Decisiones e indefiniciones sobre la soberanía popular

Una decisión y una indecisión referidas a resultados electorales han ocupado el centro de gravedad de los tres poderes del Estado tucumano, durante este último mes del trascendente 2017.

La primera y más evidente es la determinación del vicegobernador Osvaldo Jaldo de no asumir en la banca de diputado que obtuvo en octubre y, por ende, de no cumplir con el mandato popular. Resolución que fue justificada y respaldada por el gobernador Juan Manzur: la oficializaron en conjunto.

No va a ser un fin de año tranquilo para el tranqueño. En definitiva, acaba de demostrar que fue candidato sólo para ganarle a Cambiemos. El macrismo está devolviéndole las gentilezas: remacha con la acusación de que les mintió a los tucumanos con que iría al Congreso a defender sus intereses.

Contador al fin, el presidente de la Legislatura hizo un balance entre costos y beneficios y resolvió hacerse cargo del desgaste a cambio de jugar todas sus fichas por volver a integrar el binomio para el Ejecutivo en 2019.

En la Legislatura llenan planillas con argumentos. Que la construcción de poder de Jaldo no es mediática sino territorial y dirigencial. Que lo cuestionan quienes nunca van a votarlo. Que ya ha sido candidato testimonial y ello nunca resintió su performance electoral. Que en octubre se plebiscitó la gestión provincial y la nacional, y que Jaldo y José Cano (ese radical con 300.000 votos) fueron, en realidad, los rostros más representativos de una y otra administración…

Pero lo que la calculadora política no puede hacer, en esa ecuación, es despejar la única y gran incógnita: cómo reaccionará la clase media, ese sector social clave para definir elecciones. A la respuesta habrá que buscarla en los próximos comicios.

Por lo tanto, esta es la segunda vez que el tranqueño se apuesta a sí mismo, durante este año, en la ruleta de la opinión pública. La primera vez fue cuando aceptó liderar la lista precandidatos a diputados del PJ, que obtuvo 500.000 votos en las PASO de agosto. Su renuncia a jurar en la Cámara Baja, ahora, puede parecer una obvia consecuencia de lo anterior, pero no lo es.

Tras las primarias, cuando la diferencia respecto de Cambiemos era de 200.000 voluntades y la proyección le daba tres bancas al PJ y una al macrismo, las usinas legislativas empezaron a trabajar el “Plan A”: una licencia especial para vicegobernador. Era una estrategia imposible: según un libro, “Constitución Nacional”, los gobernantes de provincia no pueden integrar el Congreso.

Pero el 22 de octubre, en las elecciones generales, el PJ desangró 60.000 sufragios… y una banca. El reparto fue “2 a 2”. Dos días después, con el mapa de la provincia en una mano y las planillas de escrutinio de las casi 4.000 mesas en la otra, en el jaldismo hubo dos certezas. La primera: la hemorragia electoral era por dirigentes del alperovichismo que no habían jugado lealmente. La segunda: si estando a cargo de la Legislatura podían “traicionarlo” así, entonces Jaldo no podía irse siquiera a Trancas. Ni hablar de Buenos Aires.

Claro está, esto explica por qué Jaldo no es en estos momentos diputado, pero no lo justifica. Sin embargo, mientras él ya está pagando los costos erosivos para su figura en las facturas políticas de este mismo mes, su permanencia en la escena tucumana parece ser un efecto no deseado por el alperovichismo. Aunque sometido al escarnio opositor, el vicegobernador salió de los comicios como un dirigente peronista con más de 400.000 votos.

Los rumbos

El GPS político alperovichista se encuentra en un eterno “recalculando” durante este último trimestre. Como si se guiaran por una brújula defectuosa, sus líderes vienen mostrándose errabundos. El senador José Alperovich acaba de firmar su pertenencia al bloque del PJ, que preside Miguel Ángel Pichetto y que excluye a Cristina Fernández de Kirchner, tan sólo un par de semanas después de que la ex mandataria cenara en la casa del ex gobernador. Una cosa es la amplitud de maniobras del peronismo, otra son los barquinazos.

El “relato” oficial sobre la candidatura de Jaldo consiste en que fue consensuada por él, por Manzur y por Alperovich. La lectura a flor de piel en la Legislatura es que el ex gobernador buscó con ello un retiro anticipado del tranqueño del escenario político vernáculo. En un segundo nivel, y en la Casa de Gobierno, hay una duda que no termina de prender, pero tampoco de esfumarse. Fuerza Repúblicana estuvo a 4.000 votos de quedarse con la cuarta banca. Es decir que con apenas un voto más por urna, el resultado hubiera sido “2-1-1”. Y entonces perdía Cambiemos, porque sólo renovaba una de las dos bancas; era doblemente derrotado el intendente Germán Alfaro, porque Beatriz Ávila, su esposa, no llegaba al Congreso; y además del traspié de Jaldo por no poder consagrar el “3 a 1” de las PASO, Manzur quedaba como el gobernador que debió presenciar el retorno del bussismo al Congreso.

El único que hubiera salido indemne de ese escenario habría sido Alperovich. Porque esas cosas, cuando él gobernaba, no ocurrían...

Eso redimensiona el hecho de que Manzur respaldara a Jaldo en su permanencia en la Legislatura. La decisión última sobre el escaño del tranqueño, al final, fue anunciada sólo por dos.

Por cierto, los resultados no previstos de la hemorragia electoral producida entre agosto y octubre también le coparticipan costos políticos a Manzur. Concretamente, con el jefe municipal de la capital como el emergente estratégico de la oposición. No contento con haberlo convertido en el protagonista de los comicios, el manzurismo lo trata públicamente como si fuera el mejor jugador de la cancha opositora, hasta el punto de que es el único al que le pusieron stopper: Armando “Cacho” Cortalezzi. Y (porque cuando la democracia pavimentadora pierde el rumbo, se va la banquina sin escalas) cambiaron el gerente de la SAT. Con ello, le dieron la razón al intendente respecto de que su decisión de provincializar la campaña en torno de los problemas sanitarios del Gran San Miguel de Tucumán hizo la diferencia entre las PASO y las generales.

Eso sí, el mandatario ha preferido otras lecturas. Una de las más precisas es la que brindó durante la entrevista que concedió a “Panorama Tucumano”, el ciclo televisivo de LA GACETA, donde hizo hincapié en que los comicios de octubre le dieron a su Gobierno 40.000 sufragios más que los que había conseguido cuando fue electo mandatario, en 2005.

Lo cual lleva al segundo hecho de esta semana vinculado a lo electoral y, específicamente, a la indecisión del Poder Judicial.

Los años

La semana que viene se cumplirán dos años y un mes sin que la Corte Suprema de la Provincia se pronuncie respecto de si el ex senador nacional Sergio Mansilla podrá asumir, o no, como legislador tucumano. El escaño de Mansilla está en entredicho por el artículo 45 de la Constitución provincial: “Los legisladores durarán cuatro años y podrán ser reelegidos por un nuevo período consecutivo. No podrán ser elegidos nuevamente sino con un intervalo de un período”.

El ex intendente de Aguilares (1999-2003) fue consagrado legislador en 2007 y, nuevamente, en 2011. Pero en esta segunda oportunidad no asumió en el parlamento tucumano sino (elección mediante) en la Cámara Alta nacional. Entonces, Mansilla interpretó que al no haber jurado como legislador estaba habilitado para ser candidato en 2015. Y la Junta Electoral Provincial, que es presidida por quien sea el presidente de la Corte Suprema tucumana, aceptó su postulación. Encabezó una lista y resultó electo. El caso se judicializó y desde el 12 de noviembre de 2015 los jueces cimeros tienen el caso.

Léase: ha transcurrido más de medio mandato constitucional del actual Gobierno y el superior tribunal de la Provincia no se ha pronunciado nada menos que sobre un asunto de soberanía popular y de límites constitucionales. Se trata de una oportunidad histórica para que la Justicia ilumine doctrinariamente sobre la democracia y su eterna tensión con la república.

Lo llamativo es que frente a una situación de idéntica naturaleza, pero con consecuencias infinitamente mayores, la misma Corte demoró apenas tres días. Sólo 72 horas le dejar sin efecto el fallo que había declarado la nulidad de los comicios provinciales de agosto de 2015 (los de las urnas quemadas, embarazadas y refajadas en escuelas donde hubo tiroteos, bolsoneo y acarreo de votantes). En ese fallo que validó los comicios, la Corte advirtió que “la proliferación de prácticas irregulares, que han merecido un severo reproche social y terminó levantado un manto de sospecha sobre la transparencia del procedimiento electivo, constituye un indicio claro de la necesidad de propiciar modificaciones al sistema electoral imperante, en pos de asegurar, de una manera más efectiva, la preservación de los esenciales valores democráticos”. Luego, la sentencia del 20 de septiembre de 2015 exhorta “a las Autoridades provinciales a fin de que, dentro del ámbito de competencia de cada uno de los tres poderes del Estado, se adopten las medidas necesarias para combatir el flagelo del clientelismo político”.

También han transcurrido más de dos años y el poder político provincial ha ignorado por completo esta cuestión. Surgen una serie de interrogantes al respecto. Por ejemplo, si la Corte va a considerar que se está ante un incumplimiento de sentencia; si va a denunciar a las autoridades provinciales por desobediencia judicial; y si va a emplazarlas para que acaten el fallo. La esencia común es cuál va a ser la dignidad que se va a conferir a los pronunciamientos del Poder Judicial.

Mientras tanto, el poder político acaba de enviar un mensaje: mientras no hay pronunciamiento judicial respecto del caso de Mansilla, la Legislatura ha tenido que brindar la solución que no llega desde los tribunales, cubriendo la vacante con César Elías “Kelo” Dip. Toda una pública puesta en evidencia de la mora judicial. Porque el poder nunca se pierde: sólo se transfiere.