La deuda del Estado con los derechos de la niñez

Constituyen con los ancianos la franja más frágil de la sociedad. Con mucha frecuencia se los invoca. Siempre están a mano en los discursos de los políticos o son besados por estos en los actos proselitistas, pero pese a las prometedoras palabras, la realidad sigue siendo diferente. Se los puede ver a diario en los semáforos, trabajando como limpiavidrios, mendigando en los bares, durmiendo en el piso o en las plazas. El domingo se cumplieron 28 años de la firma y ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el tratado internacional se señala que los niños tienen los mismos derechos que los adultos, y se subraya que requieren de protección especial.

La CDN ingresa a la Carta Magna argentina en 1994 y varios años después, en 2005 se sanciona la Ley Nacional 26.061 de protección integral a los niños, niñas y adolescentes, sin embargo, muchas provincias mantienen siguen en deuda con la niñez. Seis de cada 10 niños y adolescentes encuentran limitadas las posibilidades para el ejercicio de sus derechos, principalmente en el plano de la protección, la educación, la vivienda digna y la atención de la salud.

Una de las exigencias que prescribe la iniciativa es la creación de la figura del Defensor del Niño, que debe velar por la protección y promoción de sus derechos. En el texto se establecía que este debía ser nombrado dentro de los 90 días que seguían a la sanción de la norma, pero hace 12 años que los niños argentinos no tienen aún quien los defienda.

A fines de enero pasado, informamos que La Pampa, Córdoba y Buenos Aires ya habían designado mediante ley defensores o abogados del Niño. Señalamos que en Tucumán había un proyecto con dictamen de comisión. En 2010 se aprobó la Ley 8.293 y se creó el Consejo Provincial de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, y está integrado por varios ministerios, secretarías y organizaciones civiles. Sin embargo, los chicos tucumanos carecen de su ombudsman.

La estadísticas indican que de los 715.483 niños que trabajan en Argentina, unos 473.567 lo hacen de las peores formas, es decir, que tienen entre cinco y 11 años, y sus condiciones de trabajo son peligrosas o insalubres, o tienen empleos muy intensivos, de muchas horas de trabajo.

Según el Barómetro de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, en 2013, el trabajo infantil en cualquiera de sus formas (doméstica, o actividades económicas) en el Gran San Miguel de Tucumán alcanzaba el 24,6%, entre los de 5 a 17 años el 36,7%, entre los de 14 a 17, y 19,6%, entre los 5 a 13 años. La mayoría trabajaba en la zona rural, realizando labores de adultos en las cosechas de tabaco, frutilla, arándano, caña, papa, citrus, y también en la actividad ladrillera. Uno de los principales problemas que genera esta explotación es que una buena parte de estos pequeños trabajadores debe abandonar la escuela para trabajar y ayudar a sostener la economía familiar. En marzo de 2013 el Senado de la Nación aprobó una nueva iniciativa que tipifica como delito el trabajo infantil.

De poco o nada sirven las leyes si el Estado no las acata. Esta morosidad y la realidad de exclusión social y de explotación están reflejando cuál es la preocupación e interés de nuestros gobernantes en proteger a nuestros niños.