marco, no se puede caer -por ejemplo- en la simplicidad de creer que todos los males institucionales provienen del sistema electoral de acople y -por ende- reducir el reclamo reformista a la eliminación de las listas colectoras para mejorar la calidad de las instituciones. Hay que mirar, y mucho más, a la ley de partidos políticos (5.454). Porque así como es ingenuo plantear cambios en la legislación electoral desde la derrota -creyendo que por eso se perdió-; así también es muy difícil que se los vaya a impulsar desde el triunfo -porque desde estas filas están seguros de que el sistema les garantizó la victoria-.

Será difícil y complicado que estas visiones se aproximen hasta un punto común de discusión, especialmente cuando unos están convencidos de que el sistema los favorece y otros de que los perjudica. Se entienden, entonces, las razones de la sistemática intervención crítica desde la Nación -desde Macri para abajo- en contra del régimen de acople.

Se presiona para gestionar cambios que supuestamente pondrían a la oposición en un pie de igualdad con el oficialismo. El último que se sumó a esta acción fue el secretario de Asuntos Políticos de la Nación, Adrián Pérez; y lo hizo con un argumento bueno pero demasiado remanido: confunde al votante y afecta la representatividad de los elegidos. Se sabe y es cierto. Sin embargo, dicho así, sin contrapropuestas o alternativas, más parece un lamento porque el sistema no ayuda a las pretensiones de Cambiemos.

Es que los esquemas electorales no son inocentes, se arman desde el poder para tratar de garantizar continuidades. Si el acople favorece al peronismo y al PJ, ¿cómo se convencerá desde el poder central al Gobierno provincial peronista que cambie las reglas de juego (para perjudicarlo)? Vamos a conversar; dijo Pérez, tras señalar que propician la eliminación de las listas colectoras. O sea: negociar. ¿Negociar cambios por una posibilidad de un triunfo en la provincia o negociar votos en el Congreso por leyes que sólo le interesen a la Nación?

La pregunta central para Cambiemos es si quieren alterar las reglas electorales porque no creen que vayan a ganar con la actual legislación electoral o si la insistencia en la demanda reformista es una pose destinada a satisfacer la demanda del electorado propio. He aquí el nudo de la cuestión: determinar si el macrismo está más preocupado por negociar votos en el Parlamento en favor de la gestión nacional que por el futuro de sus aliados provinciales.

De igual forma, el proceso reformista puede atrapar y enredar la interna del oficialismo por dirimir quiénes serán los dos de los tres -Manzur, Jaldo, Alperovich- que continuarán juntos en 2019. Los cambios pueden dejar afuera a uno de ellos. Es un partido para involucrarse, de mínima por desconfianza. Nada será inocente en la discusión -regulación de los acoples, financiamiento de las campañas electorales, municipalización de comunas, etc.-, porque de la manera en los que salgan redactados implicarán ventajas territoriales para unos, o desventajas políticas para otros. El tema está hoy en la Legislatura, en manos de una comisión encabezada por Jaldo; precisamente uno de los integrantes del trípode de poder.

A los vecinos, esos ciudadanos que un día se convierten en electores, tal vez le resbalen la reforma y sus debates; pero no a la dirigencia, porque puede abrir oportunidades para su futuro; tal como aconteció con la reforma constitucional de 2006; donde la mayoría de los constituyentes usufructuaron los cambios que ellos mismos impulsaron.

La reforma política, si bien puede mejorar la calidad institucional, perfeccionar los sistemas electorales para garantizar una mayor representatividad a los elegidos y llevar alivio al votante con menos boletas en el cuarto oscuro (en 2015 hubo 150 listas en mesas de Tafí Viejo); estará signada centralmente por los intereses de la clase dirigente. Será una partida estratégica.