Gandur quiere que se defina ya el caso penal que lo involucra

Un requerimiento de pronto despacho singular ingresó ayer a las 9.48 en la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción. El escrito lleva la firma de Antonio Gandur, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, quien reclamó una definición para el recurso que mantiene frenado al expediente de la Línea 11, proceso penal con fuertes repercusiones institucionales. Gandur se presentó con su calidad de miembro del alto tribunal y explicó: “motiva mi pedido que la causa no pasa a despacho para resolver pese a que el fiscal de la Cámara de Apelaciones (Alejandro Noguera) ya dictaminó. En consecuencia, la solución del fondo del asunto se posterga ilegítimamente, manteniendo una situación de absoluta indefinición procesal”.

El vocal del alto tribunal recordó que su estrado había recomendado al presidente de la Cámara (Eudoro Albo) que velara por el mayor control y el mejor funcionamiento de las secretarías en la Acordada 665 del 26 de mayo de 2016. “Desde esa perspectiva, se observa que en la presente causa subsiste una praxis indebida, que afecta severamente el servicio de justicia. Es que se pasan por alto términos procesales elementales, vulnerando la garantía del plazo razonable”, reclamó.

No es la primera vez que Gandur, quien el mes pasado dejó la presidencia de la Corte, interviene en esta causa. Antes había hecho presentaciones ante el fiscal Washington Navarro Dávila (N°5) que en mayo llevaron al jefe de este, Edmundo Jiménez, a decir que Gandur usaba su poder para entrometerse en la pesquisa e impedir su progreso. El ex jefe del alto tribunal respondió entonces que Navarro Dávila lo estaba investigando a él pese a que carecía de facultades para hacerlo, posición que, el 11 de agosto, acogió el juez Juan Francisco Pisa (N°3). Ese magistrado anuló todos los actos investigativos desarrollados desde la interposición de la denuncia y desplazó a Navarro Dávila.

El fiscal N°5 apeló y, en el tribunal de alzada, obtuvo el dictamen favorable de Noguera. Esa opinión no vinculante habilitó para resolver a Albo, que dirige el trámite en su carácter de presidente del tribunal, y a Enrique Pedicone (la camarista Liliana Vitar no interviene porque es cónyuge de Navarro Dávila). Hasta ayer la causa no había pasado al estudio de los jueces pese a que el 27 de noviembre Pedicone salió sorteado como preopinante. Una fuente explicó que la presidencia de la Cámara de Apelaciones tenía previsto integrar el estrado con un tercer miembro de la Cámara Penal y que ello podría prolongar los tiempos aún más, y añadió que, en este momento del año, eran prioritarios los expedientes con presos. En otro recurso interpuesto en el mismo caso de la Línea 11, Albo y Pedicone ya fallaron en contra del fiscal N°5 (se informa por separado).

La causa penal está ligada al juicio en lo contencioso administrativo que hace un año paralizó la orden del intendente Germán Alfaro que quitaba la licencia de explotación de la Línea 11 de transporte público a la firma Inverbus para concedérsela a Leagas. Como consecuencia de esa medida cautelar -que todavía está vigente-, el empresario Jorge Mihelj (Leagas) denunció a los camaristas en lo contencioso Salvador Ruiz (jubilado desde este mes), Horacio Castellanos y Sergio Gandur, hijo del entonces titular de la Corte. Mihelj adujo que los Gandur habrían orquestado una maniobra para favorecer a Inverbus, la firma de Oscar Alonso con la que tienen vínculos profesionales. En virtud de aquella alusión, Navarro Dávila interrogó como testigo a la abogada Sofía Gandur, hija y nieta respectivamente de los magistrados denunciados.