Una reforma ¿y una contradicción?

Febrero es el mes pautado por el Gobierno de Mauricio Macri para avanzar con otra de las reformas planteadas al inicio de su gestión: la política y electoral. Según dejaron entrever funcionarios de Cambiemos, el debate sobre los cambios en las normas que regirán en los comicios de 2019 podría ser incorporado al temario de sesiones extraordinarias en el segundo mes del año. La decisión no es casual, la idea de la Casa Rosada es tener a mano una herramienta con la cual negociar con los barones del peronismo en el Senado la madre de todas las reformas para esta gestión: la laboral.

El proyecto de modificación en la regulación del mercado laboral quedó en el camino tras el alto costo que debió pagar el macrismo para obtener los cambios tributarios, que incluyen la tan cuestionada revisión del sistema de cálculo de los haberes jubilatorios. Pero la intención del Gobierno es reflotarlo apenas termine enero. Para eso, deberá lidiar con la resistencia de un sector del gremialismo y del peronismo cercano a los gobernadores. El primer paso para ese operativo conquista ya está dado: en la semana que pasó, el Directorio del Ente Nacional de Comunicaciones le prorrogó la licencia a OCA por 40 días. El mayor correo privado del país, que adeuda casi un año de impuestos y debe $3.400 millones a la AFIP, está directamente ligado al todopoderoso Hugo Moyano. El segundo está por darse: la seducción de los mandatarios justicialistas. Y aquí es en donde podría entrar en juego la reforma electoral.

Apenas aterrizó en la Rosada, el macrismo se envalentonó con la idea de modificar de cuajo el sistema político y electoral. Así, avanzó en el Congreso con un proyecto que, fundamentalmente, impone la Boleta Única Electrónica y elimina las candidaturas múltiples y el sistema de listas colectoras. Básicamente, lo que en Tucumán se conoce como acople y que en los últimos comicios poco tuvo que envidiarle a la vapuleada ley de lemas. El texto recibió un buen respaldo en Diputados, donde obtuvo media sanción. Pero a fines de 2016, cuando ingresó al Senado, el peronismo de las provincias lo guardó en un cajón de la comisión de Asuntos Constitucionales, cuya llave, hasta diciembre, estuvo en manos del kirchnerista Marcelo Fuentes. No obstante, los resultados de los comicios de octubre obligaron a un cambio de cerradura en las aberturas de la política nacional y eso abriría las puertas del Congreso para que la discusión se reinstale.

Sin mayoría en el Senado, Cambiemos está obligado a negociar cada ley con el bloque que comanda Miguel Pichetto. Precisamente, ese sector del peronismo es el que consensua cada paso con los gobernadores y por eso se volvió vital para el macrismo. Por Tucumán, por caso, los acuerdos que teje Juan Manzur tienen su correlato en la dirección de los votos de José Alperovich y de Beatriz Mirkin. Ocurrió en el caótico diciembre, cuando el ex gobernador y la ex ministra de Desarrollo Social aprobaron todo lo que solicitó la Rosada, previo pacto con los mandatarios. El debate por la reforma electoral pondría a Alperovich en una situación nuevamente incómoda, porque el principal nudo a desatar guarda relación con el voto electrónico. En 2006, cuando se aprobó la reforma de la reforma de la Constitución provincial, se escribió que Tucumán avanzaría hacia ese sistema. Desde entonces, transcurrieron tres elecciones locales (2007, 2011 y 2015) sin que el alperovichismo moviera un dedo en ese sentido. Pero el aliciente para el ex gobernador radica en que el macrismo estaría dispuesto a ceder el sistema electrónico para tentar al peronismo, y avanzar sólo con la Boleta Única en el tradicional formato en papel. La otra zanahoria que les ofrecería a los justicialistas sería la vigencia, al menos hasta las presidenciales de 2019, del esquema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Con esto, el PJ –en todas sus vertientes- tendría más chances de llegar menos dividido a los comicios de ese año, en los que Macri buscará ser reelecto. Enfrente, por cierto, no asoma aún ningún rival capaz de recoger las esquirlas que esparció la detonación kirchnerista.

¿Cómo encaja Tucumán en esta reingeniería electoral? Directamente, no entra. La Provincia aún no avanzó ni un paso en los cambios políticos prometidos por este Gobierno al asumir y tampoco muestra vocación por hacerlo. Es cierto que las provincias tienen autonomía en materia electoral, pero sería una gran contradicción que Manzur acompañe en Buenos Aires –en nombre de la gobernabilidad- reformas que tiendan al ordenamiento y a la transparencia de una elección y aquí sostenga un esquema que fomenta las trampas y la confusión.