06 Diciembre 2017
El proceso que impide asumir al alperovichista Sergio Mansilla en la Legislatura lleva más de 840 días en trámite en el Poder Judicial de Tucumán. El 21 de agosto de 2015, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo dijo que la pretensión de re-reelección de Mansilla era inconstitucional: la revisión de esa sentencia está en manos de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán desde hace dos años. El caso pasó la mitad de ese tiempo en la vocalía de Antonio Estofán y salió de allí sin votos suficientes (tres en el mismo sentido) para la emisión de un pronunciamiento válido: previamente habían votado los vocales René Goane y Claudia Sbdar. Por esa razón, la Corte tendrá que sumar un juez ad hoc: en el caso de empate, deberá buscar otro para que incline la balanza en favor o en contra de Mansilla.
La integración del cuarto magistrado quedaría definida hoy mismo, y sí o sí será uno de los vocales de la Cámara en lo Civil y Comercial Común puesto que ya no hay magistrados en condiciones de sentenciar ni en la Corte ni en la Cámara en lo Contencioso Administrativo. En principio y porque ya intervino antes, correspondería que falle primero el camarista civil Benjamín Moisá. Si hubiese necesidad de llamar a un quinto magistrado, el desempate correría por cuenta de Alberto Acosta, también camarista civil, quien participó en la resolución de la recusación de Moisá.
Del sentido común
El paso del tiempo no sólo llevó al oficialista César Dip, número dos de la lista de Mansilla, a ocupar la banca con la condición inédita de “legislador interino” sino que también incidió en la composición del alto tribunal que ha de resolver el litigio que inició Walter Berarducci, secretario de Gobierno de la Municipalidad capitalina (ver “Acusaron a la Corte...”). Ocurre que el 1 de diciembre se jubiló Salvador Ruiz, ex vocal de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, quien había ratificado la inconstitucionalidad de la re-reelección al tratar la admisibilidad del recurso presentado por Mansilla. En esa resolución, Goane y Ruiz dijeron -en minoría- que la queja debía ser rechazada, mientras que Sbdar, Estofán y Moisá la admitieron provisionalmente con base en el dictamen de Alejandro Noguera, fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción. Este opinó que el dirigente oficialista había cumplido sólo un mandato, pese a que se postuló en tres ocasiones, y que, por ello, no había incurrido en la re-reelección prohibida por el artículo 45 de la Constitución de Tucumán.
El peronista ganó las elecciones de 2007 y de 2011, aunque en esa segunda oportunidad no juró en el cargo de legislador (se trataba de una postulación testimonial porque era senador). En 2015, Mansilla volvió a ser candidato a legislador con el aval de la Junta Electoral que integraban Antonio Gandur, entonces titular de la Corte; Edmundo Jiménez, ministro público fiscal, y la ex legisladora oficialista Beatriz Bordinaro de Peluffo, quienes entendieron que el turno de 2011 no debía ser considerado porque el dirigente no había asumido el cargo.
En sede judicial, la camarista Ebe López Piossek dictó una medida cautelar para impedir que Mansilla participara en los comicios. En ese punto, Mansilla dedujo un primer per saltum ante la Corte y consiguió la autorización para colocar su boleta en el cuarto oscuro mas no el visto bueno para asumir, en el caso de ganar. El ex senador enfrentó la elección del 23 de agosto sabiendo que no podría festejar aunque ganara: dos días antes, los jueces López Piossek y Rodolfo Novillo declararon que la Constitución prohíbe la re-reelección sin distinguir si la banca fue o no asumida. “A nuestro leal saber y entender, es suficiente una simple lectura del artículo 45 para alcanzar a ver que el significado es clarísimo y está al alcance del sentido común de todos”, expresaron los camaristas.
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