La Cámara declaró mal concedida una impugnación en el caso de la Línea 11

Si bien la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción no revisó todavía la sentencia principal del caso de la Línea 11, ese tribunal sí rechazó otro recurso que el fiscal Washington Navarro Dávila (N°5) había presentado en el ámbito del mismo expediente. Los camaristas Enrique Pedicone (preopinante) y Eudoro Albo declararon mal concedida la impugnación contra la resolución del juez Juan Francisco Pisa (N°3) que admitió la designación de defensores para los jueces denunciados por Jorge Mihelj, de la firma Leagas. El control de la Cámara sobre la labor investigativa desplegada en este caso de alto impacto institucional concluye con el análisis de la decisión de Pisa que anuló las pruebas recolectadas y desplazó al fiscal Navarro Dávila. Antonio Gandur, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, exigió ayer una respuesta inmediata (se informa por separado).

La discusión relativa al nombramiento de abogados se desató porque, según Navarro Dávila, admitir a los profesionales implicaba dar el carácter de partes a quienes todavía no debían tenerlo. Al analizar esa disputa, Pedicone objetó la facultad del ministro público fiscal, Edmundo Jiménez, para establecer miniferias (días inhábiles) unilateralmente. Una decisión de este tipo coincidió con el transcurso del plazo que el fiscal tenía para apelar la resolución de Pisa y extendió el término legal. “(Con el establecimiento de la miniferia) Jiménez violó la Ley Orgánica de Tribunales, el Código Procesal Penal de Tucumán, la Acordada 640 de la Corte y el artículo 121 de la Constitución de Tucumán”, criticó Pedicone. En su voto, Albo expresó escuetamente que la resolución de Pisa impugnada por Navarro Dávila no era apelable porque no causaba un perjuicio irreparable.