Una muerte, internas y muchos papelones

Una muerte horrorosa (¿quién no tuvo pesadillas con la idea de caer al vacío?), una familia destrozada, políticos y funcionarios apurados por trasladar la responsabilidad a otros, reacciones tardías, marchas en las calles y la visibilización de actividades sobre las que, hasta el momento de la tragedia, nadie ejercía controles. La enumeración que antecede estas líneas es el hilo conductor del caso que conmovió e indignó a los tucumanos (y a miles de personas en todo el país) desde las últimas horas del 2017: la tragedia de Loma Bola que le costó la vida a Natalia Vargas. Pero, con otras particularidades, podría ser el libreto de otros casos que entristecieron a los tucumanos en las últimas décadas. El de Paulina Lebbos, por ejemplo.

A 11 días del fallecimiento de la médica tucumana que estudiaba en Alemania, el Gobierno tucumano hizo un papelón tras otro. La primera reacción fue tirar la pelota a otro lado: la responsabilidad la tiene la Nación, repitieron una y otra vez los funcionarios. Entre ellos, nada menos que el ministro Regino Amado, quien se lo dijo a Juan José Vargas, padre de la víctima, durante la reunión que mantuvieron en Casa de Gobierno la semana pasada.

Los funcionarios de Juan Manzur se aferraron a este argumento a pesar de que el parapente y, principalmente, los vuelos desde Loma Bola se convirtieron en una especie de marca registrada de Tucumán: desde hace años, el Ente Tucumán Turismo promociona este deporte y particularmente el centro de vuelo privado en el que murió Vargas.

La actitud del vicegobernador Osvaldo Jaldo contradijo a los que defendían la tesis de que a la responsabilidad de lo que ocurre en el cerro San Javier hay que buscarla en Buenos Aires, a 1.300 kilómetros de distancia. La prohibición temporaria de los vuelos en parapente en toda la provincia es un modo tácito de asumir que la administración local sí tiene injerencia en esta actividad. Pero fue una reacción tardía: se lo hizo el viernes, cuando ya había pasado una semana de la tragedia, la Justicia ya había decidido que el tema se investigase durante la feria y se estaba preparando una marcha popular en la plaza Independencia.

Hay que diferenciar entre lo que es el deporte en sí mismo y una actividad comercial, en el marco de la cual perdió la vida la médica concepcionense: el precio de un vuelo biplaza que dura entre 15 y 20 minutos ronda los $1.500 y los realiza un grupo reducido de pilotos ¿Quién controla que se cumplan las medidas de seguridad? ¿Que se paguen los impuestos y las tasas que corresponden? ¿Por qué no hay ambulancias en el despegue y en el aterrizaje? ¿Es que acaso nadie sabía que esto estaba ocurriendo en San Javier? Poco probable si era el mismísimo Gobierno tucumano el promocionaba la actividad (vale destacar que desde que ocurrió la tragedia, el Ente Tucumán Turismo no se pronunció oficialmente sobre el hecho; se limitó a retirar la promoción de esta actividad de los sitios oficiales).

La encargada de darle el tiro de gracia al argumento oficial sobre las responsabilidades fue la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Su interventor, Tomás Insausti, dijo que ellos tienen responsabilidad sobre todos los objetos que vuelan y que se matriculan, cosa que no ocurre con el parapente.

La muerte de Vargas generó una crisis también entre los parapentistas tucumanos. Desató internas y visibilizó diferencias entre los diferentes grupos de pilotos, fundamentalmente entre aquellos que simplemente practican el deporte y los que hicieron de esta disciplina una actividad comercial. Hubo un hecho puntual que generó enojo: una conversación tensa que mantuvo el padre de Natalia Vargas (y que fue publicada por LA GACETA), con Sergio Bujazha, manager de Loma Bola. Aseguró que ese centro de vuelo es un club. Los pilotos sostienen lo contrario: una cosa es el centro privado de vuelo donde se produjo la tragedia y otra, el Club de Vuelo Libre Los Caranchos. Este último no tiene sede y desarrolla sus actividades en Loma Bola. Pero reúne a pilotos de todo Tucumán. Entre ellos están los que cobran por los vuelos pero también muchos que hacen vuelo deportivo o recreativo y no buscan ningún rédito económico, que son la mayoría.

Ahora bien, la muerte de Natalia Vargas genera una nube de dudas sobre otras actividades deportivas y recreativas que se promocionan en Tucumán y por las que se cobra dinero ¿Alguien las regula? ¿Existen los controles necesarios para evitar accidentes por acción u omisión? ¿Los funcionarios que tienen responsabilidad sobre ellas son conscientes de eso? ¿Hacía falta que ocurriese una tragedia para que el Gobierno se pusiese a investigar las reglas de una actividad que él mismo promociona? Ojalá que las respuestas a estas preguntas lleguen antes que las muertes.