No se combate con decisión el comercio ilegal

Es sinónimo de lo clandestino, lo ilegal, y si bien su historia puede ser tan antigua como el ser humano, hay lugares en que se la practica como si fuese algo natural. Según una definición actual de ella, significa cometer acciones delictivas contra la propiedad, como hacer ediciones sin permiso del autor o propietario, contrabando. La piratería no reconoce fronteras, incluso las virtuales se han convertido en uno de sus territorios preferidos.

En junio pasado, divulgamos datos recabados por la empresa de seguridad digital Irdeto, la Unesco y la Coalición de Creadores e industrias de contenidos (España), que indicaban que el 52% de la población mundial con acceso a internet consumía contenido pirateado. El dispositivo preferido para mirar sin pagar es la computadora de escritorio (el 65% de los europeos “piratas” lo hace de ese modo), pero la tendencia comenzaba a revertirse por la injerencia de los móviles en manos de jóvenes de 18 a 24 años, según un informe difundido por la agencia Télam. En los últimos años, el mercado ilegal de contenidos creativos creció de forma exponencial y en la actualidad existen más de 480 servicios disponibles en la web para ver películas, series y documentales o para escuchar música, entre muchas otras opciones. Durante 2016 se registraron 5.400 millones de descargas ilegales de contenidos en todo el mundo, y 21.400 millones de visitas a sitios de streaming piratas.

La inclinación marcada por la ilegalidad pareciera formar parte de la idiosincrasia de los argentinos y en particular de los tucumanos. Ese “conseguir las cosas por izquierda” está relacionado seguramente con un espíritu transgresor que nos lleva incluso a eludir leyes con bastante frecuencia. Cuando esto ocurre en forma constante es más que preocupante.

Basta echar una recorrida, por ejemplo, por las calles del microcentro, las ferias barriales o por la vieja terminal de ómnibus para constatar todo tipo de objetos “truchos” que están a la venta: CDs, DVDs, ropa, calzados, anteojos, juguetes, etcétera. Sin embargo, la autoridad, que en muchos casos, está presente mira para otro lado. Una vez al año, se efectúa algún operativo tal vez para justificar alguna acción, pero no se llega al fondo del negocio de la ilegalidad y nadie recibe sanción alguna o va preso.

La gente es consciente de que está cometiendo un delito al comprar películas ilegales, pero no siente que sea culpable porque paga por ellas, aunque mucho menos de lo que le costaría en un comercio legal. Acaso se justifica pensando que le causará daño a alguien que está muy lejos y que seguramente ganará unos cuantos miles menos de los millones de dólares que pudiera facturar. Pero la realidad es que se perjudica a toda una cadena de comercialización. Esta práctica deshonesta existe porque hay alguien que la fomenta. Si nadie comprara objetos ilegales, no habría cosas truchas; al adquirir cualquiera de ellas siempre se está perjudicando a otros. La realidad indica que no existe una decisión política para terminar con este negocio ilegal, cuyas ganancias son seguramente exorbitantes. Los intereses creados parecieran ser importantes; de otro modo, no se explicaría el desinterés en erradicar este delito, penalizado además por la ley nacional N° 11.723.

Si no se educa a la ciudadanía y la autoridad no hace cumplir la ley con rigor, y tampoco combate el problema de fondo, seguiremos siendo una provincia donde la ilegalidad puede llegar a ser una marca registrada.