Cartas de lectores

04 Dic 2017
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Transporte público de pasajeros I

En estos días comenzó “la comedia” que se pone en escena por lo menos una vez al año, y es la referida al pedido de aumento del precio del boleto urbano de pasajeros. Es el mismo guión y personajes: por un lado empresarios que piden un precio por arriba de lo que corresponde, sabiendo que no se lo concederán, y que al final se les autorizará por un valor más bajo. Por otro los concejales que hacen altisonantes declaraciones mostrándose “pour la galerie” dispuestos, más o menos, a defender a “sangre y fuego” a los usuarios y evitar “las desmedidas pretensiones empresarias”. También están los “periodistas” que muestran su “infalible olfato” para descubrir los precios finales, la “primicia” que anticipa cuál será el costo final y el “relato” de encuentros y desencuentros por el tema. Y en el reparto escénico, están los usuarios que ven que cada vez les alcanzan menos sus ya muy menguados ingresos. Presentado el elenco de esta ya vista y deslucida obra, caben las consideraciones no tan artísticas y más concretas, dolorosas e injustas. El 23/04/16 se publicó en esta sección mi queja por los problemas ante falta de señalizaciones en las paradas de ómnibus. La respuesta del secretario de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de la capital fue que “la Ordenanza 942/87 y modificatorias imponen a las empresas urbanas e interurbanas” la obligación de proveer “a la autoridad de tránsito de todos los elementos necesarios para las demarcaciones y señalizaciones de paradas”. Y confesó el funcionario que el municipio “requirió a las empresas lo señalado con muy escaso éxito, salvo raras excepciones”, desnudando así una ineficaz demanda de su cumplimiento en el trámite por parte de las autoridades, o de una negativa de las empresas a cumplir con sus obligaciones. Por eso, pido a las autoridades municipales que no se conceda ninguna suba hasta que no hayan provisto, todas las empresas, por lo menos el 80 % de lo que están obligados y que están incumpliendo por lo menos desde hace ya 14 años -el monto es millonario-. Y una última pregunta: el año pasado la línea 10 cobró un precio mayor durante varios meses a los pasajeros; esto se denunció en este mismo espacio por parte de otro lector. La Municipalidad, ¿hizo devolver ese excedente aunque sea para donarlo a un hogar de ancianos? o ¿dejaron que la empresa se quede con el dinero que cobró de más?

Carlos Alberto Brepe

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Transporte público de pasajeros II

El monopolio del transporte público de pasajeros a través de las empresas automotor, transformó al Jardín de la República en una de las provincias más atrasadas y desactualizadas en materia de transporte de pasajeros. El servicio automotor es muy primitivo, ya que en todas las líneas, salvo en dos o tres que tienen los coches en condiciones, el resto, un 80% de las unidades, no tienen aire acondicionado, cortinas en las ventanillas, ni hablar de pisos bajos. El pasajero debe soportar temperaturas de 40 grados o más y las personas con alguna discapacidad tienen que hacer arte circense para poder ascender al colectivo. Actualmente, los empresarios del transporte automotor tienen el descaro de pedir aumento del precio del pasaje burlándose del pueblo, que es el que les permite mantener sus negocios. Pido a las autoridades que representan al pueblo que, hasta que todas las empresas tengan las unidades en condiciones optimas con las comodidades para los pasajeros, no se tenga en cuenta ningún pedido de aumento del precio del boleto. El hecho de que cada empresa incorpore dos o tres coches con aire acondicionado no justifica siquiera el aumento anterior. Solicito que para evitar esta falta de consideración y abuso por parte de los empresarios respaldados por este monopolio, se ponga en práctica la circulación de modernos tranvías, y luego se estudie la posibilidad de complementar el recorrido hasta nuestro nuevo aeropuerto, y también otros que permitan el traslado de los pasajeros hacia y desde el centro de la ciudad, con ciudades vecinas como Yerba Buena, Tafí Viejo, San Pablo, Lules, La Reducción y Famaillá.

Héctor Francisco Márquez

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El increíble gasto de la Legislatura

Cataluña es una comunidad autónoma de España que es noticia por su deseo de independencia. Mi intención no es polemizar sobre ese anhelo, pero vale para resaltar, aunque parezca obvio, que tal pretensión permite deducir sin más averiguaciones que debe tratarse de una región próspera. En efecto, con una población de 7,5 millones distribuidos en cuatro provincias y 947 municipios, esta región tiene un PBI de casi 212.000 millones de euros. Posee cuatro aeropuertos internacionales, más de 40 puertos, y en general su sistema de infraestructura es envidiable. Y ahora viene el detalle: su órgano legislativo, el Parlament de Catalunya, tiene un presupuesto de 59,93 millones de euros (cifra oficial para 2017), que equivale a unos $ 1.227 millones. Ahora paso a las odiosas comparaciones. Tucumán es una provincia de 1,6 millón de habitantes, con infraestructura deficitaria en su funcionamiento, típicamente tercermundista. Son crónicos los problemas que afectan nuestra calidad de vida (vertidos cloacales, basureros urbanos, rutas ruinosas, pueblos que se inundan cada verano, etcétera). Este “Jardín de la República” (el mote parece ya una cruel ironía) tiene un cuerpo legislativo con un presupuesto de $ 2.400 millones (LA GACETA 01/12). Duplica prácticamente al del parlamento de la poderosa Cataluña. ¿No es gracioso? Claro que no: es indignante. El progreso que nos han venido negando sistematicamente hubiese sido posible si el dinero que debió haberse invertido en él no hubiera ido a parar a los insaciables bolsillos de nuestros carísimos funcionarios y legisladores, de sus numerosos asesores y de quienes, con su militancia, ayudaron a mantenerlos en el poder. El verdadero enemigo no está afuera, como quisieron hacernos creer; lo tenemos dentro de casa.

Ricardo Roberto Manai

Belgrano 63

Tafí Viejo


La ley y los discapacitados I

El 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y en este año nefasto quedó poco y nada para festejar. Es para llorar el retroceso que sufieron las conquistas obtenidas durante años de lucha. Se cercenaron vilmente las pensiones y, para obtenerlas, recargaron ahora los requisitos que las tornaron imposibles de cumplir. Así, en la mayoría de los casos desisten del beneficio. Son muchas las barreras urbanísticas que hay en la ciudad y en las oficinas públicas para los discapacitados. Hay escollos de todo tipo en el centro y en el microcentro. Pero lo peor es el obstáculo de la insensibilidad de nosotros, los transeúntes, que los esquivamos y hasta chocamos en lugar de ayudarlos. Pensé que con una vicepresidenta y un ministro de Trabajo con discapacidad ellos estarían mejor, pero no fue así. Aún hay que pelear para que los discapacitados gocen de sus derechos, tanto por esa condición como también de ciudadanos argentinos.

Francisco Amable Díaz

Pedro G. Sal 1.180

San Miguel de Tucumán


La ley y los discapacitados II

Los 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Seguramente muchos funcionarios salieron a manifestarse sobre el tema y, como ocurre desde hace años, al día siguiente ya se habrán olvidado de que existen esas personas. Y es que las niegan o viven ignorándolas; sobre todo en lo referido a la inclusión laboral de los discapacitados en todos los estamentos del Gobierno provincial. Se hacen los desentendidos respecto de la Ley provincial 6.830, referida a la protección de estas personas.

Jorge Miguel Wolters

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Polémica reforma laboral

Primero es lo primero. Si finalmente el proyecto de reforma previsional se transforma en ley, será inconstitucional, según el análisis de constitucionalistas, abogados previsionales, periodistas especializados, etcétera. Pero los distintos gobiernos nos tienen acostumbrados a sus decisiones impregnadas de inseguridad jurídica, so pretexto del bien común. Este engendro previsional, precisamente, responde a un mero interés de grupos, sin ningún atisbo de comportamiento comunitario ni mucho menos solidario. No existen los derechos adquiridos; nada les cuesta dejar sin efectos leyes, decretos, convenios y reglamentos. Todo vale, pero obviamente deberán detallar meticulosamente las normas que derogan para lograr que entre en vigencia esta ley inconstitucional. Sería interesante conocer el perfil psicológico del doctor Pichetto, cuyo gesto claramente exultante, luego de la votación, seguramente lo hicieron sentir como en sus mejores épocas como cuando aprobaron los superpoderes que tenía la ex presidenta, incurriendo en la figura constitucional de “traidores a la Patria”. Y los rostros se repiten, nada ha cambiado; aunque Cambiemos se denomine la fuerza política vigente. Obvio, tienen la razón de la fuerza. ¿Qué podemos oponer los jubilados sino la fuerza de la razón, única representante de nuestros intereses? Espero que los diputados, por lo menos, tengan sentido común y no se sumen al acto perverso de los autores del proyecto, y de quienes lo votaron favorablemente dotándolo de media sanción. Y la gobernadora Vidal aplaudiendo; claro, se justifica porque logró nada menos que una “yapa sin obligación de rendir cuentas” de $ 65.000 millones “para el conurbano bonaerense” por “reparación histórica”. Ya la había recibido Duhalde en el 93, por $ 650 millones anuales, o la misma cantidad de dólares por la equivalencia del uno a uno, para idéntico destino. Y todo eso, aparte de la coparticipación federal que le corresponde a Buenos Aires, como provincia. Pero esta vez la “yapa” es aportada por la Anses, de lo que le corresponde del Impuesto a las Ganancias, o sea por nosotros los jubilados.

José René Iovane

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Títulos de la ingeniería civil

En la nota de LA GACETA (28/11) sobre la ingeniería civil de Tucumán, se consigna erróneamente que la resolución ministerial Nº 1.131, “de aprobarse podría restringir un 70% el alcance del título universitario”. Esta resolución no involucra en su alcance a las ingenierías del país. Lo que propone es “definir” cuáles de esos alcances “comprometen el interés público, poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes” (artículo 43, Ley de Educación Superior). La citada resolución ministerial define “las actividades reservadas” para cada título, dejando a las universidades la potestad de otorgar los alcances de las mismas. O sea que ni la ingeniería civil ni cualquier otra ingeniería de las que se dictan en el país, perderá sus alcances o las competencias de sus títulos. A propuesta del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, del cual forma parte el ingeniero Pagani, se acordó con el conjunto de todas las ingenierías los alcances que serían exclusivos de cada título, “en función de lo previsto en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior”, o sea que se acordaron las “actividades reservadas”. Esto no afecta a los futuros egresados, ya que los alcances del título seguirán siendo los mismos o los que se decida en cada universidad. En cuanto a la mala experiencia de los ingenieros civiles (“librando batalla con los agrimensores, los arquitectos, y otras ingenierías), se debe a que sólo la ingeniería civil considera “ambiguas” las normas que al respecto emitió el Ministerio de Educación, justamente por considerarse la “madre de las ingenierías”. Es entonces, tal como lo expresa el ingeniero Pagani, la resolución 1.131 impactará en todas las ingenierías, y tal como lo expresa el director de Gestión Universitaria de la Nación, doctor Falcón, “no existirá recorte alguno en los alcance de los títulos”.

Héctor Rubén Gallo

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Los veedores de la Justicia

El camarista Ibáñez señaló que los veedores y auditores son bienvenidos en su tribunal, y que así como él muchos están en condiciones de pensar igual. Los que no tengan claro, los que de alguna manera han participado de los 33 juicios en curso de revisión y no se sientan seguros de sus decisiones y actos, tiemblen. Ustedes, que pertenecen al Poder Judicial, son los que trabajan para él, no son sus dueños. Y deben ser examinados y auditados cuantas veces sea necesario. Es una imperiosa necesidad que debe llevarse a cabo en el afán de asegurar una Justicia eficaz y transparente.

Héctor Leonardo Bravo

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Sobre el agua y la luz I

El artículo 4, inciso 26 de la Ley 8.479 dispone que el ente regulador provincial (Ersept) eleve a la Legislatura un informe anual de su gestión de control de los servicios públicos de agua y de electricidad. He accedido a los informes de los años 2014, 2015 y 2016, expedientes Nº 34/CPE/2015, Nº 26/CPE/2016, y Nº 54/CPE/2017. Constituyen centenares de páginas rellenadas con información banal y general, acompañada de gráficos realizados con una falencia tal, que en muchos casos no se indica la unidad de medida ni la fuente de los datos. Como evidencia del desprecio por las normas legales, observé que los informes no están firmados y fechados por los responsables, incumpliendo así con los requisitos esenciales de validez del acto administrativo dispuesto por el artículo 43 de Ley 4.537. Es importante conocer algunos datos encontrados en los informes: 1) la existencia del expediente Ersept Nº 1561/390/15, que propone el “cobro conjunto” en una sola factura de los servicios de agua y de electricidad. 2) Que de los datos expuestos está probado que la SAT Sapem es una empresa inviable, pues el 93% de la financiación de sus obras provinieron de aportes externos (BID, Banco Mundial) por lo que sin subsidios, créditos o con un enorme aumento tarifario, no puede operar debidamente pues recauda por servicios menos de lo que gasta. Como una solución concreta, el Ersept propone reemplazar las detalladas leyes marcos originales del agua (Nº 6.445 y 6.529) por una nueva ley unificadora redactada con múltiples generalidades que abren la puerta a la discrecionalidad de la autoridad de aplicación, que sería el mismo ente regulador. Si la comunidad tucumana no se involucra y participa, veo un oscuro futuro en la prestación de los servicios públicos, pues en ellos primará el lucro, la conveniencia política y el negociado, en lugar del “bien común” de los ciudadanos.

Raúl S. José Giménez Lascano

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Sobre el agua y la luz II

Hace horas recibí la factura de Gasnor con importes que sin duda se ajustan a lo dispuesto por el ministro Aranguren. Debo agradecer la gentileza de pagarla en dos partes, pero soy consciente de que esta medida es una “engañapichanga”, porque es obvio que en la segunda factura ya deberemos pagar el importe total de ambas mitades. Me llama la atención escuchar comentarios de periodistas especializados y economistas que discuten porque no se soluciona la inflación, y siempre ponen de ejemplo a Chile y a Colombia que supieron doblegarla. Al respecto, creo conveniente recodarles a todos los opinólogos y politólogos que Chile se estabilizó gracias a medidas tomadas por Pinochet, les guste o no les guste. Desde luego que quienes le sucedieron supieron mantener las condiciones necesarias esa estabilidad de la moneda. El problema eterno de nuestra economía es la cantidad de entidades financieras que se dedican a prestar dinero, actividad que en poco tiempo les permitió crecer tanto que sacaron sus propias tarjetas de crédito. Es obvio que la usura es una actividad lucrativa que no genera producto bruto alguno ni ocupa mano de obra. Podríamos concluir que dinero hay de sobra en el país. El problema es que sólo está aplicado a generar más dinero, sin aumentar el Producto Bruto Interno.

Humberto Hugo D’Andrea

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