Espantos reformistas

Como en el cuento de Charles Dickens, tres espectros concurren al gobernador de Tucumán. Pero como estamos a un mes de la Nochebuena, no son las ánimas de las Navidades las que acechan a Juan Manzur, sino los fantasmas de las reformas pasadas, presentes y futuras.

La “aparición” de las reformas macristas en el presente es feroz con el tucumano. El Gobierno nacional cincha a diestra y a siniestra, pero en las provincias con administraciones “amigas” monta algunas escenas para que sus socios políticos salven la ropa. Un ejemplo es Mendoza.

El anuncio de impuestos internos para el vino y el champagne fue un show. El impacto que podrían tener esos gravámenes en la recaudación nacional sería tan intrascendente... Pero el “amague” le sirvió al radical Alfredo Cornejo para plantear que acompañará las medidas macristas porque, a cambio, no se gravarán las bebidas alcohólicas cuyanas.

Con Tucumán no hay tal cortesía. El precio del bioetanol fue rebajado, sin importar los contratos ya suscriptos con un precio más alto. El ajuste es ajuste y perjudica a la industria sucroalcoholera. Sin embargo, la Nación invoca razones que, si bien no son atenuantes para el recorte, sí conjuran la victimización del Gobierno provincial (se declara perseguido por la Casa Rosada) y de algunos sectores industriales (se asumen traicionados por el macrismo). La Casa Rosada advierte que el precio alto y competitivo del bioetanol no fue un “regalo” sino una “donación con cargo”. La finalidad era que el “negocio” no fuera sólo de industriales y de grandes cañeros, sino que derramara en toda la cadena productiva. Como pasó lo contrario, alegan en Capital Federal, la “donación” comenzará a resentirse.

Pero el Gobierno central le importa (tanto o más que esta explicación) la lectura instalada entre quienes no creen que el manzurismo sea víctima de nadie: “así les va a los gobernadores hostiles a Macri”. Una lección de perversión republicana, a la vez que una didáctica de poder.

Presente

Pero en términos reales y no interpretativos, lo más terrible de la reforma fiscal es, para el manzurismo, la eliminación progresiva de dos impuestos tan recesivos como eficaces: Sellos e Ingresos Brutos. El primero representa el 10% de la recaudación provincial. El segundo, el 75%.

El Gobierno federal argumenta que la reactivación económica que ya está presente en los números de la macroeconomía (y que sigue ausente en los microeconómicos bolsillos), y el alivio fiscal por eliminar impuestos “cascada”, harán que la recaudación, inclusive, crezca por otras vías. Hasta entonces, anuncia una “compensación”: un bono de $ 8.000 millones, a una década. O sea, $ 800 millones por año. Apenas el 1,2% del Presupuesto 2018, previsto en $ 68.000 millones. Hoy, con $ 800 millones, el Gobierno provincial no llega al miércoles...

Por caso, los radares de los Gobiernos del NOA están enfocados en determinar si es cierta la versión de que Salta avanzaría con un tributo provincial que, en los hechos, agregaría localmente un 1% al IVA, para compensar “de verdad” la reforma fiscal.

Manzur, mientras tanto… viaja por EEUU. Desarrolla una agenda oficial para que la gente (que es mala y comenta) no diga que está de paseo. Sin embargo, su “misión” es, cuanto menos, inoportuna: hasta la santacruceña Alicia Kirchner está negociando el esquema impositivo con la Nación.

El tucumano decidió que era más importante ver en persona un croquis del Centro Cívico que le encargaron diseñar a César Pelli. Cuanto menos, esa visita sirvió para obtener un primer indicio de lo que Manzur proyecta consigo mismo: no dijo que quiere colocar la piedra basal en Tafí Viejo, sino que quiere inaugurar el emprendimiento. Y como semejante obra no insumirá menos de cuatro años, habría dado la primera señal de que va por la reelección. Es todo un hecho político, considerando que si a los tucumanos les cobraran un tributo por cada indefinición política del gobernador, la Provincia tendría el PBI de Nueva York…

Por lo demás, suena increíble que Manzur esté fuera del país cuando el país discute una reforma fiscal integral por primera vez en dos décadas. No menos inverosímil resulta que esté fuera de la provincia cuando su futuro político depende de una promesa que Macri le exige y que él incumple. Alrededor de eso danzan los otros fantasmas que merodean al gobernador.

Futuro

La reforma política es el fantasma del futuro. Mientras el gobernador no la concrete, tendrá un elemento objetivo de discordia con la Casa Rosada.

El 20 de mayo de 2016, Manzur viajó con los intendentes a Buenos Aires para gestionar obras. Macri le demandó que terminara “con esa cosa rara que tienen los tucumanos”: los acoples. LA GACETA estaba allí cuando el Presidente ató el pedido de inversión pública para los tucumanos a su reclamo de inversión en una nueva ingeniería política.

El 8 de agosto pasado, el jefe de Estado nacional concedió una entrevista al periodista Omar Nóblega (“Los Primeros”, Canal 10). “Le pedimos al Gobierno de Tucumán transparencia, que deje atrás un sistema feudal, un sistema político que fue acusado de fraude muchas veces”, intimó. Otra vez, un término de la economía aplicado a la política.

Para el pragmatismo manzurista, las cuentas públicas son primas lejanas de las instituciones públicas: cada una va por su lado. Para la realpolitik del PRO, economía y política son hermanas siamesas: una no puede ir separada de la otra.

El “espanto” de la futura reforma política, entonces, es difuso, pero implacable. La secretaria de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse, declaró esta semana a este diario que los tucumanos “no podemos volver a vivir sucesos como los de 2015, donde una elección legítima y ganada por un margen de diferencia abrumador fue cuestionada durante dos años hasta que la Corte Suprema nacional agotó ese debate con un fallo judicial”. Es una aspiración sensata, pero que olvida las razones materiales del fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. En agosto de 2015 hubo maniobras fraudulentas alarmantes (urnas “embarazadas”, urnas quemadas y tiroteos en las escuelas). Y maniobras delictivas flagrantes (acarreo de votantes y bolsoneo). Y aun así, no fueron estas aberraciones las que dispararon la nulidad. El detonante fue la filmación de personas refajando urnas en la sala de custodia de votos de la Junta Electoral Provincial. Lo captaron las cámaras que, según se había informado oficialmente, en principio no funcionaban por culpa de cortes de luz que, según EDET, nunca ocurrieron.

Cuando no haya elecciones al estilo de la Década Infame ya no habrá comicios anulados.

La cartera política del Ejecutivo, además, se manifiesta reacia a que la Justicia absorba la administración del proceso electoral: “Las voces que se manifiestan en ese sentido desconocen las posiciones académicas y técnicas respecto de los organismos electorales”. Curiosamente, hay voces que, además de académicas, son institucionales y se manifiestan en favor de que la Justicia controle los comicios. En el informe de la Junta Electoral Provincial a la Legislatura, el 17 de diciembre de 2015, el juez supremo Antonio Gandur recomienda que la Corte entienda directamente en las apelaciones contra las resoluciones de la Junta Electoral.

Antes, en el fallo del MP3 (impulsado por Alejandro Sangenis con el patrocinio del constitucionalista Rodolfo Burgos), el camarista Rodolfo Novillo había declarado nula la norma la Constitución de 2006 por la cual el alperovichismo (padre cultural de este Gobierno) conformaba la Junta Electoral Provincial con mayoría automática del poder político. Tras comparar todos los organismos electorales del país, el magistrado advirtió que sólo dos carecían de una mayoría de jueces: el de Santiago del Estero y el que se quería imponer aquí.

Y están los hechos. En las PASO de agosto y en las parlamentarias de octubre no se dieron los escándalos de los comicios provinciales de 2015. Hubo decenas de denuncias, pero en el “3 a 1” de las primarias y en el “2 a 2” de las generales, oficialistas y opositores convalidaron el resultado. La administración de esos procesos está “absorbida” por los tribunales: por la Justicia Electoral Nacional. ¿Quién había dicho que la única verdad es la realidad?

Lo que es difícil de comunicar desde el Gobierno es que en Tucumán no hay reforma política porque el régimen asfaltador no quiere. Ese es el fantasma de las reformas pasadas.

Pasado

Manzur presidió la convención que en 2006 alumbró la Carta Magna vigente. En ella, el “acople” no es mandato, sino posibilidad. Dice el inciso 12 del artículo 43: “Los partidos políticos, frentes o alianzas electorales podrán celebrar acuerdos…”. Pero aquí el oficialismo aplica ese inciso desiderativo como si fuera el undécimo mandamiento.

En cambio, hay normas constitucionales imperativas a las que se sigue ignorando. En el mismo artículo 43, el inciso 3 dice: “Se establece el sistema de votación electrónica…”. No hay expresión de deseo tampoco en la parte del artículo 157, que fija: “La ley reglamentaria del mismo (en referencia al voto electrónico) deberá ser aprobada antes de la finalización del año 2006”. Mucho menos en el artículo 158: “Una vez sancionada la reforma, la Legislatura deberá, dentro del plazo de 120 días, dictar la Ley sobre Régimen Electoral y de los Partidos Políticos”.

Manzur, vicegobernador entre 2007 y 2015, nada hizo respecto de lo que la Constitución ordena. En cambio, la mera alternativa de las colectoras se traducirá en casi 1.100 partidos en 2019. Y en más de 3.000 acoples.

Semejante sistema sólo funciona con dinero. El que más plata tiene, más partidos inventa, más agrupaciones “acopla” y más votos cosecha. Y nadie tiene más recursos que el Estado.

Por eso, la comisión parlamentaria creada para tratar la reforma política sólo se reunió una vez. Ni siquiera acordaron el temario de cambios. Tan sólo coincidieron en que habría que modificar la Constitución. Aquí las leyes no están para ser cumplidas, sino para ser reformadas.

Luego, la cartera política del Gobierno sugiere dictar la Ley de Régimen Electoral, pero recomienda no avanzar con la de voto electrónico. La Constitución se redujo a menú opcional.

Si la alquitranada cultura del Gobierno seguirá consistiendo en aplicar las leyes que le convienen, y en ignorar las que lo limitan, en Tucumán el espíritu de la Constitución será siempre el fantasma del derecho que pudo ser, del que tal vez sea y del que acaso alguna vez será.