Paralizados por la política

Todos parecen conocer la situación de La Madrid. El pueblo arrasado por el agua en abril pasado está en terrenos superbajos, junto al cauce del río Marapa al sureste de la provincia, a pocos kilómetros del embalse Frontal. Está en una zona devastada por los sedimentos que arrastraron los torrentes que bajan desde Ovanta, Los Altos y Alijilán en Catamarca. Todos ponen el acento en los productores catamarqueños y tucumanos que eliminaron los bañados naturales para cultivar soja y que en la zona de La Madrid hicieron canales que desviaron las aguas de los arroyos El Sueño y La Posta y del río San Francisco hacia el Marapa, que se volcó imparable sobre el poblado de 3.700 viviendas. Todos se pusieron de acuerdo en mayo (cuando el drama de La Madrid escandalizaba a la provincia y el país) e hicieron aportes desde todas las áreas provinciales, nacionales y universitarias relacionadas con el tema para hacer un gran diagnóstico.

Ahora que se viene la temporada de verano, también hay acuerdo, pero negativo: todos concuerdan en que La Madrid volverá a inundarse, y como se trata de una tierra llena de sedimentos, las crecientes llegarán más fácil con menos lluvias. Y acá llega el último acuerdo: todos dicen que hay que hacer algo ya. Pero chocan en el manejo de la plata: se habló de que hacen falta $1.350 millones, que luego se acomodaron en $850 millones que la Provincia le pide a la Nación. Esta dice que mientras no se presenten proyectos bien justificados no se enviará el dinero. Hasta ahora, sólo hubo un ATN de $ 50 millones, con el que se repararon caminos y algunas obras menores.

En la provincia, del drama de La Madrid se ocupan dos áreas: la Secretaría de Obras Públicas (cuya titular, Cristina Boscarino, dijo que se ha trabajado para mejorar otras zonas que se inundaron en años anteriores y que para el problema actual se espera dinero de la Nación) y la Unidad Ejecutora Provincial, dirigida por Sisto Terán, que se ocupa de los proyectos de mediano y largo plazo.

Rayos láser

Terán dice que hace falta un Plan Estratégico Integral de Prevención de Inundaciones. Que el diagnóstico incluye “hacer un relevamiento topográfico y geológico del más alto nivel de precisión”. Para ello pidieron ayuda al Instituto Geográfico Nacional, pero este ente se encuentra desguazado, sin aviones ni elementos tecnológicos. Entonces, “averiguamos sobre el sistema Lidar, que puede hacer un relevamiento en una semana de todo el territorio de Tucumán, con un sistema de rayos láser. Todas las reparticiones del Estado dijeron que es maravilloso. Se haría vía licitación pública. El monto global sería $13,4 millones (con IVA)”. La segunda medida: actualizar el Plan Director del Agua de 2001. Podría costar unos 20 millones de pesos. “Con unos $40 millones el Estado estaría en condiciones de tener el diagnóstico cuasi milimétrico para saber cursos de acción”, explica. Agrega que el problema de las inundaciones tiene distintas cuencas y que la provincia trabajó mucho en la del Gran San Miguel de Tucumán. “Hemos pedido a la Dirección del Agua un estudio de todos los proyectos de los canales del Gran Tucumán. El monto global daba cerca de 500 millones de dólares. Para eso se pensó en un empréstito de China. Le pedimos en 2016 apoyo a la Nación y luego en mayo pasado con el viaje de Macri a China: no nos contestaron”.

Expropiar y hacer bañados

La tercera propuesta, dice, “es una idea utópica y revolucionaria: expropiar”. Habla de transformar toda la zona (al suroeste de La Madrid) “en una reserva provincial de parque con destino a la flora, la fauna y la generación de lagunas de contención”. Como bañados. Dice que expropiarían 4.877 hectáreas que pertenecen a 35 propietarios. “Son tierras muy salinizadas, la hectárea cuesta $ 10.000 y esto insumiría $ 48,7 millones”.

Toda el área es un desastre. La ruta 334, que une Taco Ralo con La Cocha y que atraviesa el río San Francisco, se ha convertido en un cauce lleno de sedimentos en el que la provincia dice que gastó más de $100 millones en los últimos 17 años sólo para tratar de limpiar lo que arrastraron los ríos que vienen de Catamarca.

Finalmente, el funcionario vuelve a aquello en que están todos de acuerdo: “es imperativo un acuerdo biprovincial con Catamarca para disminuir el ingreso de agua y sedimento, para lo cual ya se han generado algunas reuniones; hay constituido un consorcio de propietarios de Catamarca a los cuales les tenemos que hablar de esta idea”.

“Nuestra ambición -dice- es añadir el estudio de la cuenca Gastona-Medina, una ley de ordenamiento de suelo y ver la situación de Monteros. Y que de acá salga un curso de acción para modelar los trabajos a realizar para los próximos 15 a 20 años. Los fondos que hacen falta para poner en marcha esto no son tan cuantiosos. Debieron formar parte del acuerdo Nación-Provincia”.

Poco verde, mucho rojo

Pero cuando se habla de las obras inmediatas -las que dependen de la Secretaría de Obras Públicas-, las que necesitan ya los vecinos de La Madrid, empiezan los problemas.

Terán dice que se pidió que se explique sobre la discusión de los $ 1.350 millones y los $ 850 millones. “La Nación solicitó la elevación de proyectos y devolvió en verde lo que está dispuesta a financiar y en rojo lo que no, porque no forma parte del proceso emergentológico”. Y agrega: “creo que ahí equivoca la Nación el tratamiento de la emergencia, porque uno hace una evaluación y encomienda lo prioritario a la provincia. De todas maneras, hay 10 obras con número de expediente, presentación, proyecto terminado, etcétera, de limpieza de canales, por $ 43 millones, y otras tres obras de protección de margen izquierda y ampliación de cauce del Marapa, de terraplén y defensas del río Conventillo y anteproyecto de terraplenes de protección del pueblo de La Madrid. Las 13 obras suman $ 189 millones. Tenemos una carta de julio del Gobierno nacional de que están de acuerdo. ¿Por qué no envían la plata en lo que están de acuerdo?”. El coordinador del plan Belgrano, José Ricardo Ascárate, dice que esos 13 proyectos “no contienen documentación apta para licitación”. Y explica: “de acuerdo al ingeniero Ricardo Ferreyra, jefe de proyectos de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, la documentación no sólo es insuficiente sino que se cambiaron obras, se pusieron precios que no coinciden con los estudios de la Nación (algunos duplican los montos tomados como referencia de obras similares)”.

Según Ascárate, no hay forma de que se envíe dinero para obras que no están justificadas. Y da el ejemplo de los $ 50 millones entregados para reparar caminos, que aún no fueron rendidos.

Terán, por su parte, subraya que “son maniobras dilatorias. A La Pampa le enviaron $ 450 millones por las inundaciones y antes a Jujuy, con el drama de Volcán le enviaron dinero sin someter a Morales al vejamen del ida y vuelta de proyectos”. Agrega que la traba que existe con respecto a las viviendas que la Nación debe financiar en La Cocha (47 casas) y La Madrid (140) es incomprensible. “Esto se agudiza porque tengo entendido que hace unos días se informó que Vivienda va a desfinanciar todo lo que son obras en la provincia y va a exigir que cada provincia que quiera hacer haga el aporte de su 30% ahora y que en 2019 la Nación va a poner el 70% restante. Nosotros necesitamos que estos dos temas queden fuera de esa política general”.

Ascárate cuestiona que el Instituto de Vivienda provincial todavía no expropió los terrenos de La Madrid para trasladar las casas. Terán contesta que igual podrían asignar cupo y enviar el dinero mientras se hace la expropiación y dice que en La Cocha los terrenos son de la provincia y tampoco se manda la plata. Ascárate recuerda que una repartición provincial, el Sepapys, recibió dinero sin problemas porque su jefe de proyectos, Jorge Rodríguez, fue a Buenos Aires, justificó y corrigió lo que hacía falta. “Así se licitaron redes de agua no sólo en zonas afectadas sino, por ejemplo, la red total de agua de Amaicha”, ejemplifica.

Pelea exasperante

Los dos funcionarios -el provincial y el nacional- son las caras visibles de la pelea Nación-Provincia. Para uno “el Gobierno nacional viene utilizando maniobras dilatorias para demorar la remesa de recursos” y para el otro hay una extraña dejadez, mezclada con falta de criterio y ejecutividad. “Si quieren, ponemos a disposición recursos para que se hagan los proyectos”.

Al costado está la Legislatura, que ya tiene declarada la emergencia hídrica y que formó una comisión a la que convocó a expertos -varios de los cuales trabajan en las áreas que colaboran con la Unidad Ejecutora- y a la Universidad, y que espera poder unir a la Nación. El jueves próximo juntarán a intendentes, delegados comunales, policías, sacerdotes y otros representantes de las fuerzas vivas de las zonas en riesgo.

Pero por ahora la tensión política tiene trabados los proyectos. El ingeniero Eduardo Martel, de Ciencias Exactas, coordinador en la Legislatura del plan maestro hídrico para el Marapa, cuenta que tras el acuerdo de todos en mayo, quedaron unos pocos expertos trabajando y tratando de integrar a todo el mundo en la provincia (legisladores, secretarios y ministros) con el proyecto, mientras transcurrían las peleas del período eleccionario.

“Las cuencas del sur, como seguramente el resto de las cuencas de Tucumán, presentan una carencia de obras de infraestructura de décadas alarmante, juntamente con una falta de ordenamiento territorial increíble... dejaron hacer a los productores lo que quisieron, aún cuando esto se está volviendo contra esos mismos productores ahora, por el mal manejo de suelos y cultivos”, describe. Y concluye: “es desesperante la parálisis que genera la política”.