Un combo infernal

El consumo y la venta de droga forman parte de la esencia de la cárcel de Villa Urquiza. Se denuncia desde siempre y hasta el actual juez de Ejecución de Sentencia, Roberto Guyot, que hasta hace poco fue director de Institutos Penales, reconoció en 2010 que “en las mejores cárceles del mundo ingresan estupefacientes”. Pero ahora no sólo hay narcotráfico dentro de la cárcel, sino que hay asesinatos anunciados, como el del recluso Fernando Sebastián Medina, y hay también guardiacárceles involucrados en la venta y en el crimen. Un combo infernal.

Antes, en 2008, cuando se hablaba del ingreso de droga al penal, las autoridades decían que se trataba de maniobras de los familiares de los reclusos, que las introducían en medio de la ropa, la comida, los zapatos o sus partes íntimas, y la promesa eterna de los funcionarios fue que algún día se iban a colocar escáneres y cámaras filmadoras y que algún día se iba a crear una sección canes, con perros adiestrados. Guyot decía que iban a “fotografiar internos y tatuajes, que a menudo identifican grupos ligados al consumo de sustancias”. El director actual de la penitenciaría, Guillermo Snaider, dice que los escáneres son inminentes y que los perros ya están siendo entrenados.

En ese entonces -hace casi 10 años- los funcionarios decían que el ingreso de estupefacientes a la cárcel se hacía en los días de visita -en ese entonces, los domingos-, cuando entraban unos 2.000 familiares y entonces se hacía el “contrabando hormiga”, según la descripción de funcionarios de la justicia federal. Pero ahora se trata de una explosión de compraventa. La cárcel parece transformarse en los días de visita en una gran feria de narcóticos que moviliza enormes cantidades de dinero. Podría decirse que con razón tuvieron cerrados durante años los talleres. Con la compraventa de estupefacientes alcanzaba y sobraba para el movimiento de dinero.

El quiosquito interior

Los presos que se animan a hablar justifican el consumo. En un juicio por tenencia de drogas en 2010, en el que fue absuelto, Esteban Pachado dijo que se hizo adicto en la penitenciaría. “Estando preso un mes en Villa Urquiza me drogaba más que durante los cuatro que llevo en libertad. Justamente, conocí esa basura en la cárcel, porque ahí la vida es terrible. Te comés la cabeza. La única posibilidad de que se te pase el tiempo es con ‘fasos’, pastillas o ‘merca’ “, describió. La fiscala Adriana Giannoni cuenta que hace cuatro años un preso le dijo que por $ 100 se podía elegir la droga que uno quisiera.

Denuncias hubo siempre. Cuando se rastrea el archivo se encuentran historias de motines, incidentes y homicidios vinculados con esto. En 2008 la Sala II de la Cámara Penal, ante la circunstancia de que los presos iban a declarar “pasados” de droga, hicieron un examen de orina a 114 reclusos y detectaron que el 65% estaba intoxicado. Ahora, ocho años después, la abogada Geraldine Salazar dice que se sabe que el 70% de los presos consume estupefacientes. Esto corrobora lo que decía el preso Esteban Pachado. De hecho, Guyot, ahora como juez de Ejecución de Sentencia, estuvo envuelto en un severo problema en agosto pasado, cuando 200 reos hicieron huelga de hambre en reclamo porque el magistrado les exigía examen de orina antes de otorgarles permisos de salida o de analizar los pedidos de libertad condicional. La Corte Suprema debió intervenir para hacer que el juez negociara con los presos.

Custodios involucrados

De consumo se ha hablado siempre. Pero poca atención se les dio a las acusaciones de reos que decían que los guardiacárceles estaban involucrados. Y no ha de ser fácil denunciar a los custodios, sobre todo si se sigue en manos de ellos. En 2010 el ex camarista penal Carlos Ruiz Vargas -que también hizo hacer un sondeo de consumo en el penal- envió a la justicia federal una denuncia de un preso que acusaba a los guardias de tener organizada la venta de drogas en Villa Urquiza. Nada sabemos del curso de esa presentación.

Ya en enero pasado, a raíz de una pelea en al que murió el preso Mario Jesús Juárez, se denunció a guardias. Lo dijo la madre del fallecido, Silvia Juárez, quien describió que “corre muchísimo la droga, por eso las peleas son permanentes”. Este año, además, fueron detenidos dos guariacárceles que entraban con droga al penal -en enero y en julio- y hubo otras muertes extrañas vinculadas con drogas, como la del “Pelao” Acevedo, ahorcado hace un mes con su propio cinto cuando estaba en el pabellón de máxima seguridad, lugar al que no pueden ser llevados con cinturones.

Ahora es el paroxismo. Sebastián Medina fue asesinado hace 10 días y en momentos en que su mujer procuraba que el juez Guyot recibiera una carta en la que el reo decía que lo iban a asesinar. Guyot estaba en un curso, según le dijeron a la mujer. Medina y otro preso habían sido sacados de la cárcel en agosto para que se los protegiera porque habían denunciado a guardiacárceles por la venta de drogas. Guyot los había enviado a la seccional 7a, donde también estaban bajo custodia de guardiacárceles. En esa seccional fue asesinado en la Navidad de 2015 otro preso, también de apellido Medina, Alejandro. Los acusados son dos guardiacárceles. Según declararon los presos de esa Navidad trágica, esa tarde los carceleros llevaron drogas y alcohol al calabozo.

Sin avances

En el caso de Fernando Medina, todos los controles fallaron. La denuncia por venta de drogas en la Justicia Federal no avanzó. El fiscal Pablo Camuña esperaba que se dirimiera qué juez -Daniel Bejas o Fernando Poviña- iba a intervenir, para poder tomar declaración al preso. Pero pasaron cuatro meses de idas y vueltas y Medina ya está muerto. La pesquisa por el traslado irregular de Medina y su compañero desde la seccional 7a a la cárcel, donde fue asesinado, está en manos de dos fiscalas: Carmen Reuter, que investiga a Snaider y otros directivos del penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público, y Giannoni, que investiga el homicidio. Hasta ahora declararon los directivos ante Reuter -deslindaron responsabilidades- y Giannoni tiene una pila enorme de expedientes antes de citar a declarar a nadie. Se sabe que el libro de guardia de la seccional 7a dice que todo estuvo normal en el calabozo el día del traslado y que el libro de guardia de la Unidad Penitenciaria -escrito por dos guardiacárceles de apellido Díaz, que estaban a cargo de Medina y su compañero- dice que los reos se habían autolesionado. También en el libro habrían asentado que alguien del juzgado ordenó el traslado a la cárcel, lo cual habría sido desmentido. Medina llegó golpeado a la cárcel y de allí fue trasladado al hospital Avellaneda, donde los enfermeros de la penitenciaría dijeron que se había autolesionado con una hoja de afeitar. Casualmente, en el caso del otro Medina asesinado en la Navidad de 2015 en la seccional 7a, los guardiacárceles dijeron que tenía una hoja de afeitar en la boca.

Poco después del regreso a Villa Urquiza desde el hospital, Fernando Medina fue llevado al patio del Anexo 1, donde fue apuñalado por el preso Alejandro “Pichi” Mendoza. “Hasta este preso dice que los guardiacárceles venden drogas”, explicó la fiscala Giannoni-. “La muerte de este recluso es la punta del iceberg. Esto lleva años”, agregó.

La cuestión es tan confusa y a la vez parece tan clara que asusta. Está llena de puntos oscuros. Los guardiacárceles cobran servicio adicional para custodiar a detenidos en las comisarías 7a, 9a y 6a desde que en 2015 la Corte Suprema, a raíz del hábeas corpus pedido por los fiscales Giannoni y Diego López Ávila por la muerte de dos detenidos en la Brigada Norte, ordenó que sean guardias de penitenciaría y no policías los que custodien a reos en las comisarías.

Poco y nada

El sistema es un desastre. El hábeas corpus lleva dos años y muy poco se hizo contra el hacinamiento carcelario -excepto la construcción de un pabellón para 200 personas en la saturada cárcel. Hace 15 días la Procuración Penitenciaria de la Nación hizo un duro informe sobre las cárceles de Tucumán -incluso registraron un detenido aislado en un “chancho”, baleado con postas de goma, esposado a la pared, que no figuraba en registros y que debía estar libre. Hay una oficina de Derechos Humanos en la Corte y hay una Secretaria de DDHH en la provincia. Poco y nada hacen. Hay una comisión legislativa de seguridad. Hay una ley de emergencia en seguridad que lleva un año y acaba de ser prorrogada por dos años más. También es de emergencia carcelaria y apenas si sirvió para que se construya el pabellón, pero no para evitar el combo de narcotráfico y muerte que reina en la cárcel. Es lógico: si hay venta de drogas en la periferia social, ¿cómo no va a haber en la penitenciaría, ese lugar al que van los que han sido atrapados delinquiendo? Lo que no es lógico es que los guardias hayan perfeccionado el sistema corrupto del que abreva el infierno carcelario. ¿Habrá salida? Hasta ahora, todo ha ido empeorando.